Juntos por el Perú anunció la precandidatura al Senado del expresidente Pedro Castillo. Al tratarse de una persona que sigue un proceso penal por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, podría pensarse que no se encuentra habilitado para un cargo público, sin embargo no es así.
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José Naupari y José Villalobos, especialistas en derecho electoral, precisaron a este diario que el estar sometido a un proceso penal no constituye un impedimento para postular a cargos de elección popular. Esto se sustenta en el artículo 34-A de la Constitución, que impide ello a personas con sentencia condenatoria en primera instancia por un delito doloso.
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“El impedimento surge a partir de una sentencia condenatoria, que Pedro Castillo no tiene aún”, indica Naupari. Así lo señala la referida norma que tiene por objetivo garantizar la integridad de los funcionarios públicos al impedir la candidatura de aquellos que hayan sido condenados por delitos graves.
Ambos agregan que a esto se suma el hecho de que Castillo Terrones tampoco está inhabilitado para ejercer la función pública por el Congreso.
“Si lo inhabilitan antes del 23 de diciembre no podrían inscribirlo como candidato… o si lo condenan. En su caso, ya se han realizado los alegatos de defensa, por lo que se conocerá la sentencia en unas semanas. Lo que pase primero”, indicó Villalobos.
Agregó que, en caso el exmandatario no llegue a tener una sentencia condenatoria en primera instancia ni sea inhabilitado por el Congreso, podría presentarse como candidato al Senado en las Elecciones 2026. “Con condena penal firme hasta un día antes de la elección puede ser excluido”, manifestó.
Congreso busca inhabilitar a Pedro Castillo
En tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por Lady Camones, aprobó, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda la procedencia de la denuncia constitucional e inhabilitación contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta. Todos parte del proceso por el fallido autogolpe de Estado.
“Hemos determinado en la conclusión que, de conformidad con lo establecido en […] el Reglamento del Congreso y en virtud de haber seguido un debido proceso, ceñido a la Constitución, al Reglamento del Congreso, la jurisprudencia y doctrina pertinente, dando el derecho a que las partes expongan sus posiciones, consideramos [que] las conclusiones arribadas […] son constitucionalmente justas, considerando los motivos expuestos y que las medidas sugeridas a adoptarse se encuentran dentro de los parámetros normativos, y a las cuales creemos efectivos para el cumplimiento de la finalidad del proceso de acusación constitucional”, sustentó la congresista Ana Zegarra, encargada de presentar el informe final.