En el Perú, cuando una institución pública maneja recursos para proteger el patrimonio arqueológico, uno esperaría rigor, evaluación técnica y decisiones impecables. Pero la historia suele transitar por otro camino. La Unidad Ejecutora 010 Chankillo, a cargo del arqueólogo Iván Ghezzi Solís, se ha convertido en un nuevo caso que alimenta las dudas sobre la transparencia y la integridad del Ministerio de Cultura. Lo que se observa en las contrataciones de los últimos meses no es un simple listado administrativo: es un patrón que –como en tantos episodios del sector Cultura– huele a círculo cerrado, a favores entre conocidos y a presupuestos gastados con más entusiasmo que prudencia.
El complejo arqueoastronómico de Chankillo, con más de 2,200 años de antigüedad, es una pieza monumental en la historia del continente. Su declaratoria como Patrimonio Mundial en 2021 debería haber significado un fortalecimiento institucional para su protección. Pero como suele ocurrir con los títulos honoríficos en el Estado peruano, su valor simbólico no se traduce necesariamente en una gestión transparente. La Unidad Ejecutora responsable, creada para garantizar la investigación, conservación y puesta en valor del sitio, hoy enfrenta cuestionamientos profundos: pagos millonarios a especialistas cercanos, servicios cuya magnitud no se observa en el terreno, asesores con doble ingreso estatal y un presupuesto limitado que, aun así, se gasta como si fuera abundante.
Chankillo.
La figura central es Iván Ghezzi. No es un novato en la burocracia cultural: egresado de la PUCP, asesor del despacho ministerial durante la gestión de Leslie Urteaga y ahora responsable del CAS 379-2025, obtenido a finales de julio bajo la administración del entonces ministro investigado por la Fiscalía Fabricio Valencia Gibaja. Su trayectoria es conocida, pero la manera en que su Unidad Ejecutora ha asignado recursos abre más interrogantes que certezas.
S/ 230 mil y una mesa en Mi Barrunto
El episodio que más suspicacias genera pertenece al 18 de septiembre de 2024. Ese día, mediante una Adjudicación Simplificada, la Unidad Ejecutora 010 otorgó a Barthelemy Jean-Christian d Ans un contrato por S/ 230,000 para realizar mediciones arqueoastronómicas en los valles de Casma, Sechín y Nepeña. Un trabajo especializado, sí. Un monto significativo, también. Y un proceso que, aunque formalmente correcto, adquiere otro matiz cuando uno revisa lo que ocurrió después: d Ans fue visto celebrando y compartiendo animadamente con Ghezzi en la cebichería «Mi Barrunto», en compañía también de miembros del entorno de confianza del jefe de la UE.
Si este fuera un país con instituciones impecables, la escena podría interpretarse como una coincidencia entre profesionales del mismo campo académico. Pero en el Perú, donde la historia reciente del Ministerio de Cultura está plagada de consultorías infladas, redes de funcionarios amigos, y contratos aparentemente diseñados para beneficiar a actores recurrentes, la imagen adquiere otra dimensión.
Iván Ghezzi junto a Barthelemy Jean-Christian d Ans y el equipo de Chankillo en cebichería ‘Mi Barrunto’ entre comida y cervezas.
La pregunta es inevitable:
¿Puede un contrato de casi un cuarto de millón de soles sostenerse únicamente con informes técnicos que nadie ha visto públicamente y cuyos resultados en el sitio de Chankillo no son evidentes para la comunidad arqueológica ni para el ciudadano común?
Ghezzi defiende la adjudicación: asegura que fue un proceso formal, que existió indagación de mercado y que d Ans ganó porque cumplió todos los requisitos. Según su versión, incluso hubo observaciones y se subsanaron. Sin embargo, cuando se le pide algo básico –el nombre de quienes integraron el comité que evaluó las propuestas– responde que no lo recuerda. No es un dato menor; es la primera línea de control en una contratación millonaria. Pero la memoria del funcionario, justo ahí, parece diluirse.
La adjudicación simplificada permite a las entidades públicas contratar mediante un proceso más rápido, en el que el comité de selección elige al postor que cumple los requisitos y presenta la mejor propuesta según las bases. El contrato, además, incluye una cláusula anticorrupción, en la que el contratista se compromete a actuar con honestidad, evitar actos ilegales y no colocar a los funcionarios del ministerio en situaciones incompatibles con la ética.
Una asesora con jugosas órdenes de servicio
La historia no se limita al caso d Ans. El 15 de enero de 2025, la arqueóloga María Belén Gómez de la Torre emitió una orden de servicio de S/ 40 mil para realizar un trabajo especializado sobre patrimonio mundial en la Unidad Ejecutora 010.
Nueve días después, el 24 de enero, emitió otra orden de servicio, también por S/ 40 mil, esta vez para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Es decir, dos servicios casi simultáneos para dos entidades distintas, con montos idénticos y responsabilidades de alto nivel técnico. En el papel no es ilegal, pero sí plantea una duda razonable sobre la capacidad real para ejecutar trabajos complejos y simultáneos en sectores que requieren dedicación plena.
