El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima emitió una sentencia donde ordena a la Defensoría del Pueblo para que reponga en su puesto a la abogada Magali González, dirigente sindical que fue apartada de la institución como una forma de represalia por las críticas que hacía a los desaciertos de la actual gestión de Josué Gutiérrez.
Magali González fue separada de la entidad defensorial el 19 de diciembre del 2023, mediante la figura de la no renovación de su contrato. Tal decisión fue asumida por el sindicato como un despido encubierto, pues se produjo en el contexto de las críticas públicas que hacía la abogada contra el defensor de turno, siempre en representación del gremio laboral.
Un año y cinco meses después de tal decisión, la autoridad judicial emitió una sentencia a su favor en el marco de una acción de amparo. El juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán resolvió declarar fundada la demanda, “porque se ha acreditado la vulneración de sus derechos al derecho al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario, a la libertad sindical y al debido proceso”.
En la misma resolución, el juez declara nulos los documentos administrativos internos de la Defensoría, a través de los cuales se había dispuesto la no renovación. También ordena la reposición de Magali González “como trabajadora CAS en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas”.
Decisión defensorial ilegal
Un tema de fondo que desarrolla el juez constitucional en su sentencia son las circunstancias en que se produce la decisión de Josué Gutiérrez de apartar a la dirigente. Y es que Magali González se desempeñaba como secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo y el acto del despido encubierto se produce cuando formalmente ya se había iniciado un proceso de negociación colectiva.
La abogada fue apartada el 19 de diciembre, pero cuatro días antes ya había ingresado por mesa de partes el pliego de reclamos 2024-2025. Magali González formaba parte de la comisión negociadora.
Según el fallo judicial, la citada comisión “se vio afectada en su conformación, lo que debilita la posición del sindicato como órgano representante de los derechos de los trabajadores”.
El juez subraya además que la dirigente se encontraba “revestida por el fuero sindical según el estatuto de tal organización y el decreto supremo 010- 2003-TR, tanto por su condición de ser secretaria general de la organización como por ser integrante de la comisión negociadora”.
“La decisión de no renovar su contratación afecta no solo su derecho fundamental al trabajo, sino además su derecho a la libertad sindical, en específico su derecho al fuero sindical, siendo que este último derecho a su vez favorece un ejercicio eficaz de los derechos de aquellos trabajadores de la institución representados por la organización sindical”, se lee en la sentencia.
En buena cuenta, el defensor Josué Gutiérrez, quien llegó al cargo gracias al pacto congresal de Perú Libre con Fuerza Popular, no tomó en cuenta ninguna de estas consideraciones legales y de protección constitucional, al momento de optar por el despido encubierto de la dirigente sindical Magali González.
Represalia fujicerronista
La salida de Magali González se produjo en circunstancias en que la dirigente había cuestionado decisiones del defensor Josué Gutiérrez —siempre en representación del sindicato—, como la modificación de los documentos internos para facilitar la contrataciones de personas con menos requisitos, tal como ocurrió con la otrora adjunta constitucional Elizabeth Zea, quien ya se fue de la institución.
El gremio sindical también había publicado un comunicado donde pedían directamente la salida de Josué Gutiérrez, luego de hacerse público que Patricia Benavides había ejercido influencia para su elección como defensor, según un testimonio de Jaime Villanueva.