En el Perú, las niñas víctimas de abuso sexual continúan siendo obligadas a convertirse en madres. Solo en 2025, 993 menores de entre 0 y 14 años atravesaron embarazos forzados; una de ellas tenía apenas 10 años. Ahora, solo en enero de 2026, la cifra ya supera los 40 casos y, entre ellos, se ha registrado que al menos una niña fue obligada a convivir con su agresor, según cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV) del Ministerio de Salud (Minsa).
Este escenario se agrava en un contexto político e institucional que, lejos de reforzar la protección de la niñez, tolera y, en algunos casos, legitima prácticas que revictimizan a las menores. Las recientes declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui, quien señaló que dirige un albergue donde niñas de entre 10 y 13 años son acogidas para llevar sus embarazos hasta el parto, han encendido las alertas de especialistas, quienes advierten que estas situaciones reflejan fallas estructurales del Estado en la garantía de derechos fundamentales.
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Una problemática que persiste y se agrava
Para Rocío Gutiérrez, presidenta del movimiento feminista Manuela Ramos, las cifras no solo describen una emergencia social, sino una vulneración sistemática. “Lo que nos dicen estas cifras es que hay un grave problema de derechos humanos, de justicia social y de políticas públicas de protección a la niñez que el Estado no está atendiendo”, sostuvo.
Gutiérrez precisó que los embarazos infantiles no son hechos aislados, sino el resultado de una cadena de violencias. “Son niñas que se hacen madres como resultado no solamente muchas veces de una violación sexual, sino de una cadena de precariedad, pobreza, discriminación y exclusión”, indicó, subrayando que la mayoría de las afectadas son niñas de los sectores más pobres del país. “En niñas menores de 14 años, legalmente se configura un embarazo producto de un crimen, que es el abuso sexual, y obligarlas a continuar la gestación implica un acto de revictimización”, explicó Gutiérrez .
La abogada feminista Clea Guerra coincide en esta lectura y va más allá: “El embarazo forzado es considerado una forma de tortura, porque a la violencia sexual inicial se suma la negativa del Estado a garantizar el acceso a un procedimiento legal que proteja la vida y la salud de la niña”, señaló, recordando que esta calificación ha sido respaldada por comités internacionales de derechos humanos.
El rol del Estado y las responsabilidades pendientes
Especialistas coinciden en que el problema no es la ausencia de normas, sino su incumplimiento. El Ministerio de Salud cuenta con protocolos para la atención integral de niñas víctimas de violencia sexual, que incluyen la posibilidad del aborto terapéutico. Sin embargo, “las barreras administrativas y la falta de actuación oportuna hacen que muchas niñas lleguen a plazos límite y se les niegue un derecho legal”, explicó Clea Guerra.
La exministra de la Mujer Diana Miloslavich sostuvo que es urgente una investigación sobre las rutas de derivación utilizadas por el Estado. Esto tras las declaraciones de la congresista Milagros Jáuregui en las que afirma mantener desde hace 10 años un albergue en el que niñas de 10 a 13 años son forzadas a terminar su embarazo y llevar a cabo una maternidad no deseada. “Necesitamos saber cuál es la versión oficial del Ministerio de la Mujer y cómo están actuando las unidades de protección especial en estos casos”, afirmó, remarcando que el Estado debe rendir cuentas sobre la situación de los albergues y la atención brindada a las menores.
La exministra instó a la ciudadanía a no dar voz ni legitimidad pública a personas que promueven discursos o prácticas que vulneran los derechos humanos de las niñas y adolescentes, señalando que amplificar estas posturas contribuye a normalizar la violencia, el desconocimiento de sus derechos y la imposición de decisiones que las afectan gravemente, por lo que llamó a asumir una responsabilidad ética desde la sociedad y los espacios políticos y mediáticos.
Riesgos físicos, psicológicos y sociales
Los impactos de una maternidad impuesta en la infancia son profundos y duraderos. “Las niñas tienen entre cuatro y seis veces más riesgo de presentar complicaciones durante el embarazo, el parto y el posparto, y también sus recién nacidos”, advirtió Gutiérrez . A ello, señala, se suman las graves afectaciones a la salud mental, como depresión, ansiedad y riesgo de suicidio.
En el plano social, las consecuencias son igualmente devastadoras. “Una niña obligada a ser madre deja la escuela, pierde su principal entorno de protección y queda atrapada en un círculo de pobreza del que difícilmente podrá salir”, sostuvo la representante de Manuela Ramos.
Un desafío urgente
Las declaraciones que normalizan o romantizan la maternidad forzada en niñas generan preocupación entre organizaciones de derechos humanos. “Decir que tener un albergue para niñas obligadas a ser madres es un motivo de orgullo es, en realidad, la evidencia de que el Estado y la sociedad han fallado en protegerlas”, enfatizó Gutiérrez .
Mientras las cifras continúan en aumento, el país enfrenta un desafío urgente: dejar de desplazar el foco del agresor hacia el cuerpo de la niña y asumir, como Estado y sociedad, la responsabilidad de garantizar que ninguna menor sea obligada a cargar con una maternidad impuesta por la violencia y la desprotección institucional.
La República se contactó con el MIMP para obtener descargos, pero hasta al cierre de esta nota no se emitió un pronunciamiento oficial.
Canales de ayuda
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.
Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.
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