El Ministerio Público ha solicitado 35 años de cárcel para ocho oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por su presunta responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Ambos jóvenes murieron durante las protestas del 14 de noviembre de 2020, en el contexto de la crisis política tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.
Además de los asesinatos, la acusación fiscal incluye lesiones graves y leves contra 74 ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, así como abuso de autoridad. Todos estos hechos fueron calificados como graves violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía también ha requerido una inhabilitación por seis años y diez meses para los acusados.
Los oficiales investigados pertenecen a los altos mandos policiales. Los generales Jorge Lam Alcorta, Jorge Cayas Medina y Carlos Villafuerte Salas, así como el coronel Percy Tenorio Gamonal, los comandantes Luis Castañeda Urbina y Gulianno Arguedas Pérez, y el mayor José Solari Chilcce, son acusados de homicidio con alevosía.
Ronald Gamarra, abogado: “Hay razones más que suficientes para formular un requerimiento acusatorio”
Ronald Gamarra, abogado de la familia de Brayan Pintado, en declaraciones para La República, destacó que el requerimiento fiscal es resultado de una investigación “objetiva y diligente”, que concluye que existen fundamentos sólidos para acusar a los once oficiales de la Policía Nacional involucrados en los hechos del 14N. Según indicó, los delitos se cometieron en un contexto de represión indiscriminada y desproporcionada, mediante el uso arbitrario de la fuerza pública.
“Luego de años de investigación objetiva y diligente por parte del Ministerio Público, se ha concluido que hay razones más que suficientes para formular un requerimiento acusatorio (…) Se habrían cometido una serie de delitos en el contexto de una represión policial indiscriminada desproporcional a través del uso arbitrario de la fuerza pública en la que se utilizaron municiones prohibidas, como perdigones de plomo y canicas de vidrio (…) que fueron disparadas directamente al cuerpo de los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta y que causaron la muerte de Inti y Bryan y las lesiones a más de 70 personas”, comentó.
Además, Gamarra informó que la acusación ya fue presentada ante el Poder Judicial, que ha dispuesto el traslado a las partes involucradas: los oficiales denunciados, los familiares de las víctimas mortales y los ciudadanos heridos. La audiencia de control de acusación se ha programado para el próximo 12 de agosto, y sería el paso previo al eventual inicio del juicio oral.
“Esa acusación ahora va a ser sometida a un control, el requerimiento acusatorio, ya fue presentado al Poder Judicial. El Poder Judicial ha trasladado la acusación a las partes de los policías acusados y a los familiares de las víctimas de Inti y Bryan; y a los más de 70 ciudadanos que han sido lesionados; y ha fijado fecha ya para una audiencia de control de acusación para el 12 de agosto”, señal
Killa Sotelo, hermana de Inti: “Toda la evidencia que está presentada es un gran sustento”
Killa Sotelo, hermana de Inti, expresó que la acusación formal de la Fiscalía llega tras una larga espera y con una carga emocional significativa para las familias de las víctimas. Además, reconoció que también existe preocupación por posibles intentos de neutralizar el proceso judicial, sobre todo en el actual contexto político. Sotelo también advirtió sobre los riesgos que podría implicar la aprobación de leyes como la amnistía a militares acusados de violaciones de derechos humanos en los años 80 y 90. Aunque reconoció que esa norma está dirigida a otros casos, consideró que podría sentar un precedente peligroso que termine beneficiando a responsables de crímenes cometidos en contextos más recientes, como el suyo.
“Este pronunciamiento de la acusación lo veníamos como que esperando, para serte sincera, hace meses. (…) También nuestro temor era que si sale, van a hacer algo para bajársela o van a cambiar las cosas. Con esta ley de amnistía también que está saliendo para militares, claro es para los compañeros, lamentablemente del 80 y 90, que tampoco estamos de acuerdo, pero de alguna manera pueden sumarse para casos actuales. Esa es nuestra preocupación. (…) Nosotros estamos movidos emocionalmente de todas maneras, porque de largo tiempo no se daba alguna noticia del caso”, precisó.
A casi cinco años de la muerte de Inti y Bryan, Killa valoró el avance como un paso positivo y un precedente importante para otros casos de represión estatal, especialmente en regiones. Expresó su esperanza de que la audiencia de control de acusación, programada para el 12 de agosto, permita avanzar hacia un juicio y una sentencia efectiva contra los responsables del homicidio con alevosía que se les imputa.
“Vemos como algo positivo y un precedente importante para los casos a futuro que lamentablemente se han dado, ya sea con los compañeros de provincia, pero que esperemos que no se repita, que también causa bastante incertidumbre con todo lo que vivimos. Nosotros esperamos que esta etapa en la cual se va a dar de aquí en adelante, la etapa intermedia, (…) sea positivo. Que se acepte esta acusación y la sentencia que estén pidiendo sea ejecutada para los responsables que están acusados de homicidio con alevosía”, dijo.
¿Qué pasó el 14N y por qué se investiga a la Policía?
El ‘caso 14N´ hace referencia a la jornada de protesta nacional del 14 de noviembre de 2020, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles en rechazo a la asunción de Manuel Merino como presidente tras la vacancia de Martín Vizcarra. En Lima, la movilización fue masiva y pacífica, pero terminó en una brutal represión policial que dejó como saldo la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Ambos fallecieron por impactos de proyectiles disparados por efectivos policiales. Inti recibió disparos de proyectil de plomo y Bryan fue alcanzado por múltiples perdigones. Además, al menos 74 personas resultaron heridas, muchas con lesiones graves en ojos, rostro y otras partes del cuerpo. Informes de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales denunciaron entonces el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte de la Policía Nacional.