Gómez de la Torre no es ajena al Ministerio de Cultura. Fue directora de Programa Sectorial IV en 2020, designada durante la gestión de Alejandro Neyra. Su renuncia llegó en septiembre de 2021, bajo la administración de Ciro Gálvez. Más allá de la carrera formal, en el ambiente arqueológico su nombre se asocia más a los vínculos institucionales que a logros de gestión. Y sin embargo, vuelve a aparecer –y con montos significativos– en un momento en que la Unidad Ejecutora 010 maneja un presupuesto que, como reconoce el propio Ghezzi, no es precisamente holgado.
Nuevas contrataciones, viejas redes
A las contrataciones de d Ans y Gómez de la Torre se suman otras que fortalecen la sensación de un núcleo cerrado operando desde la UE 010 Chankillo:
- Natalia Guzmán Requena, también de la PUCP, exdirectora general de la DGPAI, contratada por S/ 40 mil para “asesoría técnica y monitoreo”.
- Oswaldo Adolfo Arboleda Gálvez, contratado el 14 de enero por S/ 40 mil para seguimiento y coordinación administrativa.
- Alcides Ricardo Álvarez Vera, contratado el 13 de marzo por S/ 20 mil para un servicio especializado en arqueología, con funciones directivas en un proyecto de investigación.
Los nombres no sorprenden a quienes han seguido la dinámica del Ministerio de Cultura durante los últimos años. Son profesionales que retornan una y otra vez, conectados entre sí por trayectorias académicas compartidas, posiciones previas, vínculos de confianza y, en algunos casos, cercanía directa con los responsables de turno. En una institución con problemas históricos de transparencia, estas coincidencias son cualquier cosa menos inocentes.
Resulta indispensable subrayar que Chankillo es un Sitio del Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO en 2021 y que cuenta, desde 2020, con un Plan de Manejo aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 077-2020-MC. Este documento no solo establece lineamientos, sino obligaciones precisas para toda intervención vinculada al sitio. Sin embargo, nada de lo actuado en las contrataciones revisadas se ajusta a ese marco normativo. El contrato del consultor —por definición— debía estar articulado con el presupuesto de los proyectos consignados en el Plan de Manejo y, además, contar con el visto bueno de tres instancias obligatorias: la DDC Áncash, la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial. La propia norma lo estipula con claridad. Cuando ese circuito de validación se omite, la consultoría pierde legitimidad técnica y se convierte, en la práctica, en un servicio arbitrario y contrario al procedimiento legal establecido.
De acuerdo con la Parte V del Plan de Manejo —“Implementación del Plan. Programas y Proyectos”—, toda consultoría vinculada al Sitio Arqueológico Chankillo debe corresponderse con alguno de los programas oficialmente aprobados y valorizados, cada uno con su presupuesto asignado. Ese vínculo no solo es una referencia técnica: es un requisito. No obstante, ninguna de las órdenes de servicio ni contratos analizados refleja dicha correspondencia, lo que constituye una omisión estructural que compromete el sentido mismo del Plan.
La situación se repite en los casos de María Belén Gómez de la Torre, Natalia Guzmán Requena y Alcides Álvarez Vera. Es cierto que todos ellos tienen órdenes de servicio asociadas al Sitio Arqueológico Chankillo como Patrimonio Mundial. Sin embargo, eso no es suficiente: cada contratación debía ser validada por los mismos órganos de línea mencionados anteriormente. Ese paso no figura en los expedientes.
En cuanto a la trayectoria de los consultores, basta revisar la información disponible. Belén Gómez de la Torre tiene experiencia reconocida, aunque diversas fuentes coinciden en que suele apoyarse más en su red de relaciones personales que en criterios técnicos. Alcides Álvarez Vera, arqueólogo formado en San Marcos, ha estado de manera constante vinculado a las iniciativas de Iván Ghezzi. En el caso de la Lic. Natalia Guzmán Requena, su incorporación resulta especialmente sensible por su antecedente: fue directora de Gestión de Monumentos de la DGPAI durante la gestión del viceministro Luis Felipe Villacorta, alto funcionario del Ministerio de Cultura que renunció tras el escándalo de las licitaciones relacionadas al Rally Dakar 2019. Diversos documentos muestran que Guzmán accedió a dicho cargo debido a su cercanía con Ghezzi.
Una revisión de su perfil de LinkedIn revela un detalle llamativo. En su currículum público figura como fecha de término de su función como directora de Gestión de Monumentos el mes de octubre de 2018. Sin embargo, el escándalo del Dakar —que detonó la crisis institucional y la salida de Villacorta— ocurrió en noviembre de 2018. El desfase de fechas no es menor: sugiere, al menos, un intento por desmarcarse públicamente de aquel episodio que marcó a la alta dirección del Ministerio de Cultura.
De allí surgen las preguntas más urgentes:
¿Se están usando los recursos de la UE 010 para contratar a especialistas indispensables o para reafirmar un círculo de aliados profesionales?
