La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ocupa el último lugar del ranking de imagen positiva entre los jefes de Estado sudamericanos. Así lo reveló una reciente encuesta regional realizada por CB Consultora Opinión Pública, de Argentina, que evaluó la percepción ciudadana sobre diez mandatarios del continente durante mayo de 2025.
Con solo un 19,8 % de imagen positiva, Boluarte no solo se encuentra en el fondo de la tabla, sino que presenta la caída más abrupta del mes, con un retroceso de 5,1 puntos porcentuales respecto al estudio anterior. Su nivel de desaprobación la posiciona incluso por debajo de Nicolás Maduro (29,1 %), presidente de Venezuela, y de Luis Arce (25,5 %), mandatario boliviano.
Este resultado representaría un nuevo golpe a la gestión de Boluarte, en medio de un contexto político marcado por cuestionamientos, protestas intermitentes, crisis de gabinete y escándalos que han desgastado su legitimidad tanto en el ámbito nacional como internacional.
Mientras la mandataria peruana enfrenta una fuerte desafección ciudadana, otros líderes de la región muestran una tendencia opuesta. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabeza el ranking con un 52,1 % de imagen positiva, seguido por el argentino Javier Milei (49 %) y el uruguayo Yamandú Orsi (48,8 %).
Este trío de mandatarios -de perfiles e ideologías distintas- logra conectar con sus respectivos electorados en medio de contextos internos marcados por incertidumbre económica y fragmentación política. Noboa ha consolidado su figura como líder joven frente a desafíos de seguridad y gobernabilidad. Milei ha capitalizado su discurso confrontacional con una recuperación en su aprobación, y Orsi, recién llegado al poder, mantiene una imagen favorable como parte del recambio político en Uruguay.
En una posición intermedia se ubica el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con una aprobación cercana al 47 %, aunque fuera del podio de los tres primeros.
La encuesta, realizada entre el 19 y el 22 de mayo de 2025, evidenció que el desempeño de Dina Boluarte no solo es el más bajo del bloque, sino también el que más se deterioró en el último mes. Con un margen de error estimado de entre 2 % y 3 % por país y un nivel de confianza del 95 %, el estudio se basó en una muestra total de 12.512 personas mayores de edad, residentes en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La técnica utilizada fue CAWI (encuestas online), con muestras representativas por país, estratificadas según género, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica. Estos datos refuerzan la solidez estadística del resultado y permiten comparaciones interregionales de imagen pública.
En el caso peruano, Boluarte ha venido acumulando un desgaste sostenido desde que asumió el poder en diciembre de 2022, tras la vacancia de Pedro Castillo. Su gestión ha enfrentado múltiples crisis políticas, renuncias ministeriales, una respuesta polémica frente a las protestas sociales y recientes investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que afectan a su entorno.
La imagen presidencial, aunque no siempre vinculada directamente al desempeño económico o legislativo, actúa como termómetro de legitimidad en regímenes democráticos. En ese sentido, la caída de Boluarte en este ranking puede interpretarse como una señal de debilidad institucional y una advertencia sobre el estado del vínculo entre ciudadanía y gobierno en el Perú.
En contraste, el caso de Milei en Argentina ofrece otro ángulo: pese a las controversias que genera su estilo de liderazgo, fue el mandatario que más creció en imagen positiva en mayo, con un incremento de 2,7 puntos.
Esta dinámica sugiere que la imagen presidencial no responde a un solo patrón, sino que está sujeta a factores como la narrativa, la percepción de autoridad, la capacidad de gestión y, sobre todo, la conexión emocional o simbólica con la población.
El llamado ‘Caso Rolex’ estalló tras una investigación periodística que reveló que la presidenta Dina Boluarte usaba relojes de lujo sin declarar, entre ellos un Rolex. La denuncia fue publicada por el medio La Encerrona y se basó en el análisis de fotografías oficiales, donde se evidenciaban joyas costosas en la muñeca de la mandataria. En sus primeras declaraciones, Boluarte intentó explicar el origen del reloj como una herencia familiar, pero sus versiones cambiantes y su posterior silencio solo aumentaron las sospechas y tensaron aún más su relación con la prensa.
La situación se agravó el 31 de marzo de 2024 con un allanamiento simultáneo en su vivienda y en Palacio de Gobierno, encabezado por el entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado. La diligencia marcó un punto de quiebre político y tuvo repercusiones en la Policía Nacional, tras el retiro forzado de Colchado. Finalmente, el 5 de abril, Boluarte reconoció que los relojes no le pertenecían, sino que se los prestó Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho. La admisión pública reforzó las críticas sobre posibles favores indebidos y dejó abiertas investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.