Betssy Chávez Poder Judicial evaluará si – El reportero andino

El Poder Judicial evaluará este jueves 13 de noviembre si vuelve a dictar mandato de prisión preventiva contra la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, como parte del proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que encabezó el expresidente, Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, el juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, analizará el requerimiento que hizo la fiscal suprema titular, Zoraida Ávalos, el último 5 de noviembre, para que se revoque el mandato de comparecencia con restricciones que pesa sobre Chávez Chino a fin de que afronte bajo prisión preventiva este proceso penal.

El magistrado también escuchará este jueves los argumentos de la defensa legal de Betssy Chavez a fin de emitir una decisión respecto al requerimiento presentado por la titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos en este caso.

Sobre el pedido de la fiscal suprema titular, Zoraida Ávalos, la exjefa del Gabinete Ministerial incumplió con asistir a tres controles biométricos obligatorios los días 29 de setiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre y también por no asistir a cuatro sesiones del juicio oral que afronta junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Tras recuperar su libertad a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, Chávez Chino se encontraba bajo mandato de comparecencia con restricciones que le impuso el Poder Judicial sujeta a reglas de conducta como la obligación de no ausentarse de la localidad de Lima sin autorización judicial, comparecer para el control biométrico y la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal, en la hora y fecha, que sea requerida para cualquier actuación del proceso.

La Fiscalía solicito 25 años de prisión contra Betssy Chávez así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargo público al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del estado por este caso.

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