Lucinda Vásquez vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Un reportaje de Cuarto Poder exhibió la tesis de la Fiscalía en el que caso que involucra a Vásquez por presuntamente haber ofrecido a docentes de su región, San Martín, el acceso a la prueba de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, cobrando por esta gestión ilícita la suma de tres mil soles. El expediente de la investigación, al que accedió el dominical, incluye conversaciones de WhatsApp, testimonios reservados y un registro detallado de comunicaciones telefónicas que evidencian estos hechos.
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Los chats de WhatsApp, provenientes de un ciudadano llamado Luis Sagastegui revelan el modus operandi de Vásquez: “Quienes empezaron a vender por orden de la congresista Lucinda Vásquez son Luis Zafra y el profesor Jorge Zafrando”, se lee.
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Además, otro de los principales testimonios proviene de un denunciante con identidad protegida, quien aseguró que la venta del examen fue coordinada “por orden de la congresista” y que el material fue distribuido en la madrugada del 13 de noviembre de 2021, día de la prueba. Este testigo envió en tiempo real balotarios de preguntas y fotografías como evidencia, lo que permitió a la Fiscalía comparar el material filtrado con el examen oficial.
Pese a las pruebas, Lucinda Vásquez ha negado reiteradamente su participación. Según su declaración ante el Ministerio Público, el día de la filtración se encontraba incomunicada y lejos de Tarapoto. Sin embargo, registros de geolocalización y llamadas telefónicas muestran lo contrario: ese día tuvo al menos una comunicación telefónica con uno de los presuntos coordinadores de la venta del examen, el ya mencionado médico Manuel Zafra.
Las llamadas entre Vásquez y Zafra son importantes en el caso. Entre setiembre y noviembre de 2021, ambos mantuvieron más de 50 comunicaciones, incluyendo una llamada de siete segundos el mismo día del examen docente. En paralelo, la fiscalía ha identificado otros presuntos cómplices cercanos a la congresista, como el también mencionado profesor Jorge Fasanando y los docentes Héctor Llamacponcca y Olga Chávez, quienes visitaron su despacho hasta veinte veces antes de la filtración.
Vásquez podría perder su inmunidad próximamente
Un detalle llamativo del expediente es el supuesto robo del celular de la congresista en Gamarra, justo después de iniciada la investigación. Vásquez aseguró que no presentó denuncia ni bloqueó el equipo, lo que según penalistas consultados debilita su credibilidad y sugiere una posible intención de ocultar evidencia clave de sus comunicaciones.
Tras aprobarse la denuncia constitucional en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lucinda Vásquez dependerá del voto del Parlamento. De superarse el antejuicio, perdería su inmunidad para ser procesada como cualquier ciudadano y podría enfrentar prisión preventiva si así lo estima el Poder Judicial.