Siguen los retrocesos en perjuicio de los ciudadanos. La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, acaba de presentar un proyecto de ley que pretende eliminar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) al plantear que se restituya la competencia de las municipalidades de Lima y Callao sobre el transporte público.
La propuesta de Chirinos es regresar al pasado cuando los municipios de Lima y Callao emitían autorizaciones y aprobaban proyectos de infraestructura sin ninguna planificación integral del tránsito y transporte entre ambas ciudades, lo que incrementaba el desorden.
“Cada comuna actuaba en ese sector como si fuera su feudo. No dialogaban sino que estaban siempre en conflicto. La ATU heredó un transporte desastroso de los municipios”, adelantó el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.
A través de su iniciativa, Chirinos plantea que las municipalidades de Lima y Callao vuelvan a tener competencias de planificación, regulación, fiscalización, supervisión y prestación de servicios del transporte urbano en sus respectivas jurisdicciones. Para eso, propone derogar la Ley n° 30900, que creó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
El sustento de la congresista es que ya han pasado más de 5 años desde su creación y la ATU no ha cumplido sus objetivos. ”No existe la tarjeta única de pago, continúa el transporte informal, circulan más de 2.600 vehículos sin revisión técnica. Su modelo centralizado fracasó”, señaló.
De esta manera, propone que se habilite una comisión técnica de transferencia que tendrá a su cargo el proceso ordenado de extinción de la ATU y de reasignación de funciones, bienes, personal y recursos. Este grupo estará integrado por un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), uno del municipio de Lima, uno de la comuna del Callao y otro de la Contraloría.
Este proyecto de ley de Chirinos es respaldado por seis de sus colegas de Renovación Popular, tales como Alejandro Muñante, Miguel Ciccia, Milagros Jáuregui de Aguayo, Jorge Zeballos, Cheryl Trigozo y Esdras Medina. Ellos figuran como coautores.
Iniciativa populista
Al respecto, el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, consideró que la iniciativa de Chirinos es populista y obedece a intereses electorales. “Si bien la ATU no ha mostrado grandes avances, hay que indicar que heredó un transporte desastroso y atomizado que estuvo en manos de los municipios. Después del retraso de la pandemia, la ATU ha dado dos pasos importantes al aprobar el plan regulador de rutas y de movilidad urbana”, agregó.
Quispe Candia advirtió que uno de los riesgos de eliminar la ATU es volver a tener a alcaldes que manejen el transporte urbano con fines políticos, como sucedía antes del 2019. “Por ejemplo, Luis Castañeda Lossio había proyectado tener más Metropolitanos, pero Susana Villarán, por intereses políticos, decidió implementar los corredores complementarios que no operan como deberían”, señaló.
Recordó también que antes los municipios de Lima y el Callao aprobaban ordenanzas distintas para sus jurisdicciones que generaba conflictos y presentaciones de acciones legales para seguir autorizando rutas o proyectos que no tenían ninguna gestión común para la interconexión de ambas ciudades. “Este sería un retroceso muy lamentable si se llega a aprobar, por lo que espero que los legisladores no sean irresponsables”, dijo.
“La ATU no tiene criterio político sino técnico”
El expresidente de la ATU, José Aguilar, respondió que una de las fortalezas de dicha institución es que no tiene un criterio político sino netamente técnico. “Es un gran riesgo volver al esquema donde cada alcalde aprobaba ordenanzas y planificaba proyectos con intereses particulares, lo que perjudicó a la larga a la capital”, dijo.
Añadió que, por ejemplo, antes de la ATU, la municipalidad provincial de Huarochirí aprobaba autorizaciones de rutas a cuestionadas empresas de transporte, como Orión, para que puedan circular por las avenidas de Lima y Callao.
Coincidió con Quispe Candia en que desde el 2019 la ATU asumió un pasivo bien grande en el transporte público por una serie de inacciones, que datan desde hace varios, por parte de los municipios provinciales de Lima y Callao. “El proyecto de ley no es acertada ni integral porque responde a fines electorales y políticos”, indicó.
Aguilar lamentó que se quiera borrar lo poco que se ha avanzado desde la ATU, a pesar del retraso de la pandemia. “Lima y Callao no merecen más burocracia partida. Se debe fortalecer la ATU para que pueda cumplir sus objetivos en menor tiempo. No puede verse el tema con objetivos de campaña electoral”, puntualizó.
Esta iniciativa beneficiaría solo a los autos colectivos.