“Para los meses de agosto del año 2020 hasta el mes de mazo del año 2021 y para los meses de mayo, junio y julio del año 2021, en su condición de Secretario General requirió la contratación de un locador […] sin definir con precisión los requisitos referidos a la experiencia laboral y la formación académica para asesorar en temas de la gestión pública, así como no incluyó el requisito de la colegiación para poder asesorar en el mantenimiento de la infraestructura.”
Debido a este y otros hechos, el hoy flamante ministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara Medrano, viene siendo investigado por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado, según documentos obtenidos por El Comercio.
El recientemente designado titular del Minjus, es un funcionario conocido quien ha sido vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
Esta sería una las razones por las que habría podido escalar en cargos en este gobierno, hasta llegar al sillón ministerial.
La investigación contra el actual ministro, por presuntos hechos irregulares en su condición de ex secretario general de la Municipalidad de Breña, está a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima-Quinto Despacho.
El fiscal anticorrupción a cargo del caso, Snayber Lozada, en marzo de este año, dispuso ampliar las investigaciones por seis meses adicionales en contra el actual titular del Minjus y otros exfuncionarios de dicha comuna.
Las pesquisas, de acuerdo a los documentos, se iniciaron a razón del Informe de Control Específico Nro. 012-2021-2-2151-SCE emitido por la Contraloría General del Estado que identificó irregularidades administrativas y penales.
El informe identificó cinco presuntas irregularidades, vinculadas a la contratación de locadores de servicio para asesorar en temas de gestión pública, mantenimiento de la infraestructura del Palacio Municipal, atención de las Sesiones del Consejo Ordinario y Extraordinario municipal, entre otros. Esto, durante los años 2018 al 2021.
El amigo del hermano presidencial
A fines del 2023, Juan Enrique Alcántara Medrano, no tuvo reparos en reconocer que era amigo de Nicanor Boluarte, desde “hace años”.
En efecto, el actual titular del Minjus conoció al hermano presidencial cuando se desempeñó como asesor legal del Viceministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2015-2018).
En el 2016, como se recuerda, Boluarte Zegarra se desempeñó como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, donde Daniel Maurate era titular de dicha cartera. Hoy, Maurate repite el plato en la gestión de Dina Boluarte.
En mayo del 2024, en declaraciones a El Comercio, el actual ministro también reconoció conocer al hermano presidencial; sin embargo, aseguró que no era su amigo.
“Efectivamente, lo conocí hace ocho años cuando yo me desempeñaba como asesor legal del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y a él se le designa como viceministro del sub sector.”
Luego, en el 2018, ambos coincidieron en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, donde el actual ministro de Justicia se desempeñó como Asesor Legal de la Gerencia General. En el 2019, también volvieron a reunirse en la Municipalidad de Comas (2019).
Nicanor Boluarte es prófugo por el caso “Los Waykis en las sombras” y la Policía, sospechosamente para algunos, no lo encuentra.
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De allí, los vínculos de Alcántara Medrano con el actual gobierno fueron estrechándose, puesto que en setiembre del 2021 a febrero del 2023 fue designado como Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Midis, durante el gobierno de Pedro Castillo.
Y, durante la gestión de su sucesora Dina Boluarte, fue designado como Subsecretario general de Palacio de Gobierno entre febrero del 2023 hasta abril de ese mismo año y también fue “encargado” de la Dirección General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.
En abril del 2023 fue trasladado hasta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos donde ocupó el cargo de Director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles.
En el mes de octubre de ese mismo año pasó hasta el Ministerio de Salud, donde fue colocado como Secretario General de dicha cartera.
Y, hasta antes de su designación como titular del Minjus se venía desempeñando como viceministro de Justicia desde mayo del 2024.
Se le detectó ineficiencia en su actuación como fiscal y se le retiró la confianza en 2013
Entre otras actividades laborales por las que transitó el flamante ministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, se encuentra su asesoría en la secretaría general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante la gestión de Carmen Omonte (2014) y asesor en el Servicio de Parques de Lima (2015)
Entre el 2019 y el 2021, fue secretario general de la Municipalidad de Breña, donde desempeñó funciones que hoy son investigadas por el Ministerio Público.
No obstante, en su hoja de vida, el titular del Minjus también consigna haber sido Fiscal Provincial Titular en el distrito judicial de Junín, y Presidente de la Junta de Fiscales Provinciales período 2010-2011.
Según la base de datos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de la Resolución Nro.337-2013-PCNM del entonces Consejo Nacional de la Magistratura (hoy JNJ), expedida el 27 de mayo del 2013, la máxima instancia encargada de designar y procesar a jueces y fiscales, decidió no renovarle la confianza en el cargo de fiscal.
Según obra en la resolución obtenida por El Comercio, el hoy titular del Minjus fue sometido al proceso de evaluación regular (cada siete años) que deben pasar todos los jueces y fiscales, de acuerdo a la ley. Esto fue, desde el período comprendido entre el 20 de abril de 2005 -dos semanas después de haber iniciado sus funciones fiscales- al 27 de mayo de 2013.
Durante todo este períodos, el exCNM encontró que Alcántara Medrano fue sancionado con una multa del 25% y 15% de sus haberes por haber tenido una deficiente actuación en sus funciones en dos casos especiales.
De acuerdo a la Resolución número 2245-2009-MP-F-SUPR-Cl, el entonces fiscal incumplió con disposiciones legales de carácter interno de la Fiscalía Suprema de Control Interno y las dictadas por sus superiores jerárquicos. Ello, debido a que un procesado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, que obtuvo beneficio de semi libertad, volvió a incurrir nuevamente en el mismo delito, no obstante el entonces fiscal Alcántara no adoptó las medidas correctiva conforme lo establece el 52° del Código de Ejecución Penal (revocar el beneficio por reincidencia).
En ese momento, Alcántara señaló que “desconocía” la directiva en los casos de tráfico ilícito de drogas, que no le fue alcanzada, que no aparecía como norma dictada por el Ministerio Público y que no figuraba en el Sistema Peruano de Información Jurídica. Y que, en todo caso, “podría haber incurrido en un error involuntario” al no considerar la directiva aplicable al caso, debido a la elevada carga procesal.
No obstante, volvió a mostrar una conducta similar de acuerdo a la Resolución número 071-2006 de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (OODCI) de Junín. Esto también en un proceso por Tráfico Ilícito de Drogas, donde no formuló apelación contra la resolución judicial que adecuó el tipo penal solicitado por uno de los imputados, cambiando la figura agravada por el delito básico.
En esa oportunidad, el hoy ministro señaló que no apeló porque estaba de acuerdo y además, alegó que era facultad del juez realizar la adecuación. Esta respuesta fue calificada como un “argumento trillado” por el órgano de control, según la Resolución número 071-2006 que le impuso la multa del 15% de su haber.
De acuerdo a la resolución del exCNM, durante el período evaluado, Alcántara Medrano registró una denuncia (expediente número 258-2008-D-Essalud – Red Asistencia Junín), donde se le imputa al magistrado como artífice de una invasión y construcción ilegal en el terreno de propiedad de Essalud.
En sus descargos, el entonces fiscal alegó que fue un caso donde se dispusieron diversas diligencias, entre ellas acudir al lugar de los hechos con el denunciante, una fiscal, peritos de criminalística, pero al final dicho caso se archivó.
El exCNM también consignó en su análisis que el entonces fiscal Alcántara Medrano, en un caso de presunto homicidio, fue acusado de la “desaparición de actas de entrevistas a dos testigos, con el propósito de favorecer al denunciado”, disponiéndose el archivamiento provisional de dicha investigación, argumentando que la única prueba era la sindicación del denunciante. Esto, indicó el exCNM, pese a existir mayores elementos probatorios y testigos presentes, tampoco se consideró el dictamen pericial de balística forense de la víctima, y otras diligencias solicitadas de testigos.
En sus descargos ante el pleno de exCNM, el entonces fiscal alegó que cuando asumió la Fiscalía Provincial Mixta de Yauli, el 9 de mayo del 2005, encontró graves deficiencias en la morgue y presentó documentos de apoyo a su gestión.
“En tal sentido, la evaluación conjunta del factor idoneidad permite concluir que en lo referente a la calificación de sus dictámenes, la mayoría de los mismos, fueron calificados con nota desaprobatoria, por lo que el magistrado no cuenta con el estándar exigido para el cumplimiento de la función fiscal.”
