Los delitos de extorsión y robo continúan en ascenso en todo el país, según el más reciente informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Entre enero y septiembre de 2025, se registraron más de 40 mil denuncias por robo y más de 30 mil por extorsión, reflejando un panorama preocupante de inseguridad.
La gerente del Observatorio, Brenda Belleza, explicó que la situación más alarmante se presenta en Lima Metropolitana y Callao, donde 56 choferes han sido asesinados en lo que va del año. Ocho de cada diez ataques fueron perpetrados por delincuentes en moto lineal, quienes utilizaron armas de fuego para interceptar a sus víctimas.
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Ministerio Público alerta incremento de extorsiones y robos. (Foto: GEC)
La funcionaria detalló que los distritos más afectados son San Juan de Miraflores, Bellavista y San Martín de Porres, donde los ataques siguen un mismo patrón: interceptación en la vía pública, disparos a quemarropa y fuga inmediata. Solo en septiembre se reportaron 31 asesinatos de conductores, el número más alto en lo que va del año.
El informe también revela que cada 20 minutos se presenta una denuncia por extorsión en el país, y que al cierre del 2025 se superarán las 30 mil denuncias formales. Las regiones más afectadas son La Libertad y los distritos limeños de Los Olivos, Ate y Villa El Salvador, considerados focos de extorsión y robo.
Cada 20 minutos se registra una denuncia por extorsión en el Perú, según el Ministerio Público. (Foto: GEC)
En tanto, hasta septiembre se contabilizaron 40,125 denuncias por robo a nivel nacional, aunque el Ministerio Público advierte que la cifra real sería mayor, pues muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias. Los casos aumentaron especialmente en Lambayeque y Piura, donde la delincuencia organizada ha extendido su influencia.
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Ante este incremento sostenido de la violencia, el Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a formalizar las denuncias para fortalecer la persecución penal. También pidió a las autoridades locales reforzar el patrullaje y coordinar con los gobiernos regionales medidas efectivas de prevención.
