Carbajal indicó a El Comercio que las denuncias por extorsión serían más de 27 mil al finalizar el 2025, según la tendencia actual. Asimismo, explicó que el Sidpol cuenta con datos abiertos desde el 2018. “Las denuncias por extorsión registradas en agosto, setiembre y octubre de este año en Lima Metropolitana y Callao son 982, 984 y 979, respectivamente”, mencionó.
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El martes 4, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó con 20 votos el dictamen para modificar los numerales 5 y 24 del artículo 2 de la Constitución Política; solo dos parlamentarios optaron por la abstención: Wilson Soto Palacios (Acción Popular) y Margot Palacios Huamán (Juntos por el Perú). Está pendiente su discusión en el pleno del Parlamento.
El dictamen al detalle
Actualmente, la Constitución solo permite ampliar el plazo máximo de detención policial hasta por 15 días calendario en casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales.
Por ello, el dictamen, que recae en cuatro proyectos de ley, busca modificar el segundo párrafo del inciso f del numeral 24 del artículo 2 de la Carta Magna para que el plazo máximo de detención de 48 horas tampoco se aplique en casos de extorsión y sicariato.
“En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”, se lee en el proyecto de ley 12440/2025-CR, elaborado por el congresista Alejandro Muñante, una de las propuestas en las que recae el dictamen.
En entrevista con El Comercio, Muñante declaró que la iniciativa es una respuesta razonable y proporcional ante el riesgo a la seguridad y economía de los peruanos que ocasiona la criminalidad. Mencionó que una de las razones es solucionar los obstáculos administrativos.
Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular (Foto: Congreso)
“Cuando un extorsionador o un sicario llegan a ser detenidos en flagrancia, muchas veces las pericias y elementos de convicción que se necesitan para pedir una prisión preventiva no se llegan a obtener en 48 horas y los fiscales tienen que soltar a los delincuentes. También ocurre que los detenidos presentan un ‘habeas corpus’ por prolongación excesiva del plazo de detención y terminan libres”, manifestó.
El parlamentario sostiene que este problema sucede también por la carencia de laboratorios de criminalística en nuestro país, que genera una sobrecarga a la Policía Nacional (PNP) de informes que no se realizan a tiempo.
“Altos mandos de la policía con los que he dialogado me han comentado que a veces ocurre que un fiscal pone en libertad a un detenido en un operativo, porque falta uno de veinte elementos necesarios en la pericia policial. Estos casos que he mencionado generan confrontación entre la Policía y el Ministerio Público. Por eso queremos presentar esta reforma constitucional, de tal manera que con el tiempo de 15 días podríamos resolver ese problema y garantizar que no existe ningún tipo de impunidad”, afirmó.
Por otro lado, Arturo Alegría García, presidente de la comisión de Constitución, sostuvo que el plazo ordinario de 48 horas resulta insuficiente para investigar estructuras delictivas complejas que operan con sofisticación tecnológica, jerarquías violentas, comunicación encriptada y redes financieras transnacionales. En ese sentido, destacó el dictamen como una herramienta para enfrentar la criminalidad.
Alegría es coautor del proyecto de ley 5816/2023-CR, que, a través de la modificación del numeral 5 del artículo 2 de la Constitución, propone el levantamiento de la reserva bursátil —información confidencial relacionada con operaciones y datos de personas en el mercado de valores— a solicitud de un juez, la Fiscalía, una comisión investigadora del Congreso, la Contraloría General o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Arturo Alegría, presidente la Comisión de Constitución y parlamentario de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
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“Esta medida es idónea y necesaria para reforzar la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y la financiación del crimen organizado, delitos frecuentemente vinculados a la extorsión. Elevar este mecanismo a rango constitucional otorga una base sólida y establece un control judicial para su levantamiento, permitiendo rastrear el origen y destino del dinero ilícito”, indicó el congresista de Fuerza Popular.
Por su parte, la congresista Gladys Echaíz refirió que investigar a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato es un proceso complejo, que involucra verificar registros de llamadas, titulares de líneas telefónicas, revisión de cuentas bancarias, entre otros. En tal sentido, mencionó que es justificable ampliar la detención en flagrancia hasta por 15 días.
Así también, Muñante expresó que la modificación constitucional no generará costo alguno al Estado. “Aquí no se está creando una nueva unidad ni pidiendo una reforma presupuestaria. Se trata de entregarle una herramienta adicional a la justicia para el trabajo de investigación que realiza“, indicó.
¿Cuándo entraría en vigencia la modificación de la Constitución?
El dictamen fue publicado el 4 de noviembre en el portal del Congreso, por lo que requiere de siete días para ser priorizada en la agenda del Pleno del Congreso. De tal manera, que podría debatirse en la tercera semana de noviembre.
Asimismo, al ser una reforma constitucional, se necesita que sea aprobada en dos legislaturas. “Podríamos realizar la primera votación en noviembre y la segunda, en marzo. Entonces, recién en marzo del siguiente año podría entrar en vigencia la reforma constitucional”, dijo Muñante.
Operatividad en duda
Erika Solis, abogada PUCP y experta en criminalidad, cuestionó que la medida tenga la capacidad operativa de reducir la incidencia de los delitos de sicariato y extorsión. “Por sí sola, la medida no funcionará. Si no está acompañada de medidas que fortalezcan la investigación del crimen, lo único que hará es vulnerar el derecho y principio de la presunción de inocencia“, declaró a El Comercio.
Por otro lado, mencionó que las consecuencias de la reforma constitucional pretendida sí ocasionarán un costo para el Estado. “Los casos de extorsión y sicariato crecen diariamente. Si la Policía va a tener que detener hasta por 15 días a las personas imputadas por esos delitos, dónde va a alojarlas. Las comisarías de por sí ya tiene un espacio limitado. Entonces, hay un costo de espacio como consecuencias. Decir que la norma no va a tener un costo es pretender que no funcione, porque no se le asignará recursos a la Policía”, argumentó.