La madrugada del viernes 29 de agosto hubo una emboscada a balazos contra tres personas desarmadas en el boulevard de Zárate, en San Juan de Lurigancho. El dueño, el administrador y el sonidista de la discoteca Gato Negro fueron ejecutados en plena vía pública.
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Un asesinato de este tipo concentra toda la violencia que marcó este año en el país: venganzas, ajustes de cuenta y ataques contra personas, donde se utilizaron armas de fuego y que tienen en común, en muchos casos, la disputa de una economía criminal o entre bandas delictivas.
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Perú terminará este año con cifras de homicidios que superan a las de años anteriores. Al cierre de 2025 se produjeron 2.213 delitos contra la vida, con un promedio de 6.07 homicidios diarios, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
El año pasado hubo 2.083 homicidios y en el 2023 la cifra alcanzó 1.511, con promedios de 5.60 y 4.14 crímenes diarios, respectivamente. La cantidad de asesinatos en este año supera a la de todos los años registrados desde el 2017 (678), 2018 (927), 2019 (1.139), 2020 (1.018), 2021 (1.416) y 2022 (1.539). Para el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, son cifras que demuestran la aceleración marcada de la violencia.
Pero, el mapa criminal, desde que asumió la presidencia interina José Jerí, es igual de preocupante.
Según el analista de datos, Juan Carbajal, en los primeros 80 días de la gestión del mandatario se incrementó a 444 el registro de homicidios, de acuerdo a los datos oficiales del gobierno por medio del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Y esto aún con registros por actualizar.
El especialista asegura que alrededor del 80% han sido ocasionados por proyectil de arma de fuego (PAF). El promedio diario de registros de homicidios durante el gobierno de José Jerí es de 5.55 el cual es superior a lo registrado durante el período de Dina Boluarte (5.25).
SOLO EN LIMA Y CALLAO
El 12 de diciembre último, sicarios victimaron a dos hermanos cuando salían de una vivienda, en San Luis. Henry y Kevin Unoc salieron a realizar trabajos de construcción civil cuando dos sujetos en moto abrieron fuego. La madre de los dos jóvenes negó que hayan sido extorsionados.
Los datos acumulados marcan un repunte de la violencia en Lima y Callao, durante el estado de emergencia: 113 homicidios registrados tras los primeros 55 días de esa medida (y aún con registros por actualizar). Asimismo, más del 80% fueron causados por proyectil de arma de fuego.
Los distritos por mayor cantidad de crímenes son San Martín de Porres (16) y Puente Piedra (7) en la zona de Lima Norte. San Juan de Miraflores (8) y Villa el Salvador (6) en la zona de Lima Sur. Ate (11) y El Agustino (6) en la zona de Lima Este. Cercado de Lima (5) y San Juan de Lurigancho (5) en la zona de Lima Centro. Bellavista (7) y Callao (5) en la provincia constitucional del Callao.
Dentro de los datos oficiales del Sinadef durante el gobierno de Jerí, hay 57 registros de muertes violentas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, pero que, sin embargo, aparecen como ‘ignoradas’, es decir, no tienen una clasificación de tipo de muerte: 32 son de Lima y 4 de el Callao.
Las balaceras contra transportistas, en domicilios o en lugares públicos, que fueron los rasgos más críticos de la violencia, dejaron a lo largo de este año impactantes registros. De enero al 23 de noviembre, 68 personas vinculadas al transporte urbano fueron asesinadas en medio de ataques extorsivos (65 pruanos y 3 venezolanos).
El conductor de la empresa de transporte público LIPETSA, Daniel José Cedeña Alfonso, fue asesinado el 4 de octubre en la avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores. El 11 de noviembre, Edgar Alexander Vargas Solís (47), de nacionalidad venezolana, quien se encontraba cumpliendo su jornada habitual de transporte en una unidad que cubría la ruta Cercado de Lima–Callao, también fue ultimado a tiros.
De los 2.113 homicidios registrados al 11 de diciembre, 1.537 (72.7%) fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego. Dentro de los registros oficiales del Sinadef, hay más de 300 muertes violentas ocasionadas por PAF en el año 2025, pero que sin embargo aparecen como ‘ignoradas’, dice Juan Carbajal.
