El 16 de diciembre de 2024, el fiscal especializado en corrupción de funcionarios Walter Villanueva Luicho solicitó a las autoridades de Canadá que proporcionen la documentación sobre la compra que hizo la compañía Brookfield de las acciones de Odebrecht en la empresa Rutas de Lima, en 2016.
Pese a que el Ministerio Público eligió correctamente la vía de la cooperación judicial con Canadá para acceder a la información que necesita para una investigación por presunto lavado de activos contra Brookfield, el estudio neoyorquino Boies Schiller Flexner hizo el mismo requerimiento, pero al juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Lewis J. Liman.
Como resultado, el juez federal Liman rechazó la pretensión de Boies Schiller Flexner, porque la sede de Brookfield se encuentra en Canadá, no en los Estados Unidos, por lo que no estaba dentro de su jurisdicción.
En su decisión del 28 de mayo, el juez federal Liman también basó su pronunciamiento en que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no es titular de la acción penal en el Perú sino el Ministerio Público. Los abogados del alcalde Rafael López Aliaga se equivocaron de jurisdicción.
Mientras la solicitud del fiscal Walter Villanueva Luicho sigue su curso ante las autoridades canadienses, y Brookfield ha comenzado a atender el pedido, sin que el Estado peruano haya tenido que invertir un sol en este proceso; el alcalde López Aliaga ya ha invertido S/97,5 millones en contratos con el estudio Boies Schiller Flexner, entre enero de 2024 y marzo de 2025, sin resultados satisfactorios.
Requerimiento. Mediante la vía de cooperación judicial, el fiscal Walter Villanueva Luicho solicitó a Canadá que proporcione los documentos de Brokfield sobre la compra de acciones de Odebrecht en Rutas de Lima. Foto: La República
Requerimiento. Mediante la vía de cooperación judicial, el fiscal Walter Villanueva Luicho solicitó a Canadá que proporcione los documentos de Brokfield sobre la compra de acciones de Odebrecht en Rutas de Lima. Foto: La República
Lo que pide el Ministerio Público
El 28 de agosto de 2023, el fiscal José Domingo Pérez inició una investigación preliminar contra Brookfield a partir de una denuncia de la Procuraduría de la MML. Según el organismo, la firma canadiense adquirió por US$500 millones el 57% de las acciones de Odebrecht en la concesionaria Rutas de Lima, sabiendo del supuesto origen ilícito de estas.
Luego, el expediente del caso pasó a manos del fiscal Walter Villanueva Luicho, quien inició la gestión para requerir a las autoridades judiciales de Canadá que, por su intermedio, Brookfield entregue los documentos de la adquisición de las acciones de Odebrecht.
Esto quiere decir que, el 18 de noviembre de 2024, cuando el estudio Boies Schiller Flexner recurrió al juez federal de Nueva York, Lewis J. Liman, para obtener documentos sobre Brookfield, tres meses antes la Fiscalía había iniciado las diligencias sobre la empresa canadiense en relación a la compra de acciones de Odebrecht en Rutas de Lima.
López Aliaga pudo ahorrar al fisco los S/97,5 millones que gastó en contratos con Boies Schiller Flexner, sabiendo que el titular del caso es el Ministerio Público.
Después del fracaso de Boies Schiller Flexner ante el tribunal federal de Nueva York, ahora López Aliaga pretende que la Procuraduría Anticorrupción reclame la información sobre Brookfield ante la justicia de los Estados Unidos.
Esto, pasando por alto, una vez más, que el fiscal Walter Villanueva Luicho hizo el pedido ante Canadá el 16 de diciembre de 2024, pero ante las autoridades judiciales de Canadá, como corresponde, porque ese país es la sede de Brookfield (que es de origen canadiense, no estadounidense). Esto motivó a que la Procuraduría del caso Odebrecht emitiera un comunicando resaltando que no está en condiciones de acoger la exigencia del alcalde López Aliaga por razones legales.
“De la evaluación legal que hemos realizado (…), considerando la información alcanzada por la MML, su Procuraduría Pública y el Estudio Boies Schiller Flexner, así como nuestras propias con especialistas internacionales,la Procuraduría Ad Hoc (Odebrecht) considera que no tiene legitimidad procesal para sumarse como parte peticionante en el procedimiento iniciado por la MML en EEUU”, señaló la Procuraduría del caso Odebrecht .
La entidad recordó que en su decisión el juez federal Lewis J. Liman, precisamente, señala que la MML no cuenta con la legitimidad para pedir los documentos de Brookfield.
“Conforme a la resolución del juez Liman, la entidad que tendría legitimidad para intervenir en este procedimiento sería aquella que puede iniciar procesos penales y perseguir delitos en el Perú”, explicó en el comunicado:
“Según las leyes peruanas, la Procuraduría (Odebrecht) no tiene la titularidad de la acción penal (persecución del delito)”, sino el Ministerio Público. Esa es la posición de la procuradora a cargo, Silvana Carrión.
Por esta razón, el fiscal Walter Villanueva Luicho pidió a Canadá que Brookfield entregue la documentación sobre la compra de acciones a Odebrecht.
Procuraduría bajo presión
Al alcalde López Aliaga le disgustó mucho el comunicado de la Procuraduría Ad Hoc del caso Odebrecht, así que recurrió a los congresistas de su partido, Renovación Popular, y a la prensa afín, para fustigar sin miramientos a la procuradora Silvana Carrión. Sin embargo, logró que la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, asuma la petición de la documentación de Brookfield a la justicia de Estados Unidos, por intermedio de Boies Schiller Flexer. Sí, el mismo estudio que ha contratado López Aliaga.
Caruajulca ha resuelto que las procuradurías de la MML y Ad Hoc del caso Odebrecht requieran “colegiadamente” al tribunal federal estadounidense los documentos de Brookfield.
Lo curioso es que la procuradora general María Caruajulca afirma que la gestión no demandará ningún gasto al Estado, porque el trámite será cubierto por el contrato entre la MML y Boies Schiller Flexner. Curioso porque los honorarios de los abogados de dicho estudio, como Martín de Luca, no los paga López Aliaga de sus bolsillos, sino con fondos públicos.
“El servicio de asesoramiento y patrocinio legal que implicará la intervención de la procuradora pública Ad Hoc del caso Odebrecht y otros en el proceso judicial (en EEUU) no generará costos para la Procuraduría General del Estado, toda vez que dicho servicio se encuentra comprendido en el contrato existente con la Municipalidad Metropolitana de Lima. En ese sentido, la referida intervención se llevará a cabo a través del estudio Boies (Schiller Flexer), en el marco del contrato de patrocinio legal existente con la MML”, detalló la procuradora del Estado, María Caruajulca, en su resolución.
Implica que, de una u otra forma, el alcalde López Aliaga seguirá contratando al estudio Boies Schiller Flexer, esta vez para acompañar a las procuradurías de la MML y del caso Odebrecht. Lo más probable es que la solicitud sea nuevamente desestimada.
Esto es lo que pidió la Fiscalía a Canadá
● El fiscal Walter Villanueva Luicho ha solicitado a las autoridades judiciales de Canadá dos informaciones específicas sobre Brookfield.
● La primera, “copia certificada y/o fedeteada de la documentación que acredite la compra venta del 5% de acciones de Rutas de Lima, que corresponden a la empresa Odebrecht Latinvest Perú”.
● También “la documentación que materializó la transferencia por el pago de las acciones adquiridas con anexos correspondientes”.
● Y, la segunda, “copia certificada y/o fedeteada de los estudios y/o informes realizados (por KPMG Internacional) en relación con la valorización y compra de las acciones que Odebrecht había puesto a la venta”.