¿Por qué una Unidad Ejecutora con un presupuesto de apenas tres millones de soles destina montos tan altos a contrataciones puntuales?
¿Qué resultados concretos se pueden ver en el terreno que justifiquen esos pagos?
Iván Ghezzi responde a los cuestionamientos
Lima Gris se comunicó con el responsable de la Unidad Ejecutora 010 Chankillo para que respondiera por la contratación de Barthelemy Jean-Christian d Ans, los vínculos que mantendría con él y el uso del presupuesto asignado.
La primera aclaración que dio fue respecto al señor Barthelemy Jean-Christian d Ans:
“En primer lugar, el señor d Ans es peruano, obviamente es de origen extranjero, pero tiene DNI; si no, no podría participar”.
Luego explicó que la contratación no fue directa:
“Por el monto se trata de un proceso; no es una contratación directa. Los procesos requieren una indagación de mercado que establece el monto a ofertar, y luego un procedimiento a través del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado). Se han seguido todos los pasos del proceso y recuerdo que hubo observaciones. Se subsanaron y el señor d Ans resultó ganador. Creo que no se presentó nadie más; y si se presentó fue descalificado”.
Cuando se le consultó los nombres de los miembros del comité que evaluaron al contratista, respondió:
“Eso sí no podría recordar. En ese momento no teníamos ningún CAS; la Unidad Ejecutora se formó recién en marzo del año pasado y este proceso ha sido el año pasado. Diferentes áreas del Ministerio de Cultura conformaron la comisión, pero no eran personal de la Unidad Ejecutora. No podría recordar quiénes fueron, pero la documentación está ahí”.
Respecto al monto de S/ 230 mil, Ghezzi defendió el gasto:
“Tendría que solicitar los informes para que vea la calidad y cantidad de trabajo realizado. Se han investigado 15 sitios en los valles de Casma y Nepeña, con bastante trabajo de campo y una serie de instrumentos. Aproximadamente 12 de estos sitios tienen alineamientos astronómicos muy significativos. Estamos elaborando expedientes para que ingresen a la lista de sitios de tentativa de patrimonio mundial.»
Sobre si mantiene una relación personal con d Ans, Ghezzi afirmó:
“El mundo de la arqueología es chico, y el de la arqueoastronomía es aún más pequeño. No hay más de cinco personas en el Perú que podrían hacer este trabajo; yo mismo no me llamo arqueoastrónomo. El señor d Ans es el único que tiene título de arqueoastrónomo. Lo conozco porque está en el tema hace muchos años. Hasta hace una semana era presidente de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura y es presidente del Instituto Nacional de Astronomía; y evidentemente siempre he sabido de él y de sus trabajos, pero no hay una relación personal más allá de la profesional”.
Sobre el presupuesto de la unidad ejecutora, señaló:
“El año pasado comenzamos con un monto designado por el Congreso, pero a mitad de año se nos recortó la mitad. Este año hemos empezado con un buen Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y hemos cerrado casi con cinco millones, dado que nuestro nivel de ejecución ha sido el más alto del Ministerio de Cultura durante varios meses».
Finalmente, respecto a si las personas contratadas eran “allegadas”, Ghezzi respondió:
“No entiendo bien qué es ser un allegado. Y si la pregunta es si son amigos personales, no, ninguno. El señor Alcides ha trabajado como arqueólogo en Chankillo durante varias temporadas. La señora Guzmán ha sido funcionaria del Ministerio de Cultura durante varios años y por eso se le contrató como asesora, por sus conocimientos, su experiencia. Pero con ninguna de las personas que acabo de mencionar, hay una amistad personal; todas son relaciones profesionales y obviamente también se forma una relación, pero todas son profesionales, todas están trabajando de una u otra manera, en sus servicios”, concluyó.
Un Ministerio con arrugas antiguas
El Ministerio de Cultura no es nuevo en estas practicas. Desde su creación, ha acumulado denuncias por consultorías infladas, adjudicaciones dirigidas, proyectos fantasmas y unidades ejecutoras utilizadas para pagar favores políticos o profesionales. La institución se ha convertido en un terreno fértil para redes de confianza, donde los mismos nombres circulan de un cargo a otro, de un proyecto a otro, y de una asesoría a otra.
La Unidad Ejecutora 010 Chankillo parece seguir ese libreto. Lo que en teoría debería ser una estructura técnica, dedicada a proteger un sitio único en el continente, termina funcionando con las mismas prácticas que han debilitado al sector Cultura durante años.
El problema no es técnico. Es estructural. Y en este tipo de estructuras, la línea que separa la gestión eficiente de la presunta corrupción se vuelve cada vez más delgada.
La obligación de rendir cuentas
La transparencia no se exige por capricho; es una obligación del Estado. Y cuando una Unidad Ejecutora gasta cientos de miles de soles en servicios cuya magnitud no se refleja claramente en el patrimonio que administran, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones.