La Contraloría General de la República presentó un proyecto de ley para eliminar el financiamiento obligatorio para el control concurrente (Ley N°31358) debido a que, tras un estudio, han detectado que es ineficaz y no ha generado una mejora visible en la ejecución de proyectos.
El control concurrente es un tipo de supervisión que busca asegurar que los proyectos se desarrollen conforme a las normas y estándares establecidos. En Perú, la entidad que realiza ello es la Contraloría, sin embargo, un informe que evaluó las acciones realizadas en el periodo 2022-2024 detectó que estas no fueron exitosas.
Una de las fallas detectadas en el uso de financiamiento para el control concurrente es que sólo el 36.2% de las situaciones adversas detectadas entre 2022 y 2024 fueron efectivamente corregidas.
Además, “se desnaturalizó el financiamiento: se usaron recursos para fines distintos al control concurrente, lo que encareció las obras públicas y contrataciones, sin garantizar resultados”.
Proyecto de ley presentado por la Contraloría el último 6 de junio. Foto: Contraloría
En ese sentido, “las transferencias para el control concurrente no generaron una mejora perceptible en la ejecución de proyectos, lo que implica un bajo retorno social de la inversión pública en control”.
Y peor aún, las serias deficiencias en el planteamiento y programación ocasionaron un aumento desproporcionado del número de servicios programados (de 2,318
en 2022 a 20,000 en 2024), principalmente, para justificar el uso de transferencias financieras.
Por otro lado, se identificó que se usó parte del financiamiento para fines distintos al control concurrente, lo que encareció las obras públicas y contrataciones, sin garantizar resultados.
No queda ahí. No solo se detectó un mal manejo del dinero, sino también un desequilibrio entre los resultados y la cantidad de trabajadores.
De acuerdo con el informe, en los años evaluados, “se emplearon más de 3.6 millones de horas hombre en informes que no identificaron ninguna situación adversa, involucrando innecesariamente a 2,493 auditores en servicios sin impacto”.
Contraloría indica que las irregularidades vienen de la gestión de Nelson Shack
La República diálogo con Gusmán Vera, vocero legal de la Contraloría, quien confirmó la iniciativa, pero destacó que la medida responde a un tema de transparencia en el financiamiento del control concurrente.
“No es que se sacará gente. No pasará eso. Tampoco se eliminará el control concurrente. Lo que pasará es que habrá una mayor fiscalización precisamente del financiamiento del control concurrente. Se han recibido 1649 millones de soles hasta el 2024, pero la administración no ha sido de repente la adecuada”, dijo.
En otro momento, el representante de la Contraloría mencionó que los actuales recursos que percibe el control concurrente son administrados por personas que dejó la anterior gestión (Nelson Shack).
“Nosotros no sabemos cómo se administran. Hay un informe que hemos realizado de los recursos que percibe control interno y hemos evidenciado varias irregularidades que no aportan a una correcta fiscalización”, finalizó.
Congreso aprobó dictamen que busca ampliar el control concurrente
Paralelamente, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 8889/2024-CR y 10046/2024 que busca modificar la Ley 31358, con el fin de fortalecer y ampliar el control concurrente en las inversiones públicas.
La iniciativa busca garantizar una supervisión efectiva durante la formulación, ejecución y funcionamiento de proyectos que involucren recursos públicos superiores a S/ 5 millones, la cual incluirá a obras públicas, asociaciones público-privadas, convenios de gobierno a gobierno, obras por impuestos y otros mecanismos similares.