El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves 13 de noviembre, poniendo la atención pública sobre los reclamos históricos del magisterio en materia de condiciones laborales, presupuesto y atención alimenticia a los estudiantes.
Mediante comunicados y asambleas regionales, la organización hizo un llamado a sus afiliados en todos los departamentos para movilizarse con la consigna de visibilizar su plataforma de diez puntos, que abarca desde la exigencia de pensiones dignas hasta incrementos salariales para docentes y auxiliares.
Según informaron organizaciones sindicales, el conflicto entre el profesorado y el Estado ha escalado a raíz del incumplimiento de varios compromisos económicos y legales que afectan a más de cuatrocientos mil trabajadores del sector educativo.
El Sutep reclama, entre otros puntos, una asignación equivalente al 6% del PBI como piso del presupuesto educativo, el pago íntegro del bono escolar 2025 y la homologación de sueldos. Este último aspecto constituye uno de los reclamos más repetidos en los plantones y marchas.
“Buscamos garantizar el segundo tramo de aumento de 200 soles del nuevo bono excepcional”, afirmaron delegados regionales durante la última asamblea transmitida en redes sociales.
Otras demandas centrales son la inclusión en el presupuesto público de 2026 de un bono especial de 600 soles y el pago retroactivo de pensiones.
Estas son los 10 reclamos:
Además de la acción convocada por el Sutep, la paralización de docentes universitarios en múltiples regiones, iniciada el 3 de noviembre, amplía el alcance nacional de las protestas educativas.
Según la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), la huelga indefinida surgió después de más de 20 sesiones fallidas de negociación con el Ministerio de Educación (Minedu), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso de la República.
La federación justifica la suspensión de actividades por la “desatención estatal a demandas históricas y el impulso de propuestas que afectan derechos laborales”.
El presidente de FENDUP, Óscar Sudario, declaró que la huelga responde a “incumplimientos reiterados y recortes presupuestales, además del riesgo que implica el nuevo sistema remunerativo RIMSU”.
La federación defiende su tabla de siete exigencias, que contemplan la homologación salarial con el Poder Judicial, reintegración de jefes de práctica y cambios en artículos clave de la Ley Universitaria.
En julio de 2024 se promulgó una ley que reconoció derechos como la CTS para maestros universitarios, pero el gremio asegura que las medidas han resultado insuficientes para revertir el atraso histórico salarial.
La República informó que ya son al menos 25 universidades públicas que acataron la huelga, incluidas la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Representantes sindicales advirtieron que las actividades académicas solo serán restablecidas cuando el Gobierno y el Congreso materialicen compromisos claros con el sector.
La falta de presupuesto, infraestructura y tecnología actualizada se suma al descontento. “Queremos formar profesionales, pero no contamos con los equipos que tienen universidades de Europa y Asia”, afirmó Sudario en una de las asambleas.