El gobierno de Brasil decidió suspender temporalmente la cooperación jurídica con el Perú en los casos ligados a la constructora Odebrecht, protagonista de la mayor trama de corrupción en la historia reciente del país. El impacto de esta decisión, sin embargo, será limitado, de acuerdo con fuentes conocedoras de estos procesos.
La decisión fue adoptada por la Secretaria Nacional de Justicia, una división del Ministerio de Justicia de Brasil, parte del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.
Recientemente, el mandatario brasileño dio asilo político a la ex primera dama Nadine Heredia luego de que fue condenada, precisamente, por lavado de activos por recibir dinero de origen ilícito de Odebrecht para la campaña del 2011 de su esposo, el expresidente Ollanta Humala. La acusación sostiene que los aportes fueron por disposición del partido de Lula da Silva.
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El Comercio pudo conocer que la decisión fue notificada este viernes a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, que lidera el fiscal Elmer Chirre. Mediante un oficio, se les notificó la “suspensión temporal de las solicitudes de cooperación jurídica internacional” con el Perú, “relativas a la empresa Novonor (Odebrecht) y sus exdirectivos y colaboradores”.
Ollanta Humala, Nadine Heredia y Lula da Silva durante una visita de este al Perú. Foto: GEC / Archivo
La medida esa temporal y se tomará mientras el gobierno brasileño se investiga si, como argumenta la empresa, hubo una “inobservancia” de los términos de la colaboración de Odebrecht con la justicia peruana y de una decisión de la Corte Suprema de Brasil, la cual consideró que un grupo de pruebas ligadas a la constructora serían ilícitas.
En particular, en Brasil se cuestiona el uso de información obtenida de los sitemas encriptados de Odebrecht: Droussys y My Web Day, así como “todos los demás elementos que de ellos derivan”. Al respecto, según la comunicación de la autoridad brasileña, se han pedido aclaraciones al Ministerio Público, las cuales hasta ahora no se obtienen.
Es por ello que se optó por la suspensión temporal de la colaboración, se reiteró el pedido a la fiscalía peruana para que se hagan esas aclaraciones y se dio un plazo de 90 días, plazo onsiderado como “límite definitivo” para resolver las alegaciones de la supuesta “inobservancia”.
“No hay ninguna afectación”
Fuentes judiciales consultadas por El Comercio consideraron que el efecto de esta decisión será limitado. Esto debido a que los exejecutivos de Odebrecht ya declararon y brindaron evidencias en prácticamente en todas las investigaciones de la fiscalía peruana, las cuales ya cuenta en su mayoría con acusaciones o están en pleno juicio oral. Solo se verían afectados casos cuyas investigaciones, recién empiezan; pero actualmente casi todos las pesquisas ya terminaron o están por terminar.
Marcelo Odebrecht se encuentra en calidad de testigo en varios procesos de Lava Jato que se llevan en el Perú. Elaboración: Gestión.
Precisamente, el impacto más inmediato sería que los exejecutivos no declararían en los juicios en Perú. Sin embargo, eso ya ocurre desde la mencionada decisión de la Corte Suprema brasileña del 2023. Ese impedimento no evitó que la fiscalía lea las declaraciones previas de esos testigos y que el Poder Judicial haya dictado cuatro condenas por el Caso Odebrecht en ese tiempo, entre ellas las de los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
Consultado por el impacto de esta decisión, el fiscal superior Rafael Vela, jefe del Equipo Especial Lava Jato, respondió que no tendrá “ningún efecto en términos de cuestionar toda la evidencia que ya ha sido válidamente incorporada las carpetas de investig ación y a las acusaciones fiscales”.
“Todas las evidencias, todos los elementos de prueba y las pruebas actuadas en los juicios orales han sido controladas por la justicia del Perú, que clara y enfáticamente ha rechazado todos los argumentos de cualquier tipo de injerencia de un sistema de justicia extranjero, porque todas esas evidencias han sido respetando escrupulosamente la legalidad procesal en el Perú. Entonces, no hay ninguna afectación”, dijo a El Comercio.
El fiscal atribuyó esta suspensión a “denuncias de parte” sobre supuestos incumplimientos de los términos de los acuerdos o de las formas en las que los compromisos pactados en su oportunidad, a través de sistema de cooperación se cumplen en el Perú. “Esa es una evaluación que tendrán que hacer las autoridades brasileñas, pero no hay ningún tipo de afectación en concreto”, aseguró.
Rafael Vela consideró que no habrá mayor impacto sobre los juicio y procesos del Caso Odebrecht que se tramitan en la justicia peruana. Foto: GEC / Hugo Pérez
No es la primera vez que se suspende la colaboración con Brasil o con la empresa Odebrecht a partir de pedidos de la constructora. Sin embargo, luego de que ello ocurrió en el pasado, los juicios de Lava Jato en Perú siguieron de forma regular y terminaron, hasta la fecha, en cuatro sentencias condenatorias solo en los últimos doce meses.
En la sentencia del caso de Ollanta Humala, en particular, el juzgado consideró que las pruebas consideradas irregulares por la justicia brasileña no tenían que ser consideradas así por la justicia peruana, que tiene su propio criterio. Es más: los testimonios previos brindados por los exejecutivos, a los que Brasil impidió declarar personalmente en el juicio, fueron valorados por los jueces peruanos y resultaron claves para que se dicte la condena al expresidente.
“Lo que sí ha habido desde 2022 es una afectación de la cooperación internacional con el Brasil, en términos de su receptividad para atender los requerimientos que se planteaban por parte del sistema de justicia peruano. Eso es evidente, innegable: a partir del inicio del gobierno del señor Lula da Silva han existido una serie de decisiones de parte de la justicia brasileña que buscan generar, desde la perspectiva del Ministerio Público, una clara intromisión en el sistema de justicia peruana”, comentó Rafael Vela.
“No podrá contarse con testimonio de exdirectivos”
El abogado penalista Carlos Caro opinó que la decisión debilitaría los casos de Lava Jato que están actualmente en etapa de juicio oral. “Los ex directivos de Odebrecht no declararán. La Fiscalía, como en el caso Humala/Heredia podrá pedir, a lo sumo, que se lean en juicio las declaraciones escritas recibidas en la etapa preliminar o preparatoria”, comentó en su cuenta de X.
El abogado penalista Carlos Caro es parte de las defensas en el Caso Gasoducto Sur, parte del Caso Odebrecht en Perú. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)
Ello fue lo que ocurrió en las sentencias de Ollanta Humala y Nadine Heredia. En ambos casos, dos juzgados distintos valoraron las declaraciones previas de testigos como Marcelo Odebrecht y Jorge Barata como pruebas importantes para establecer la culpabilidad de ambos mandatarios. Los dos hoy cumplen penas en el penal de Barbadillo a la espera de que sus condenas se revisen en segunda instancia.
Carlos Caro añadió que habría un “debilitamiento de los casos en etapa temprana (diligencias preliminares) o preparatoria”. “No podrá contarse con los testimonios o declaraciones de dichos ex directivos. A su vez, Brasil no atenderá los pedidos de la fiscalía peruana de efectuar diligencias en su territorio, ni las solicitudes de información”, opinó.
Finalmente, el penalista advirtió que “Brasil tampoco atenderá, por ejemplo, un eventual pedido de extradición de Nadine Heredia porque ella fue condenado en el marco del Caso Lava Jato”. En una reciente entrevista con El Comercio, el fiscal Germán Juárez dijo que una eventual extradición de la ex primera dama solo procedería luego de que Lula da Silva deje el gobierno, por lo que no se prevé un pedido de ese tipo al menos hasta el próximo año.