Antes de la explicación, contemos un malentendido trágico que complicó las cosas. Cuando Dina Boluarte tomó la presidencia, Alberto Otárola fue designado como su ministro de Defensa. Este, que había sido el artífice para que el Congreso de mayoría conservadora acepte a la ex comunista Dina; vio la ocasión de alinear al gobierno con la prédica ‘FFAA mata crimen’. Entonces, desatadas las protestas contra el gobierno, bregó por que intervengan las FFAA en su represión, pues, en la narrativa oficialista, quienes protestaban eran en su mayoría antisociales y ‘terrucos’, o sea, delincuentes. Un batallón enviado a Huamanga causó la muerte de 10 civiles en las inmediaciones del aeropuerto. Un desastre. Los militares se replegaron y no quisieron saber más nada del asunto. Dejaron que la PNP se encargue de todo. Otárola salió del Mindef -pasó a la PCM- y el 21 de diciembre lo reemplazó el Gral. (r ) Jorge Chávez Cresta.
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Hablé con Chávez Cresta y me dio una explicación de manual, subrayando que no habla como ex autoridad sino como técnico: “Es un error exponer a militares ante la población enardecida, y menos si se trata de tropa no entrenada para ello. Las FFAA pueden y deben colaborar en la lucha contra la criminalidad, pero de la forma adecuada; en zonas no urbanas donde hay lo que llamamos un ‘enemigo hostil’, con efectivos entrenados para ese enfrentamiento, como hacemos en el VRAEM”. Por cierto, el VRAEM es el único enclave donde las FFAA tienen a su cargo el control del orden interno y la PNP colabora con ellas.
Chávez Cresta agregó: “Si el DL 1095 [la norma que regula el uso de la fuerza] tiene un vacío, se llena, pues, o se cambia; como ha hecho Javier Milei en la Argentina para permitir actividades militares en zonas de frontera. Las FFAA podemos, por ejemplo, administrar penales como hacemos en la Base Naval del Callao y podemos encargarnos de muchas tareas, distintas a estar estacionados en zonas urbanas como presencia disuasiva. Eso quizá funcionó en un comienzo, pero ya no”. La gran oportunidad de Dina para promover una acción militar eficaz contra el crimen no fue, por supuesto, durante las protestas al inicio de su gobierno; fue en diciembre del 2023, cuando ocurrió una primera matanza de 10 trabajadores de seguridad de la mina de oro Poderosa. El gobierno tardó en reaccionar convocando al concurso militar pero, finalmente, lo hizo en febrero del 2024.
“Las FFAA pueden y deben colaborar en la lucha contra la criminalidad, pero de la forma adecuada; en zonas no urbanas donde hay lo que llamamos un ‘enemigo hostil’, con efectivos entrenados para ese enfrentamiento”.
César Acuña, gobernador de La Libertad pedía con insistencia que las FFAA tomen el control interno en toda la región, tanto en Trujillo como en Pataz. Chávez Cresta, respondiendo a Acuña, pensó que en Trujillo no, pues la tropa no estaba entrenada para lidiar contra la violencia urbana. Pero en Pataz sí. Dos meses después de la masacre, se aprobó la propuesta en el consejo de ministros del lunes 12 de febrero. El martes 13 se publicó en El Peruano el DS 018-2024 PCM que prorrogó el estado de emergencia en la zona por 60 días y en su artículo 1 dice: “Las Fuerzas Armadas asumen en control del orden interno (…) La PNP apoya a las FFAA para el logro de dichos objetivos en la zona declarada en emergencia”. El DS fue firmado el 12, en la reunión del Consejo, por Chávez Cresta, pero al día siguiente este fue reemplazado junto a otros tres ministros. La noticia del cambio parcial de gabinete oscureció al decreto trascendente.
Entró en escena el nuevo ministro Walter Astudillo, General del Ejército en retiro, con un decreto en el que no creía. Esto último es lo que podemos sacar en conclusión si vemos que en los 60 días que tuvo de vigencia, no hubo un desplazamiento de recursos materiales y humanos significativos en la zona. Acabado el plazo, el DS 041-2024 PCM prorrogó el estado de emergencia en Pataz pero con un cambio significativo en su primer artículo: “La PNP asume el control del orden interno, con el apoyo de las FFAA”. O sea, al revés del DS 018. Vaya contrarreforma, esta vez no contra una disposición ‘caviar’ sino contra la prédica de la mayoría congresal -¡con la que el gobierno finge alinearse!- de meter a la FFAA en la ‘nueva guerra interna’ ¿Por qué la marcha atrás, porqué cambiaron al ministro Chávez Cresta, porqué el gobierno no dio recursos a Astudillo ni este peleó por ellos?
