La mañana del miércoles 18 de enero, la peligrosa banda criminal Barrio 18 acabó con la vida de 11 policías en Guatemala, mientras sus miembros dentro de los centros penitenciarios tomaron el control de tres cárceles en el país. Desde el Conflicto Armado Interno de 1996, ningún gobierno guatemalteco había tenido que adoptar medidas tan extremas como declarar un estado de sitio debido a una organización criminal.
A diferencia de otros países de Latinoamérica, este territorio carece de una política de seguridad integral que contemple anticipación y control territorial efectivos. Esta carencia permitió que la pandilla explotara la exclusión social en barrios marginales como la Zona 18, considerado su bastión y centro de operaciones.
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En Perú, el Tren de Aragua, grupo criminal originario de Venezuela, opera a través de facciones autónomas que mantienen su dominio mediante la extorsión y la explotación sexual. Aunque estas facciones operan bajo distintos nombres, siguen un patrón de violencia común y mantienen vínculos con la estructura principal de la organización.
Edgar Morales, exfiscal del Ministerio Público de Guatemala y encargado durante más de 10 años de investigar a Barrio 18, ha sido crucial en la obtención de sentencias contra más de 100 miembros de esta red. La ‘mara’, como se conoce en Centroamérica a los grupos delictivos, tiene una larga historia y podría, en el futuro, ser replicada por la megabanda venezolana en Perú, cuyo modus operandi es similar al de estas organizaciones.
-¿Quién lidera actualmente Barrio 18 y cómo ejercen su poder en Guatemala?
-La estructura de Barrio 18 es jerárquica. Su máximo líder, Aldo Dupie Ochoa, alias ‘El Lobo’, gestiona los atentados en los centros penitenciarios y dirige a la pandilla. Su núcleo central, conocido como la ‘Rueda del Barrio’, opera con subestructuras llamadas ‘clicas’, de las cuales se han identificado al menos 36 según investigaciones.
Sus actividades principales no buscan desestabilizar al gobierno, sino consolidar el control, como en el caso del cobro de extorsiones y el uso del terror para dominar a la población. También se ha mencionado la xenofobia y el genocidio, aunque las opiniones sobre estas teorías son divididas.
-¿El fenómeno migratorio, como el que se vive bajo el gobierno de Trump, facilita la formación de pandillas?
-En Guatemala, el fenómeno criminal de las pandillas comenzó a gestarse a finales de la década de 1980, en el contexto del conflicto armado interno que duró más de 36 años. Esta guerra provocó la migración de muchas personas del interior del país hacia la capital, lo que resultó en una explosión demográfica. La concentración de población generó asentamientos humanos, donde comenzaron a formarse grupos en las colonias.
En los años 80, Estados Unidos fue el epicentro del crecimiento de la 18th Street Gang, una pandilla originaria del sureste de Los Ángeles, California. Sin embargo, fue acá en mi país donde surgieron las primeras células tras las deportaciones masivas.
En Guatemala, pequeños grupos populares competían en batallas de baile, siendo el breakdance el género de moda en ese entonces. En las zonas y colonias populares de la ciudad capital, jóvenes se reunían en las esquinas para practicar este tipo de danzas.
Las personas deportadas de EE. UU. comienzan a contactar a los jóvenes guatemaltecos, involucrándolos en la formación de células de pandillas. Barrio 18 tiene una gran cantidad de miembros, especialmente en la colonia El Limón. Fue una de las primeras ‘clicas’ en formarse.
-Dado que Guatemala tiene un sistema penitenciario ineficiente, ¿qué aspectos debería evitar Perú replicar para no enfrentar los mismos problemas?
-Es crucial aplicar las herramientas jurídicas que el derecho nos ofrece, como la sociología jurídica. Es necesario establecer normas específicas para cada estructura criminal según el contexto de cada país. Sin embargo, en Latinoamérica, a menudo se tiende a hacer un “copy-paste” de las leyes de otros países, lo cual resulta ineficaz, ya que las estructuras criminales varían considerablemente.
En Perú, las estructuras criminales están más orientadas al sicariato y el secuestro, como mencionabas. Sin embargo, en el caso de las pandillas, el problema central es la extorsión, ya que la mayoría de los atentados, ataques y muertes se derivan de este delito.
La extorsión es la principal fuente de financiamiento para estas organizaciones, que utilizan el dinero recaudado para adquirir armas, municiones y sobornos.
A través de estas actividades delictivas, las pandillas logran recaudar fondos. En cuanto a su transnacionalidad, el Tren de Aragua ha logrado expandir sus células a varios países de Latinoamérica, incluido el Triángulo Norte, conectando directamente con el contexto peruano.
