El Congreso de la República aprobó el dictamen que declara de interés nacional la recuperación y restauración del buque Covadonga, hundido frente a las costas de Chancay hace más de un siglo. La propuesta obtuvo 71 votos a favor, 3 en contra y 13 abstenciones, y busca “preservar la memoria histórica” del país. La decisión, sin embargo, ha generado cuestionamientos por darse en un momento en que la inseguridad y la violencia son los principales problemas que enfrenta la ciudadanía.
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El texto aprobado dispone que el Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Defensa, el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad de Chancay, coordinen acciones para evaluar la recuperación del histórico navío. Según el dictamen, el rescate se realizará solo “en tanto su estado de conservación lo permita”, dejando abierta la posibilidad de que la iniciativa quede en el terreno de lo simbólico.
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Para los impulsores del proyecto, la medida representa un acto de reivindicación histórica. La goleta Covadonga fue hundida por patriotas peruanos el 13 de septiembre de 1880 durante la Guerra del Pacífico, en una operación que debilitó temporalmente al ejército invasor. Tras el hecho, la ciudad de Chancay sufrió represalias y saqueos por parte de las tropas chilenas. El rescate, sostienen sus defensores, busca rendir homenaje a esa resistencia.
Sin embargo, el contexto político y social en el que se da la aprobación ha llamado la atención. Mientras el país atraviesa una profunda crisis de representación y una ola de inseguridad ciudadana, el Congreso vuelve a ser cuestionado por sus prioridades legislativas. En lugar de debatir medidas efectivas contra la delincuencia o la corrupción, la mayoría parlamentaria ha centrado la agenda en una iniciativa de alto valor simbólico, pero de dudosa urgencia.
Una decisión más simbólica que práctica
La propuesta sobre el buque Covadonga fue presentada como una acción de memoria histórica, pero no incluye detalles sobre presupuesto, plazos ni responsables directos de su ejecución. Tampoco especifica qué entidad determinará la viabilidad técnica del rescate o cómo se financiará el proyecto.
El texto enfatiza que la recuperación “fortalecerá la identidad nacional”, aunque no establece mecanismos concretos para lograrlo. En el papel, la norma es una declaración sin efectos inmediatos, que requerirá posteriores coordinaciones entre los sectores involucrados para ser puesta en marcha.
La aprobación del proyecto sobre la Covadonga refuerza la imagen de un Parlamento desconectado de las preocupaciones reales de la población. Con un país golpeado por la crisis económica y la inseguridad ciudadana, la decisión legislativa parece responder más a un gesto político que a una necesidad concreta.