A menos de un mes del inicio del estado de emergencia en Lima y Callao, las cifras confirman que la medida no ha contenido la violencia. De acuerdo con los datos oficiales del Gobierno vía SINADEF, entre el 22 de octubre y el 18 de noviembre se registraron 54 homicidios en estas dos jurisdicciones durante la vigencia de la medida. Este número muestra los últimos registros, pero casi a diario se reportan asesinatos vinculados a extorsión y sicariato. Este 20 de noviembre, dos hombres fueron asesinados en ataques distintos en Pachacámac, y el último 19 de noviembre un conductor fue interceptado y asesinado en plena avenida Grau. Estas escenas se repiten incluso con presencia militar en las calles.
La tendencia no es aislada. En lo que va del Gobierno de José Jerí —cifras del 10 de octubre al 18 de noviembre— Sinadef reporta 213 homicidios a nivel nacional, un promedio de 5,33 asesinatos por día, la cifra diaria más alta desde 2017. El 71% de estos crímenes fueron cometidos con arma de fuego; en Lima, ese porcentaje asciende al 88%. Incluso podría ser mayor, debido a los registros pendientes de actualización. Ya entre el 10 de octubre y el 14 de noviembre se acumulaban 187 homicidios, “con un promedio diario de 5,19, casi similar a los 5,25 registrados durante el Gobierno de Dina Boluarte”, según los datos sistematizados por el analista Juan Carbajal.
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En los primeros 26 días del estado de emergencia, los distritos más críticos son San Martín de Porres, Ate, Puente Piedra, Villa El Salvador, Los Olivos y Carabayllo, que concentraron 31 homicidios, con 28 de ellos cometidos con arma de fuego. La zona norte de Lima destaca como la más violenta al concentrar la mitad de los asesinatos ocurridos durante la emergencia hasta el 16 de noviembre. Previo a la medida, el número era menor, con solo 18 homicidios desde el 26 de setiembre hasta el 21 de octubre.
Extorsión y sicariato no paran en Lima y Callao
Pese a que no se evidencia una reducción en el crimen, el Gobierno anunció que el estado de emergencia será prorrogado nuevamente. La medida, sin embargo, no llega acompañada de metas verificables. “Lo que se necesita es una orientación táctica… ¿se quiere reducir la victimización por extorsión, se quiere reducir los homicidios?”, cuestiona el experto en seguridad Nicolás Zevallos, quien advierte que el Ejecutivo debe definir objetivos cuantificables para evaluar resultados. “El indicador principal… tiene que ver con el homicidio. Deberíamos reducir los homicidios”.
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza coincide en que la estrategia sigue enfocándose en las etapas finales del delito, sin desarticular la estructura detrás. “Con la policía en los vehículos se puede evitar las acciones finales del proceso de extorsión… pero esa es la fase final”, explica. Para él, el eje debe ser la inteligencia: “Si seguimos solo preocupándonos por quienes disparan, el fenómeno extorsivo va a seguir irremediablemente”. Añade que el Gobierno deberá demostrar en esta prórroga “si es más de lo mismo o realmente se ha comenzado a hacer lo único que sirve para combatir la extorsión, que es la inteligencia”.
A ello se suma la mirada del exministro Ricardo Valdés, quien cuestiona si existió o no un análisis profundo de la realidad o un programa operativo claro. “Todo estado de emergencia debe partir de información reconfirmada de la criminalidad que se quiere golpear. Si el objetivo es el sicariato y la extorsión, entonces la policía y el Ministerio Público debieron recopilar toda la información de denuncias, informes y reportes de inteligencia para construir un plan de persecución de líderes criminales”. Un mes después, al no haber resultados, la conclusión es evidente: “Algo ha ocurrido. No han terminado de elaborar el estado de emergencia con base en información detallada y seguimiento de objetivos. No se ha usado la herramienta para desarticular organizaciones”.
Sobre las medidas anunciadas (militares en las calles, policías de civil), Valdés es claro: no son nuevas y ya se usaron antes. La diferencia, dice, está en “matices políticos”, una narrativa más activa y visible del Ejecutivo, pero sin cambios estructurales. “Si las cosas siguen mal, ese aire nuevo empieza a ser tóxico. Deja de ser nuevo y se convierte en lo de siempre”.
A nivel político, el analista Luis Benavente señala que el estado de emergencia tiene también un componente simbólico: “Todo gobierno busca ganar adhesión con cada decisión”. Además, enfatiza que la ciudadanía exige impactos rápidos y que un fracaso en seguridad “puede dar pie a una oposición creciente”.
Homicidios a nivel nacional
Mientras tanto, los números siguen creciendo. Entre el 1 de enero y el 18 de noviembre, SINADEF ha registrado 1.980 homicidios en todo el país, una tendencia que apunta a que el 2025 superará los niveles del 2024. En Lima y Callao, la violencia avanza sin mostrar señales de retroceso, pese al despliegue militar, los operativos en cárceles y los anuncios de nuevas medidas. La ausencia de metas claras, la falta de información pública sobre resultados y la repetición de estrategias ya aplicadas en gestiones anteriores alimentan la percepción de estancamiento.
Para el exministro Valdés, hay soluciones más inmediatas que sí podrían funcionar: digitalizar toda la información existente de denuncias con apoyo de universidades, contratar vigilancia externa especializada en los penales (incluido control de ingreso del personal del INPE) y obligar a que todas las motos nuevas y renovaciones de SOAT incluyan GPS. “Así sí se podría saber qué moto estuvo en un ataque específico a una hora exacta”, explica. Para el exfuncionario Pedraza, la evaluación será inevitable: “La única forma de medir resultados es la reducción de víctimas y el reporte del número de bandas capturadas”. Por ahora, los datos de vidas perdidas indican lo contrario.
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