Respecto al rubro de “idoneidad” del ahora ministro de Justicia, el exCNM señaló que estaba “por debajo del estándar mínimo exigido”
Se reconoció que había tenido desarrollo profesional, por tener el grado de Maestro en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villareal y ser egresado del Doctorado en Derecho en la referida Casa de Estudios; sin embargo, luego de analizar los descargos y alegatos, el pleno del exCNM consideró que Alcántara Medrano, durante el período sujeto a evaluación, no logró la conducta e idoneidad acorde con el delicado ejercicio de la función fiscal.
Por ello, decidieron no renovarle la confianza en el cargo de fiscal al cual había sido nombrado.
“No renovar la confianza a don Juan Enrique Alcántara Medrano; y, en consecuencia no ratificarlo en el cargo de Fiscal Provincial Mixto de Yauli, Distrito Judicial de Junín.”
La decisión fue apelada (vía reconsideración) por parte del actual ministro de Justicia alegando vulneración del debido proceso y derechos. No obstante, el Pleno del exCNM no halló razones para reconsiderar su decisión.
Por el contrario, a través de la Resolución N° 098-2014-PCNM del 15 de abril del 2014, ratificaron que el entonces fiscal Alcántara Medrano no solo tenía sanciones disciplinarias; sino que además, tenía calificaciones por debajo del mínimo requerido en su desempeño como magistrado.
“Subsistiendo hechos objetivos que afectan negativamente la calificación del rubro conducta e idoneidad, al haber sido objeto de sanciones disciplinarias de multa por incumplimiento de normativas internas dictadas por la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público en las investigaciones de delitos de tráfico ilícito de drogas, así como haber sido objeto de quejas que cuestionan su desempeño funcional fiscal. De otro lado, el recurrente ha obtenido calificaciones por debajo de lo requerido para ejercer la función fiscal en el rubro idoneidad, razón por la cual, los fundamentos de la resolución impugnada no han sido desestimados.”
Pleno del exCNM
Flamante ministro niega imputación penal y sostiene que exCNM tomó una decisión de acuerdo a sus funciones
El Comercio buscó la versión del flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Enrique Alcántara Medrano, quien a través de un comunicado rechazó haber cometido algún acto ilícito, vinculado a la investigación que se le sigue actualmente en la Fiscalía Anticorrupción.
“Niego categóricamente haber cometido algún acto ilícito en mis funciones como secretario general hasta el año 2021 de la Municipalidad de Breña”, señaló.
Ministro Juan Enrique Alcántara Medrano, respondió a las preguntas de El Comercio.
Al respecto, explicó que, en el marco de las competencias reconocidas estrictamente por el Reglamento de Organización y Funciones, tuvo el deber de proveer bienes y servicios del alcalde.
En ese sentido, como parte de las acciones administrativas en el regular ejercicio de labores de Secretaría General en una entidad, se continuó con la contratación de un asesor que se desempeñaba como locador de servicios y trabajaba directamente con el alcalde; y que a su vez ya había sido integrado a la institución por los tres anteriores secretarios generales.
“Descarto alguna relación interpersonal o grado de cercanía con el contratado en mención, pues únicamente gestioné lo correspondiente para el desarrollo de actividades en un gobierno local. En consecuencia, no se configuraría negociación incompatible, tanto es así que la Fiscalía desde el año 2022 continúa actualmente en diligencias preliminares; lo cual evidencia que no existen elementos de acción delictiva.”
Respecto a su proceso seguido ante el exCNM que terminó con su “no ratificación en el cargo” , Alcántara Medrano lo atribuyó a “las competencias que tenía dicha entidad para designar, ratificar o destituir a los magistrados”.
Sin perjuicio de ello, mencionó que en ese entonces, él era uno de los dos únicos fiscales que laboraban en la jurisdicción de La Oroya y que prestó servicios al Estado “incluso en condiciones de sobrecarga procesal”.
Agregó que el trabajo que en ese entonces realizaban solo dos fiscales, ahora la realizan nueve fiscales.
“Esta no ratificación en el cargo simboliza una falta de confianza por un determinado periodo, más no implica en modo alguno – de acuerdo al Tribunal Constitucional- la destitución del cargo ni la comisión de algún acto ilícito. Ello tampoco me impide ejercer función pública.”