Historia sin caviares
Hemos tenido que esperar un año y 4 meses para que otra masacre, esta vez de 13 trabajadores, nos obligue a maliciar qué hubo detrás del cambio en los decretos. Chávez Cresta se excusó por no compartirme sus impresiones íntimas, pero me admitió que su salida fue sorpresiva para él y que en los siguientes 60 días su sucesor no hizo lo que él hubiera esperado que se hiciera.
Fuerza Popular anunció el domingo pasado su afán de interpelar a Astudillo. Fue una decisión de la dirigencia partidaria que, con ciertas resistencias y discrepancias ha sido aceptada por la bancada. Entre los congresistas primaba la posición de interpelar al ministro del Interior, pero tras haberlo hecho con su predecesor Juan José Santiváñez, ello sonaba prematuro y poco serio. Conversé con una fuente del partido que me compartió un texto con el sustento del afán interpelatorio: “La presencia militar en el terreno fue mínima, simbólica y desconectada de los verdaderos riesgos (…) Nos preocupó que durante los 60 días de control que tuvieron las FFAA en febrero de 2024, no se haya consolidado una respuesta sostenible, y que luego se haya devuelto la responsabilidad del orden interno a una policía ya sobrecargada”. El texto destaca un dato crucial aportado por el ministro Díaz: “El dato confirmado el día lunes en la Comisión de Defensa, donde el ministro del Interior mencionó que 100 efectivos militares daban apoyo en la zona, resulta alarmante”.
Documento de Fuerza Popular: “Nos preocupó que durante los 60 días de control que tuvieron las FFAA en febrero de 2024, no se haya consolidado una respuesta sostenible, y que luego se haya devuelto la responsabilidad del orden interno a una policía ya sobrecargada”.
La argumentación fujimorista aporrea la respuesta oficial contra la criminalidad: “Nos preocupa que el gobierno use reiteradamente el estado de emergencia como una respuesta automática y superficial, desgastando un instrumento constitucional que debería usarse con planificación (…) Es momento de mirar el problema de raíz, y presionar por un cambio que aborde la solución: presencia efectiva del Estado, despliegue sostenido de las FFAA y un rediseño estratégico de cómo enfrentamos el crimen organizado”.
César Acuña, en declaraciones del miércoles, cerró filas con la permanencia de Adrianzén, pero, por una vez, reprochó al gobierno no haber sostenido la presencia militar en la zona. Sin embargo, esta coincidencia entre fujimoristas y apepistas, pasó a segundo lugar cuando surgieron, como hongos, ambiciosas mociones de interpelación contra el primer ministro Gustavo Adrianzén. Cuando esto pasa, cunde el caos congresal y una moción estratégica como la de Astudillo -que de paso ayudaría a limpiarse al Congreso y a los propios fujimoristas de tantas ampliaciones del Reinfo- puede ser anulada por otras más coyunturales. La tendencia pro estabilidad de la mayoría congresal será la de salvar a Adrianzén, pero es muy incierto pronosticar quién podría ser el(la) interpelado(a) en su lugar. Por supuesto, la elección del estadounidense peruano León XIV apacigua a las bancadas.
Ahora sí, daré una respuesta tentativa, a modo de hipótesis, a la pregunta acuciante de porqué el gobierno metió y sacó a los militares del cuadro en el verano del año pasado. Una fuente que conoce a mineros formales e informales, me contó que un representante de estos últimos le dijo que ‘ellos’ (es decir, un grupo de informales cuyos intereses respecto al control del Estado suelen coincidir con el de los ilegales), colaboraban con un partido del gobierno. Quedó sobreentendido que se trataba de Ciudadanos Por el Perú (CPP), el partido que gira en torno a Nicanor Boluarte y que tiene una estrecha relación con el Mininter y la plana de prefectos y subprefectos. No tengo más detalles que contarles al respecto, pero he ahí una línea de trabajo para el Ministerio Público, que ya investiga la relación de CPP con la presunta red de corrupción de los ‘Waykis en la Sombra’.
Pregunté con insistencia al despacho del ministro Astudillo el miércoles, si el impacto de la masacre llevaba a retomar la propuesta del control militar del orden interno en la zona de Pataz. La respuesta demoró al igual que la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que suele darse alrededor de las 5pm y esta vez tardó 3 horas más. Adrianzén dio la palabra a Astudillo y este anuncio el decreto da el control de la zona convulsa a las FFAA. Quizá, para muchos ‘waykis’ del poder, las sombras de la PNP son preferibles en la trágica Pataz que el control militar. Esperemos los resultados.