¿Una nueva “mochasueldo”? Según un reciente reportaje de Cuarto Poder, la congresista Lucinda Vásquez Vela, representante de la región San Martín e integrante del Bloque Magisterial, habría promovido el recorte de sueldos a trabajadores de su despacho para beneficiar a su entorno más cercano.
El exasesor principal del despacho, Walter Tello, reveló que tanto él como otros trabajadores fueron obligados a entregar parte de sus sueldos bajo el pretexto de préstamos de emergencia solicitados por la congresista. Estos depósitos eran transferidos a cuentas de familiares de Vásquez y nunca fueron devueltos. El programa periodístico accedió a conversaciones de WhatsApp y comprobantes bancarios que respaldan estos aportes irregulares.
Entre los beneficiarios de estas transferencias figuran Hugo Pinchi Vásquez, Wini Elva Rengifo Pezo y Milagros Saldaña. También se evidenció que una asesora del despacho entregaba mensualmente más de 2 mil soles a Kenyi Castro Rivas, sobrino nieto de la congresista, quien figura como técnico. Los chats muestran cómo este último solicitaba montos específicos y proporcionaba su número de cuenta para recibir el dinero. El sobrino nieto de la congresista ha negado las acusaciones.
A esta serie de recortes de sueldo se suma una denuncia adicional: durante las semanas de representación, cuando los congresistas reciben un bono extra, eran los trabajadores quienes asumían los gastos logísticos de Vásquez. En un chat, un asesor confirma haber entregado 1.200 soles en efectivo a través del sobrino de la parlamentaria, mientras ella conservaba íntegramente el bono asignado por el Congreso.
Lucinda Vásquez: congresista habría dado trabajo a familiares directos
Lucinda Vásquez también es acusada de haber contratado a familiares directos. Aunque en un primer momento la congresista negó las contrataciones, el reportaje demostró que Jimmy Pinchi Pezo, Edwar Rengifo Pezo y el ya mencionado Kenyi Castro Rivas —todos familiares de Vásquez— laboran en su despacho.
Ninguno de ellos cumple con los requisitos académicos formales, según registros de la Sunedu, pero perciben sueldos que superan los 3 mil y hasta los 7 mil soles mensuales. Como se recuerda, la ley de nepotismo prohíbe contratar a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, condición que se cumple en estos tres casos.
Además, el reportaje documentó más de 130 visitas al Congreso del hijo de la congresista, Martí Frans Villacorta Vásquez. Aunque no figura como trabajador, actúa como tal e incluso se ha registrado como personal del Congreso en visitas oficiales a instituciones públicas.
Otro hecho preocupante es la situación de la también ya mencionada Milagros Saldaña, técnica del despacho que, según seguimientos, convive con la congresista y su hijo en la misma vivienda en Lima. La trabajadora es trasladada diariamente al Congreso por el hijo de Vásquez, lo que evidencia una relación que trasciende el ámbito laboral y refuerza la percepción de una oficina manejada por y para la familia.
Lucinda Vásquez: congresista es investigada por la Fiscalía por presunta filtración de prueba de docentes
Las acusaciones de “mochasueldos” y nepotismo no son las únicas que pesan sobre Lucinda Vásquez. La Fiscalía de la Nación, mediante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha formalizado una denuncia constitucional contra la congresista, a quien se le atribuye haber participado en la supuesta filtración de la Prueba Única Nacional dirigida a los docentes que aspiraban a ascender en la Carrera Pública Magisterial en noviembre de 2021. El Ministerio Público viene investigando a la integrante del Bloque Magisterial por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, vinculado a este proceso educativo.
Según la hipótesis fiscal, entre el 31 de agosto y el 13 de noviembre de 2021, la legisladora habría prometido a varios docentes de la región San Martín –quienes eran participantes del Concurso Público Nacional para ingresar a la Carrera Pública Magisterial– gestionar ante el Ministerio de Educación el acceso anticipado al examen oficial. Estas diligencias se relacionan con la obtención ilícita de la Prueba Única Nacional, presuntamente conseguida por Ynés Gallardo, hija del exministro de Educación Carlos Gallardo, y que habría sido ofrecida a los postulantes días antes de la evaluación que tuvo lugar el 13 de noviembre.
Un día antes del examen, el 12 de noviembre, un testigo protegido advirtió al fiscal anticorrupción de San Martín, José Luis Villalta Arriaga, sobre la filtración del contenido del examen, señalando múltiples irregularidades. El día de la evaluación, el testimonio indica que la prueba fue distribuida en diversas regiones del país a un precio de S/3.000, y que los docentes formaban grupos de diez personas para reunir dicha suma. El Ministerio Público señaló que la congresista Vásquez, valiéndose de su influencia en el sector Educación, habría intervenido para facilitar el acceso indebido al examen con el fin de asegurar la contratación de los docentes implicados.