El Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la Ley 32301, una norma recientemente aprobada por el Congreso que amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para perseguir y sancionar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben cooperación internacional.
Según el director del IDL, Carlos Rivera, esta ley representa una amenaza para varios derechos constitucionales ya que obliga a la ONGs a tener la autorización de la APCI para poder iniciar ejecutar sus proyectos. Además, indica que es una norma que establece la prohibición de litigio contra el Estado a nivel nacional, internacional, judicial y administrativo.
“En la anterior ley había una sanción de una multa de 50 UITs que ya es bastante, pero esta ley tiene un rango de multa absolutamente desproporcionadas y que determinan la voluntad del Ejecutivo de querer disolver las organizaciones, pues la multa sería de 500 UITs (…) hoy admitieron la acción, vamos a continuar con esto y sin duda alguna vamos a presentar una medida cautelar en el menor tiempo posible”, sostuvo para este medio.
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos han advertido que esta norma busca intimidar a las ONGs críticas con el gobierno. Ahora con la admisión del amparo, el Poder Judicial deberá evaluar la constitucionalidad de la ley en una audiencia virtual programada en Meet para el próximo 29 de setiembre a las 10 de la mañana.
Víctimas no tendrían defensa legal
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), advirtió que la Ley 32301 podría afectar a cerca de 7 mil personas, ya que muchas organizaciones de la sociedad civil tienen la responsabilidad de brindarles defensa legal y acompañamiento.
Cano señaló que Aprodeh representa a 509 víctimas solo en un caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que también participan en procesos ante la Corte IDH, incluyendo el de una víctima de violencia sexual cometida cuando era menor de edad, quien incluso dio a luz tras ser agredida por policías durante su detención.
“Estamos hablando de una ley que busca beneficiar a personas involucradas en desapariciones forzadas, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales. Si esta norma entra en vigencia, nos veríamos obligados a dejar la representación de víctimas en casos clave, como el proceso por las muertes en las protestas en Ayacucho y Andahuaylas”, indicó.
Por su parte, Rocío Gutiérrez, directora de Manuela Ramos, respaldó la postura de Aprodeh y advirtió que la Ley 32301 impacta directamente en los procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos, particularmente en los casos de las personas fallecidas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Recordó que la representación legal de las familias de las víctimas está a cargo, en su mayoría, de organizaciones de la sociedad civil.
“La intención detrás de esta ley es acallar a las organizaciones, frenar la protesta, la crítica, el control ciudadano y la exigencia de justicia. La sociedad civil cumple un rol clave en vigilar al poder. Con esta norma, lo que se busca es eliminar esa voz incómoda. Es una medida con un objetivo claramente político”, señaló Gutiérrez.