El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió la promulgación de la Ley N.° 32330, que disminuye la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años involucrados en delitos graves, pues indicó que los jueces y fiscales deben empezar a aplicar la nueva normativa.
Salhuana, de Alianza para el Progreso, señaló que comprende que la norma puede ser controversial, pero que Congreso debe dar una respuesta a la presencia de menores de edad involucrados en los delitos de sicariato.
“La mayoría de sicarios, de las personas que victiman, conducen la moto, el que lleva el arma y la usa para asesinar a una persona indefensa, es un menor de edad, el Estado debe defenderse”, dijo este 12 de mayo.
El titular del Parlamento también señaló que las instituciones que consideran que la normativa es inconstitucional pueden presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC).
“Si el TC dice que es inconstitucional se deroga y se deja sin efectos, mientras los jueces y fiscales deben aplicar la norma en todo el país”, manifestó.
Explicó que los menores de edad son empleados por criminales para cometer delitos de sicariato debido a que la anterior norma los consideraba inimputables, “lo que permitía salir de un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación a los pocos meses a seguir delinquiendo”, añadió.
Dijo que, conjuntamente con esta norma, el Congreso aprobó incrementar la pena de las personas que usan a menores de edad para estos crímenes.
Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, Maranguita
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El titular del Parlamento brindó estas declaraciones a pesar de que las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en el país (Unicef Perú, UNFPA Perú y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) difundieron un comunicado conjunto manifestando su inquietud por la promulgación de esta ley y pidiendo al gobierno peruano que respete los compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las organizaciones enfatizan que los estados deben proporcionar una respuesta penal adaptada para los jóvenes. Esto implica leyes, procesos y entidades especializadas que tomen en cuenta su desarrollo físico y psicosocial, así como la necesidad de mantener a los menores separados de los adultos si se encuentran privados de libertad.
Asimismo, el Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes del Poder Judicial alertó que esta ley no concuerda con la Constitución e introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de protección. Mientras que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también rechazó la ley que penaliza a menores de 16 y 17 años.