El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite una demanda de habeas corpus preventivo interpuesta a favor de la Embajada de México, con el objetivo de garantizar la inviolabilidad de su sede diplomática y proteger a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino.
El proceso se sigue contra la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.
La medida, presentada por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, surge como respuesta a presuntas declaraciones del presidente de la República, José Jeri, quien habría manifestado la posibilidad de usar la fuerza pública para ingresar a la embajada. El propósito de dicho ingreso sería ejecutar un mandato judicial de prisión preventiva contra Betssy Chávez.
Según el demandante, estas declaraciones constituyen una “amenaza real, cierta e inminente” que desconoce el artículo 22° de la Convención de Viena, el cual garantiza la protección de las sedes diplomáticas.
En ese sentido, argumentó que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial “podrían disponer órdenes de captura ejecutables dentro de una embajada extranjera, al carecer de jurisdicción material”.
Los requerimientos
Entre los pedidos formulados en la demanda figuran que se declare fundada la acción de habeas corpus; que se reconozca la existencia de una amenaza grave contra la inviolabilidad de la sede diplomática; que se prohíba a cualquier autoridad -incluido el presidente de la República, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial- ingresar, allanar o intervenir la Embajada de México; y que se dicten medidas cautelares urgentes para garantizar la protección del recinto diplomático.
También se solicita la entrega inmediata de un salvoconducto a Betsy Chávez Chino, la abstención de actos de hostigamiento, entre otros.
El juzgado ha dispuesto correr traslado de la demanda a la procuraduría pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.
Los emplazados cuentan con un plazo de tres días para absolver la demanda y presentar sus descargos antes de que se emita una sentencia.