Hasta el momento el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha autorizado 9 veces la contratación del estudio de abogados neoyorkino Boies Schiller Flexner, para que se encargue de las acciones judiciales en territorio estadounidense contra la compañía Brookfield, que controla la concesión Rutas de Lima. A marzo de este año, el bufete ha demandado un desembolso de fondos públicos de S/97.510.450, pero no está claro el propósito.
En efecto, según el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), en el que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) debe publicar obligatoriamente toda la información relacionada con Boies Schiller Flexner, no hay datos sobre 3 de los 9 acuerdos con el estudio norteamericano que pretende despojar la concesión a Rutas de Lima.
Esos 3 acuerdos cuya información no ha sido consignada en el SEACE suman S/48.590.450. Es decir, prácticamente la mitad de la totalidad de lo pagado por la MML por los 9 contratos.
La zona gris de la MML
Estos contratos cuyo contenido se desconocen, son los siguientes, de acuerdo con el SEACE:
- 11 de junio de 2024, por US$3,612,500 (S/13,366,250). Concepto: contratación del servicio de asesoría, patrocinio y defensa legal de un estudio o firma de abogados no domiciliados.
- 18 de junio de 2024, por US$ 5,400,000 (S/19,980,000). Concepto: Contratación del servicio de asesoría, patrocinio y defensa legal de un estudio o firma de abogados no domiciliado para la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- 26 de septiembre de 2024, por S/15,244,200. Concepto: Servicio de asesoría, patrocinio y defensa legal de un estudio o firma de abogados no domiciliados.
En los 3 casos, conforme la base de datos del SEACE, el contratista es el estudio neoyorkino Boies Schiller Flexner.
La República solicitó a la MML información sobre estos tres contratos, pero no recibió respuesta.
En entrevistas ofrecidas a medios en el Perú, el representante de Boies Schiller Flexner, Martín de Luca, declaró que los esfuerzos del bufete es demostrar ante las autoridades de los Estados Unidos que Brookfield compró las acciones de la brasileña Odebrecht supuestamente sabiendo que era una empresa implicada en actos de corrupción.
Sin embargo, no es posible contrastar esta afirmación porque los detalles de los contratos aparecen censurados en los registros virtuales del SEACE, según comprobó La República. Probablemente, porque el MML ha decidido considerar estos acuerdos como “confidenciales”.
Así es.
Bajo la sombra de la supresión
Para la contratación del 11 de junio de 2024, la MML ha consignado en el SEACE un documento con fecha 3 de septiembre de 2024, muy posterior a la buena pro, donde se lee: “Informe Confidencial N°12-2024-MML-PPM. A: Rafael López Aliaga. Alcalde de Lima Metropolitana. De: Diego Carlo Tapia Mazzotti. Procurador Público Municipal”. Sin embargo, el contenido ha sido censurado.
En el caso de la segunda contratación, del 18 de junio de 2024, la MML se ha publicado un documento de similares características al anterior:
“Lima, 26 de abril de 2024. Informe N°D000173-2024-MML-PPM. A: Rafael López Aliaga. De: Diego Tapia Mazzotti. Procurador Público Municipal. Asunto: Remite TDFR (Términos de Referencia) y solicita acciones de contratación para la defensa de la MML”. El resto del contenido ha sido suprimido. Se desconoce lo que requería el burgomaestre y lo que opinó el procurador de la MML.
Para la tercera contratación del 26 de septiembre del 2024 se repitió el patrón. Dice: “Informe Confidencial N°001-20224-MML-PPM. A: Rafael López Aliaga. Alcalde Metropolitano. De: Diego Tapia Mazzotti. Procurador Público Municipal. Asunto: Remite TDR y solicita acciones de contratación para la representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima”. El contenido ha sido cubierto con franjas negras con el expreso propósito de impedir que se conozca los detalles de la petición del burgomaestre.
¿Por qué son confidenciales estos 3 contratos?
Un tratamiento diferenciado
En cambio, los otros 6 contratos con el mismo estudio Boies Schiller Flexner, si aparecen el SEACE y se puede saber los motivos del mismo. Por ejemplo, en el caso del contrato adjudicado el 15 de abril de 2024, se publica por el abogado del bufete, Martín De Luca, en el que se describe entre otras las siguientes acciones: “Evaluar un informe de investigación preparado para la MML con respecto a la adquisición por parte de Brookfield de una participación en Rutas de Lima para desarrollar evidencia, si existe alguna, de violaciones de las leyes de valores de los EEUU”.
Y también: “Preparar una queja para la SEC (Comisión de Bolsa y Valores, por sus siglas en inglés), y solicitar una reunión con la SEC para discutir las posibles violaciones de las leyes de valores de los EEUU y, si corresponde, abogar para que la SEC abra una investigación sobre la mala conducta relevante”.
Por cierto, este contrato tiene vigencia hasta julio de 2025.
En comparación, los propósitos de los 3 contratos “confidenciales” han sido cancelados. No está en el SEACE.
Otro ejemplo, el contrato adjudicado el 20 de diciembre de 2024, entre cuyos objetivos hechos públicos se encuentran: “Analizar los alcances del mandato dictado por el Tribunal Constitucional del Perú sobre la suspensión del cobro de peaje en Chillón en relación con las obligaciones de operación y mantenimiento de la concesión a cargo de Rutas de Lima”.
Y también, un dato de relevancia: no se descarta un diálogo resolutivo directo entre la MML y Brookfield: “Analizar la estrategia para (1) un potencial trato directo en caso que se produzca una solicitud de trato directo por parte de Rutas de Lima, o (2) si se identifican bases para iniciar un trato directo por parte de la Municipalidad y si se presenta un trato directo por parte de Rutas de Lima o la Municipalidad relacionado a los mandatos dictados por el TC para suspender el cobro de peaje por parte de Rutas de Lima en Chillón”.
La República también consultó con la MML por qué en unos casos si es de acceso público la información de los contratos y en otros se prefirió suprimir los contenidos, pero tampoco obtuvo una respuesta.
En reiteradas oportunidades el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha justificado la contratación del estudio neoyorkino Boies Schiller Flexner, para que emprenda acciones legales contra Brookfield en los Estados Unidos. Alegó que lo decidió porque desconfiaba el sistema judicial del Perú. Sin embargo, la empresa Brookfield ha informado que hasta el momento no afronta ninguna investigación relacionada a la compra de Rutas de Lima en alguna jurisdicción estadounidense.
Solo en el bufete Boies Schiller Flexner, López Aliaga ha destinado S/97.510.450 de fondos públicos sin resultados perceptibles. Tres de esos contratos son “confidenciales”, secretos, opacos.
OECE ordena publicar los contratos
- Las entidades públicas como la Municipalidad Metropolitana de Lima están obligadas a publicar información sobre contrataciones, incluso en el extranjero.
- Esta disposición ha sido ratificada por una reciente disposición del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
- La Directiva N°007-2025-OECE/CD, indica que, para el caso de “contrataciones internacionales”, debe publicarse: “Información del informe técnico e informe legal que sustente que la contratación corresponde a un supuesto excluido del ámbito de la ley”.
- También debe difundirse “información de las condiciones de la contratación (plazo, lugar de entrega, transferencia de conocimientos, etc.)”. Y lo más importante: “El contrato suscrito”. Nada de esto está consignado por la MML.