El pleno del Congreso no alcanzó los 68 votos necesarios para inhabilitar a la ex primera ministra Betssy Chávez de la función pública, por su participación en el golpe de Estado que ejecutó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.
La votación final —63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones— permitió el blindaje a la exjefa del Consejo de Ministros. La falta de cinco adhesiones evidenció que se mantiene la relación de varias bancadas con Chávez y Castillo.
Newsletter Mientras Tanto
Se opusieron a la inhabilitación los congresistas de Podemos Perú, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular. También se registraron ausencias clave.
En la decisión pesaron los vínculos políticos y electorales de cara a las elecciones generales del 2026. Podemos Perú ha anunciado la precandidatura del abogado Raúl Noblecilla, defensor legal de Chávez, como vicepresidente de la República y senador.
Juntos por el Perú, liderado por el congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, busca llevar a Pedro Castillo como candidato al Senado.
En tanto, la Bancada Socialista está conformada por exintegrantes y aliados políticos de Castillo.
Los congresistas de izquierda Roberto Sánchez, Jaime Quito, Pasión Dávila y Alex Flores durante la votación. Sus bancadas se opusieron a la inhabilitación de Chávez. Foto: César Bueno | GEC
Durante el debate parlamentario, los congresistas Alex Flores y Jaime Quito, ambos de esta última bancada, retomaron el argumento central de la defensa de Chávez: su supuesta condición de víctima de persecución política.
Previamente, el abogado Noblecilla dijo ante el pleno que la propuesta de inhabilitación buscaba silenciar a una figura incómoda para la derecha peruana.
No estuvieron presentes en la votación los congresistas Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), Digna Calle (Podemos), Augusto Reyes Cam (Perú Libre), Germán Tacuri (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), José Pazo (Somos Perú), Juan Carlos Mori, Marleny Portero (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia), Carlos Anderson y Vivian Olivos (no agrupados).
En tanto, los integrantes de la Comisión Permanente quedaron impedidos de participar en la decisión del pleno. El reglamento del Congreso les prohíbe intervenir en la votación de acusaciones constitucional en esa instancia.
Sustento
La propuesta para inhabilitar a Chávez fue presentada ante el pleno por el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia). Esta se originó a partir de una denuncia constitucional presentada por la legisladora Patricia Chirinos (Renovación Popular) en marzo del 2023.
Durante su exposición, Montoya aseguró que ha quedado demostrada la participación activa de Chávez en el golpe de Estado del 2022.
La acusó de infringir los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución, referidos a los deberes ciudadanos, la obligación de los funcionarios públicos de actuar con probidad y la naturaleza del poder estatal, que no puede ejercerse fuera del marco constitucional.
Reconsideraciones
Tras la derrota de la propuesta de inhabilitación, congresistas de Renovación Popular y Fuerza Popular presentaron pedidos de reconsideración. Estas solicitudes mantienen abierta la puerta para una futura votación que podría alterar el resultado.
Una fuente de El Comercio señaló que las reconsideraciones no se votaron en la misma sesión del pleno porque los promotores de la inhabilitación aún no contaban con los 68 votos necesarios.
Por el mismo caso, Chávez enfrenta un juicio oral que se encuentra en su etapa final. En este se han revelado pruebas sobre las coordinaciones que realizó para quebrar el orden constitucional.
Para el Ministerio Público, está acreditado que Chávez tuvo una participación activa en el mensaje a la Nación en el que Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un “gobierno de excepción” y la reorganización del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional.
No obstante, ella consiguió recientemente que el gobierno mexicano le otorgue asilo político.
La ex primera ministra permanece en la Embajada de México en Perú, a la espera de que el gobierno de José Jerí le entregue un salvoconducto que le permita viajar a ese país.
Con ello busca evitar volver a la cárcel ante una eventual sentencia condenatoria por rebelión, delito por el cual la fiscalía ha pedido una pena de 25 años de prisión.
Por este caso, cumplió prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, pero recuperó su libertad por orden del Tribunal Constitucional.
La decisión de México de otorgar asilo desencadenó en una crisis diplomática que llevó al gobierno de Jerí a romper relaciones con la administración de Claudia Sheinbaum.
El canciller Hugo de Zela anunció el lunes pasado que viajará a Washington, Estados Unidos, a más tardar a inicios de diciembre, para presentar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta peruana que busca modificar los procedimientos de concesión de asilo político.
Más información
La Comisión Permanente tenía previsto debatir este jueves 20 otro informe final que recomienda acusar e inhabilitar por 10 años a Castillo y Chávez por presuntamente vulnerar 18 artículos de la Constitución, por el golpe de Estado. No obstante, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, informó que, solo en el caso de Castillo, será reprogramado para la próxima semana, por solicitud de este, pues no tendría abogado.
La acusación constitucional responde a denuncias presentadas por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País).