La congresista Ana Zegarra, del partido Somos Perú, ha presentado un proyecto de ley que propone modificar la Ley N.º 29837, norma que regula el funcionamiento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Programa Beca 18. Su objetivo, según se lee en el documento, es “redistribuir de manera equitativa los recursos entre universidades públicas y privadas”.
De acuerdo a los motivos expuestos por la parlamentaria, actualmente el 78.9 % de las becas se concentran en instituciones privadas, mientras que solo el 21.1% en universidades públicas. Esta diferencia generaría una distribución desigual de los recursos y limita la cobertura del programa, ya que los costos por estudiante en universidades privadas son significativamente mayores.
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Asimismo, la iniciativa plantea que el 50% de las becas sean destinadas a universidades públicas y el 50% restante a instituciones privadas, a fin de “garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos y ampliar el acceso a la educación superior entre los jóvenes de menores recursos”.
Buscaría recortar apoyo a quienes opten por universidades privadas
El proyecto señala que una sola universidad privada, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), ha recibido más de 513 millones de soles en subvenciones del Estado a través de Beca 18 entre 2013 y 2015, seguida por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Científica del Sur, con 346 y 285 millones respectivamente.
La propuesta advierte que la concentración de fondos en universidades privadas refleja la necesidad de revisar los criterios de asignación de becas y fortalecer la participación de las universidades públicas en el programa.
Además, el proyecto de ley también plantea una reestructuración del Consejo Directivo del Pronabec, incorporando dos representantes de universidades públicas en reemplazo de funcionarios de los ministerios de Educación, Trabajo y Salud, así como de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Con ello se busca —según el texto— “mejorar la gestión, la transparencia y la pertinencia de las decisiones vinculadas a la distribución de becas.
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