El caso de Walter Jacobo Gutiérrez, ingeniero y excandidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho, volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que se conociera que inició una nueva demanda contra la casa de lujo Louis Vuitton. La acción legal surge tras una larga controversia que comenzó en el 2022, cuando la marca francesa lo acusó de importar productos falsificados, pese a que estos habían sido adquiridos en una tienda oficial en Estados Unidos.
Tres años después, el conflicto sumó un nuevo capítulo. El proceso iniciado por la firma internacional fue declarado infundado y la empresa fue condenada a asumir las costas y costos del litigio. Ante la negativa de Louis Vuitton a conciliar por los daños que asegura haber sufrido, Gutiérrez decidió acudir nuevamente a los tribunales y exigir una reparación económica de USD 20 millones.
La controversia se originó tras un viaje de Walter Jacobo Gutiérrez a Estados Unidos, donde adquirió diversos artículos de Louis Vuitton en la tienda oficial ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York. Al regresar al Perú, las compras fueron retenidas por la Aduana en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, bajo la sospecha de que se trataba de productos falsificados.
La intervención se produjo luego de que la propia marca alertara sobre supuestas irregularidades en los artículos. Según la acusación inicial, algunos detalles de los diseños —como flores y letras en las etiquetas— presentaban deformaciones que, a criterio de la empresa, no coincidían con sus estándares de fabricación.
Con base en esa evaluación, Louis Vuitton presentó una denuncia ante Indecopi. El organismo aceptó inicialmente el planteamiento de la empresa y sancionó a Gutiérrez con una multa de 4,8 UIT, equivalente a cerca de S/ 18.000, además de mantener retenidos los productos.
Para el entonces excandidato municipal, la decisión representó no solo una pérdida económica, sino también un daño reputacional. A pesar de contar con los comprobantes de compra, estos no fueron considerados de manera determinante en la primera etapa del procedimiento administrativo.
Frente a la sanción, Gutiérrez optó por apelar. Como parte de su defensa, solicitó a su entidad bancaria los reportes detallados de las transacciones realizadas en la tienda de Louis Vuitton en Nueva York. Esa documentación permitió acreditar que las compras se efectuaron en un establecimiento oficial y con medios de pago formales.
Las pruebas resultaron clave para que Indecopi revirtiera la decisión inicial. En una segunda instancia, el organismo determinó que la acusación carecía de sustento suficiente y ordenó que la marca asuma los gastos del procedimiento, evidenciando deficiencias en la evaluación realizada por la empresa antes de denunciar al consumidor.
Tras el fallo favorable, Gutiérrez cuestionó duramente a Louis Vuitton por haber iniciado el proceso sin una revisión exhaustiva de los productos. “Si Louis Vuitton produce artículos defectuosos, es lamentable que hayan bajado sus estándares de calidad”, afirmó, al señalar que la empresa trasladó al cliente las consecuencias de sus propios errores.
El caso generó debate sobre los mecanismos de protección al consumidor y el poder que tienen las grandes corporaciones en disputas vinculadas a propiedad intelectual, especialmente cuando se trata de operaciones de comercio transfronterizo.
El 8 de julio del 2025, tres años después de iniciada la controversia, la demanda fue declarada infundada. La resolución incluyó la condena a Louis Vuitton al pago de las costas y costos, luego de que la empresa desistiera del proceso al comprobarse la autenticidad de los productos mediante los vouchers originales.
Este desenlace marcó un punto de quiebre en el caso, al confirmar que la acusación de falsificación no pudo sostenerse legalmente.
Gutiérrez sostiene que el conflicto tuvo consecuencias más allá del ámbito legal. Al momento de la incautación y la denuncia, se encontraba en plena campaña electoral por la alcaldía de San Juan de Lurigancho. Según su versión, la acusación lo perjudicó políticamente, pues fue señalado como “vendedor de cosas falsas”, una imagen que, asegura, fue aprovechada por adversarios políticos.
Además, denuncia que nunca recuperó los cinco pares de zapatos decomisados, cuyo paradero sigue siendo desconocido, pese a haberse demostrado su autenticidad.
De acuerdo a las redes sociales de Gutiérrez, en noviembre envió dos cartas notariales de conciliación a Louis Vuitton, solicitando una reparación por los daños materiales y morales sufridos. Ante la falta de respuesta de la empresa, decidió iniciar una nueva demanda judicial por USD 20 millones.
Para el demandante, el fondo del conflicto no es solo económico, sino también simbólico. A su juicio, el caso evidencia cómo una marca de lujo puede equivocarse al no reconocer sus propios productos y, aun así, generar perjuicios prolongados a un cliente. La nueva demanda busca, según su entorno, una reparación integral tras años de litigio y exposición pública.