La residencia diplomática mexicana, ubicada en el exclusivo distrito limeño de San Isidro, se ha convertido en el centro de atención tras el ingreso de la expremier Betssy Chávez, quien solicitó asilo político en medio de un proceso judicial por su presunta participación como coautora en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La expremier reside desde hace casi dos semanas en una vivienda de 752 metros cuadrados, recibiendo un trato privilegiado por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, declarada persona non grata por el Congreso peruano. De acuerdo con los registros de Perú21, la propiedad pertenece a Williams Kouri Bumachar, hermano del sentenciado exalcalde del Callao Álex Kouri, y Patricia Zacarías Gery, afiliada en los partidos Trabajando Juntos por San Isidro y Cambio Radical.
La residencia, que anteriormente sirvió de hogar al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa, presenta una infraestructura amplia y dotada de comodidades. La edificación incluye un sótano y garaje en la planta baja, así como varias áreas destinadas al descanso y recreación. El primer piso alberga una sala, un dormitorio con doble clóset, baño completo con acceso al jardín, medio baño, cocina, lavandería, escritorio, un hall de recibo y una terraza con puertas corredizas. El segundo nivel está reservado para un dormitorio principal con terraza privada y cuarto de vestir, un dormitorio adicional, dos cuartos de servicio, cuarto de costura, baños completos y un patio de tendido.
Según el medio citado, la construcción de la propiedad demandó una inversión de 825.000 soles peruanos, reflejando el alto valor y nivel de confort del entorno. Debido al retorno de Karla Ornelas, la encargada de la sede diplomática en Perú, la expremier solo tiene contacto con dos trabajadoras: una cocinera y una empleada de limpieza, quienes asumen las labores domésticas y gestionan las compras semanales en un vehículo diplomático.
El inmueble es vigilado por hasta cinco agentes de la Policía Nacional del Perú, y todos los gastos derivados de su estadía son asumidos por el gobierno mexicano hasta que se resuelva su situación. Raúl Noblecilla, quien ejercía su defensa, declaró que “nadie ha podido ir a visitar a Betssy Chávez; son las condiciones que ha puesto el mismo Estado asilante. Imagino que por temas de seguridad“.
El investigado por falsedad genérica e ideológica, dada la presentación de un dudoso certificado médico, manifestó preocupación porque la expremier de Pedro Castillo no cuenta con los suplementos médicos necesarios y enfrenta dificultades para comunicarse incluso con familiares.
El proceso judicial contra Betssy Chávez continúa abierto. La Fiscalía solicitó al juez Juan Carlos Checkley revocar las medidas de comparecencia que permitían a la expremier permanecer en libertad, proponiendo nuevamente prisión preventiva. Sin embargo, su futuro es incierto.
Experiencias previas en la política peruana, como el asilo prolongado de Víctor Raúl Haya de la Torre en la embajada de Colombia en 1949, ofrecen antecedentes sobre la posibilidad de que situaciones similares se extiendan por meses o incluso años si el Ejecutivo opta por negar el salvoconducto de salida.
En este caso, las autoridades aguardan un pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) para definir los siguientes pasos, mientras se elaboran propuestas para modificar los alcances de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.