Hace dos años, la socióloga de profesión, Fernanda, a quien llamaremos así para proteger su identidad frente al proceso judicial que enfrenta para alcanzar justicia, recibió una propuesta de inversión para ampliar aulas en Saint Patrick’s School, perteneciente al Consorcio San Patricio S.A.C.
Motivada por la iniciativa ligada a Educación y la recomendación de un amigo cercano, en julio de 2023 desembolsó un primer monto de S/100.000 y, en menos de seis meses, en los primeros días de septiembre del mismo año, su plata retornó con S/7.000 adicionales de interés por la cantidad invertida.
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Este adelanto le brindó seguridad para seguir confiando en la empresa: “Me convenció de invertir ya no por seis meses, sino por un año, y como no tuve mayor contratiempo, invertí nuevamente”. De este modo, abonó no solo otros S/100.000, sino S/20.000 más.
Punto de quiebre
Al pasar los meses y enterarse de que su amigo, quien la había adentrado en la inversión, dejó de trabajar en el consorcio, empezó su preocupación por el dinero. Sin embargo, el exempleado le aseguró que este estaría asegurado. “Me quedé tranquila porque recién en diciembre me tocaba (la devolución) de mi plata”, narra.
Cuando Fernanda pidió a la empresa la devolución de su dinero, la respuesta fue insólita: el colegio en el que había invertido estaba pasando por un ‘mal momento económico’ y podían retornarle su inversión en cómodas cuotas en 2029, de acuerdo al flujo financiero manejado por la institución.
La joven quedó sorprendida, pues, incluso, esta información le había llegado en respuesta a un correo, sin una firma de algún representante de la empresa como remitente, más que la dirección gmail de ‘Legal Saint Patrick (San Patricio)’. Acudió al asesor legal de la compañía, pero no le brindó mayor solución que la devolución de su plata bajo el cronograma que ellos establecieron, dentro de cuatro años.
La situación se tornó más preocupante cuando, después de varios intentos de contacto y pedidos reiterativos de reuniones, el representante del consorcio, Luis Fernando Taramona Mendoza, le dijo que el pago hacia 2029 era lo único que podía ofrecerle como solución.
La joven cuenta que hasta la esposa de Taramona Mendoza se vio involucrada en su caso y, bajo la promesa de devolverle su dinero, la invitó a seguir invirtiendo. La respuesta fue negativa: “Ya no, la confianza se había perdido”.
Tras ello, Fernanda asegura que solo sostuvo una reunión virtual con el consorcio, pero la solución era la misma. Le hicieron llegar un contrato en el que constaba la promesa de devolución de su inversión, pero no tenía aval y la firma contenida en el mismo carecía de sello notarial.
“Ya han pasado 10 meses de que no me devuelven mi plata. Investigué por mi cuenta sobre gente que haya pasado por lo mismo y encontré personas a las que el mismo dueño Fernando Taramona les debe, pero bajo la modalidad de wallet, una empresa que da préstamos”, cuenta la joven.
Fernanda descubrió que otras personas habían pasado por una situación similar a través de préstamos de dinero. Foto: cortesía/composición LR
Más perdidas económicas
La afectada precisa que entre gastos de abogados, cartas notariales e intentos de conciliación, ha perdido S/10.000. Además, recogiendo testimonios de otros afectados, coincidían en la modalidad de inversión: a la primera, le devolvían de manera puntual, pero en la segunda vez, ya no tenían su plata de retorno.
La joven aún no presenta una demanda oficial contra el consorcio, pues existen ciertas cláusulas en el contrato que firmó que tampoco la benefician. Cuenta que cuando exigió más respuestas, le dijeron que su inversión había sido utilizada para la defensa legal del representante Taramona para otros asuntos.
“Me enviaron un nuevo contrato diciendo que me van a pagar S/1.500 mensuales hasta 2029, pero no quieren poner una firma notarial. No hay nada que respalde si no me pagan. Pedí un aval y me pusieron un pagaré, pero luego, (quisieron poner) una firma simple cuando tiene que ser notarial, ya voy un mes (en eso). Dicen que están buscando notaría y nunca más me dieron la cara”, precisa Fernanda.
La República se comunicó con Fernando Taramona, representante del consorcio San Patricio, y aseguró que el caso se encuentra en estado de ‘revisión y conciliación’. “Como muchas organizaciones del sector, hemos atravesado un contexto económico desafiante en los últimos años, lo que ha generado la necesidad de ajustar los flujos financieros para honrar todos los compromisos asumidos”, sostiene.
Taramona mencionó que el caso de Fernanda es un tema contractual civil, en el que sí existe un claro retraso en el cumplimiento de obligaciones de pagos, pero ‘por causas ajenas a su control’. Ante ello, consultado por un fondo de contingencia, señaló que existen exclusivamente para la continuidad operativa de la empresa.
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