Y añade que tal situación también ocurrió en años anteriores, con lo cual de sincerarse tales registros conllevaría a que los números de homicidios anuales serían mucho mayores a los actuales registrados.
ARRIOLA CUESTIONA AL SINADEF
En el gobierno de Jerí tienen la idea constante de mantenerse muy atentos sobre el menor rasgo de nuevos repuntes de violencia porque saben que las organizaciones criminales están activas, aunque agazapadas ante un mayor control del espacio público.
Reafirmando la posición del Ejecutivo, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, cuestionó las cifras de crímenes en el país señalando que el Sinadef no ofrece datos exactos sobre los homicidios.
El oficial manifiesta que la PNP tiene registros propios elaborados en coordinación con médicos legistas y el Ministerio Público, los cuales reflejan con mayor precisión la magnitud de la violencia criminal.
Detalló que los asesinatos registrados por la PNP en los últimos tres meses, correspondientes solo a hechos criminales son: octubre: 82 homicidios, noviembre 74 y diciembre 54 (hasta el día 21).
El oficial cuestionó que en algunos reportes se incluyan, dentro de la categoría de ‘muertes violentas’, accidentes de tránsito, accidentes laborales, suicidios y casos con causa indeterminada, lo que -según indicó- distorsiona el análisis real de la criminalidad. “Se colocan cifras que no corresponden exclusivamente a delitos. Eso genera confusión en la población”, agregó.
PLANES NO SAN RESULTADOS
El exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, indicó a La República que los planes contra la inseguridad del presidente José Jerí “no han dado resultados”. Manifestó que la estrategia formulada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el Ejecutivo “se ha concentrado básicamente en generar un cambio del estilo de comunicación más que una estrategia de investigación criminal”.
“El estado de emergencia viene demostrando su fracaso; no han frenado ni las extorsiones ni los asesinatos… La mayoría de crímenes, más allá de las muertes violentas, están relacionadas con la extorsión. Pese a que han generado leyes para proteger al transportista o cambios en la estructura policial, todos estos son cambios cosméticos, un marketing publicitario de la imagen del presidente”, enfatizó Valdés.
Estas cifras siguen afectando la confianza y percepción de las personas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el semestre enero-junio de 2025, el 52.2% (+12.8 puntos porcentuales, con respecto al mismo periodo del año previo) de la población colocaba a la delincuencia como uno de los principales problemas del país.
Por su parte, el 19.7% (+3.4 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior) de la población colocaba a la falta de seguridad ciudadana como otro de los principales problemas del país. Ambas consolidan su posición como segundo y tercer mayor problema en el Perú, respectivamente, solo por detrás de la corrupción.
Este conjunto de datos evidencia que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado no solo no está dando resultados, sino que la población lo percibe como un problema que va empeorando y al cual el Gobierno no puede hacerle frente.
Dicha situación tiene un impacto económico muy fuerte, pues los costos directos del crimen y la violencia en el Perú alcanzan el 2.82% del PBI, lo que socava las expectativas de personas y empresas.
Si bien la lucha contra la inseguridad ciudadana es una de las funciones a cargo del gobierno nacional, los gobiernos locales juegan también un rol importante.
Ayer, a plena luz del día, sicarios asesinaron a balazos al conductor de un autos-colectivo Oscar Armando León Fernández, en el distrito del Rímac. Fue atacado dentro de su vehículo en la avenida Francisco Pizarro, muy cerca de un puesto policial.
Y horas antes, el venezolano Maycker Yépez Escalona (24) fue asesinado a pocos metros de la Plaza Dos de Mayo. Mientras que en Comas fue acribillado el también venezolano John Lord Contreras (35). Y el año aún no acaba.
ESTADOS DE EMERGENCIA, UN FRACASO
El exdirector general de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, dijo que los 17 estados de emergencias -si se incluyen las prórrogas- en los últimos tres años “han sido un fracaso”.
Pérez Rocha enfatizó que la Dirección de Inteligencia de la PNP “conoce los lugares donde están los centros de operaciones de las bandas criminales que extorsionan” y relacionó esta deficiencia con los actos de corrupción de los efectivos.
“El verdadero éxito de la estrategia del gobierno dependerá de su ejecución sostenida, la vigilancia permanente del Conasec y, sobre todo, de la captura de los verdaderos cabecillas de las mafias de extorsión y sicariato que operan en la capital”, precisó.