En Guatemala no hay una presencia significativa de esta agrupación criminal, pese a que el país alberga a numerosos migrantes de origen venezolano, quienes se quedaron a vivir en el país al no conseguir migrar a los Estados Unidos.
-¿Hasta qué punto podría extenderse el Tren de Aragua en el Perú?
-El Tren de Aragua puede convertirse en el Barrio 18 de Perú. En Guatemala no pudieron establecerse debido a lo cerradas que son las estructuras de B-18 y la Mara Salvatrucha (otra organización peligrosa), que no permiten la incursión de otras bandas. Ambas han tenido una fuerte presencia en el ‘narcomenudeo’ y mantienen una estrecha relación con los cárteles de droga de América.
Las bandas criminales identifican tanto los vacíos legales como los espacios disponibles según las estructuras que operan en cada país. Por ello, las leyes locales deben ser más estrictas para evitar deficiencias en el sistema penitenciario.
-Recientemente en Perú se disolvió el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). ¿Cree que una medida tan drástica puede ser efectiva?
-El objetivo de un sistema penitenciario es reinsertar a las personas privadas de libertad en la sociedad una vez cumplan sus condenas, además de gestionar la dirección y administración de los centros penitenciarios.
En un estado de derecho saludable, la autoridad debería ser la encargada de tener el control de estas instituciones.
En Guatemala desgraciadamente quienes tienen el control de los centros carcelarios son los propios reos. En este caso su mayoría son las estructuras de pandillas. A nivel latinoamericano necesitamos mejorar las condiciones de los centros carcelarios a través de la creación de normas penitenciarias.
Una persona que ingresa al sistema penitenciario por robo puede salir involucrada en extorsión o incluso haber aprendido a secuestrar.
Por eso, es crucial tener un control efectivo sobre el sistema penitenciario y contar con una ley de régimen penitenciario en los países de Latinoamérica. El hacinamiento en los centros carcelarios contribuye a que más personas se integren a estructuras de crimen organizado.
-¿Qué peligros enfrentó al investigar una red criminal tan peligrosa como Barrio 18 siendo fiscal?
-Inicié en el Ministerio Público de Guatemala hace 12 años y he ocupado varios puestos. Al principio, mi familia no quería que continuara debido a los casos que debía investigar, pero con el tiempo fui desarrollando un gran interés por el trabajo y las investigaciones, que debo decir, son sumamente fascinantes.
El primer caso que llevé a juicio contra la pandilla Barrio 18 resultó en un atentado ordenado por Carlos Agustín Reyes Popol, alias ‘El Joker’, quien mandó disparar 12 veces contra mi auto. Este incidente me dio la determinación para seguir adelante con mi trabajo. No hay satisfacción mayor que llevar justicia a quienes no pueden pedirla.
-¿Podría relatar en detalle cómo vivió el atentado en el que estuvo a punto de perder la vida?
-Mi caso fue muy particular porque estábamos desarrollando un método especial de investigación basado en interpretaciones telefónicas. En ese momento, yo tenía un vehículo de color azul.
Ellos hablaban en clave y, para identificar mi auto, lo llamaban “el pitufo” o “zetagas”, que son términos relacionados con el color azul. También lo mencionaban como el “Transurbano”.
Cuando salí de mi condominio, me esperaba una motocicleta con dos adolescentes, ya que quien ejecutó los disparos era un joven de 14 años. Durante todo el trayecto, ellos iban a la par mía en el tráfico. En ese momento, estaba dejando a mis hermanos en sus lugares de estudio. En medio del tráfico, un instante me hizo “voltear a ver”, y fue entonces cuando el chico se bajó de la moto y me apuntó directamente. Comencé a huir inmediatamente.
Me hicieron cuatro disparos mientras me perseguían e intenté escapar, pero choqué contra un vehículo. Ellos me alcanzaron y volvieron a disparar. Por suerte, el arma se encasquilló, lo que los obligó a huir. Afortunadamente, había policías y miembros del ejército de Guatemala cerca.
– Para finalizar, en América Latina se menciona frecuentemente el plan Bukele como ejemplo. ¿Cree que podría ser efectivo en nuestra región?
– Creo que el plan Bukele contra las pandillas podría sentar las bases para un cambio en los países de Latinoamérica, y podría ser replicado. Sin embargo, tras conversar con periodistas salvadoreños, me mencionan que este proyecto tiene un enfoque más mediático. El mostrar algunas escenas del CECOT no resuelve el problema real de las pandillas que afecta al país.
Creo que es necesario crear cárceles modelo con medidas de restricción, aunque siempre los derechos humanos limitarán la aplicación de correctivos o paliativos contra los privados de libertad. Sin embargo, considero que es posible implementarlo con el respeto del marco legal.