El asesinato de trece mineros en Pataz, región La Libertad, ha generado una fuerte reacción del gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, quien criticó con dureza la falta de respuestas del Estado frente al avance del crimen organizado en zonas mineras del país. “Estamos perdiendo todo el espacio contra la criminalidad organizada”, declaró Noriega a medios de comunicación de alcance nacional, tras conocerse el hallazgo de los cuerpos de los trabajadores de la empresa R&R, contratista de Minera Poderosa.
El trágico hecho se reportó el domingo 4 de mayo. Sin embargo, los familiares de las víctimas habían alertado días antes la desaparición de los mineros, quienes fueron vistos por última vez el sábado 26 de abril.
Frente a este nuevo episodio de violencia, Koki Noriega, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), exhortó a la presidenta Dina Boluarte a convocar con carácter de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Pataz. “Esto no puede seguir. El país necesita respuestas firmes frente al avance del crimen en zonas estratégicas”, enfatizó.
Asimismo, Noriega presentó tres propuestas inmediatas al Ejecutivo para frenar la violencia en la provincia liberteña:
1. El envío de las Fuerzas Armadas a la zona de conflicto.
2. La instalación de una base militar permanente en Pataz.
3. El inicio de una investigación fiscal especializada que identifique tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales del crimen.
Desde la ANGR también se cuestionó el silencio de las empresas implicadas en el caso. Los familiares de los mineros desaparecidos reclamaron la falta de información oportuna por parte de la contratista R&R y de Minera Poderosa, pese a las señales de alerta que se habían reportado desde el viernes anterior al hallazgo.