La recuperación de espacio público en la urbanización Los Álamos de Monterrico, en Surco, viene generando una serie de repercusiones. En las últimas semanas, el municipio distrital ha procedido a retirar estructuras anexadas a viviendas, que ocupaban terrenos de parques desde hace varios años. Una de estas le pertenece a la congresista María Acuña, quien ha mostrado en reiteradas ocasiones su desacuerdo con la medida del alcalde Carlos Bruce. Con base a esta posición, es que el Ministerio Público ha abierto investigación en contra del burgomaestre por presunto abuso de autoridad.
De acuerdo con la carpeta fiscal, esta decisión, adoptada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Surco y Barranco, se origina tras la denuncia presentada por el abogado de la Inmobiliaria Los Alizos EIRL, a cargo de la vivienda, por la demolición parcial de esta en un operativo de recuperación de áreas públicas.
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La defensa de la empresa alega que no existía ninguna medida correctiva de demolición en el inmueble, es decir, que no se abrió expediente de ejecución coactiva, y mucho menos se le notificó a Acuña sobre la decisión. A Bruce se le acusa de los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.
La disposición fiscal también incorporó como investigados al subgerente de Fiscalización y Coactiva de la municipalidad de Surco, Raúl Ramos, y a la ejecutora coactiva de la comuna, Cindy Trujillo. Por otro lado, el Ministerio Público amplió por 30 días la investigación preliminar, a fin de realizar diligencias adicionales y concluir aquellas que hasta la fecha se encuentran pendientes.
El origen del problema
Como se recuerda, el pasado 30 de octubre la Municipalidad de Surco recuperó el espacio público que había sido invadido por la congresista en el parque #17 de Los Álamos. Si bien Acuña hizo una restitución voluntaria del área ocupada y comunicó del hecho a la comuna, el equipo técnico de catastro refirió que existía un faltante de 66 metros, el cual luego fue recuperado.
Esto ocurrió días después de que la misma municipalidad presentara ante la Comisión de Ética del Congreso una denuncia contra la hermana de César Acuña por presuntamente haber agredido a personal que iba a llevar a cabo el operativo.
Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
En su acusación, la comuna precisa que se realizó operativos de recuperación de espacios públicos los días 11 y 23 de octubre, pero que fueron interrumpidos porque personas dentro del inmueble lanzaron ladrillos contra personal municipal.
También detallaron que otras personas empujaron a los funcionarios para frustrar la intervención, entre ellos Elver Díaz Bravo, esposo de María Acuña.
“En vez de entregar terrenos, está usando actos de violencia contra funcionarios públicos y que puede haber ocurrido una desgracia arrojando ladrillos desde el tercer piso de su casa. Eso no lo vamos a permitir”, señaló Bruce a El Comercio aquella vez.
¿Qué responde el alcalde ante acusación?
En diálogo con El Comercio, el alcalde Carlos Bruce sostuvo que las acusaciones en su contra y en la de otros funcionarios municipales, por supuesto abuso de autoridad, son aquellas que generalmente realizan algunos ciudadanos cuando quieren culpar sin ninguna razón específica. Agregó que son acusaciones que generalmente no se sostienen en el tiempo y que terminan siendo archivadas, pero que en su momento sí pueden causar un impacto mediático.
“Ese es el sentido de esta acusación, cuando en realidad lo que hemos hecho está amparado en el legítimo ejercicio de la autoridad delegada por el pueblo a fin de poner orden. Así que no creemos que esto vaya a llegar muy lejos“, señaló.
Asimismo, Bruce detalló que su gestión ha podido recuperar el terreno invadido por la congresista Acuña hasta donde se ha podido. Explicó que teóricamente tendrían que demoler la casa hasta donde está la línea que divide el área pública del área privada, dejando intacta esta última. Sin embargo, indicó que eso es imposible, pues al demoler la parte de la vivienda que aun está sobre área pública, por efectos de estructura, también se caería la parte de la casa que está sobre área privada.
“Entonces tenemos que dejar el tema a un juez y que este decida qué cosa hacer ahí, para no perjudicar también lo que es legítimamente propiedad de la congresista. El Poder Judicial tendrá que determinar cómo proceder“, comentó.
Congresista se defiende
La congresista María Acuña ha cuestionado el operativo llevado a cabo por la Municipalidad de Surco contra su vivienda para recuperar espacios públicos al asegurar que no es ninguna “invasora” y que los parques “son privados”.
Asimismo, calificó de “abuso” la intervención municipal e insistió en que el terreno lo adquirió como tal a su anterior dueño y que la construcción data de hace más de 50 años.
Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
“Lamentable el abuso del alcalde de Surco. Venimos en este tema porque se le ha dicho que la casa se compró al anterior dueño, ha sido construida hace más de 50 años y tal como está se le había comprado con el retiro, que no solamente es del propietario anterior, sino de todos los vecinos”, expresó.
En ese sentido, Acuña Peralta pidió que la comuna de Surco revise la escritura pública y la licencia de construcción que se le entregó luego de la compra del inmueble.
La congresista dijo a El Comercio que Bruce tendrá que responder a la justicia. “¿Por qué no deja que la justicia se encargue? ¿por qué el show mediático? Le va a costar caro el abuso”, expresó. Además, agregó que también tiene en curso una querella.
Análisis legal
Aaron Aleman, socio fundador del Estudio Aleman y López, comentó que el actual conflicto entre la Municipalidad de Surco y la congresista María Acuña plantea un debate técnico sobre los límites del poder público frente al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de un ciudadano en nuestro país.
Siendo ello así, sostuvo que dependerá de los elementos de convicción que recabe el Ministerio Público para determinar si existió un abuso del cargo por parte del alcalde Carlos Bruce al momento de demoler parte de la vivienda de la congresista María Acuña, capaz de acreditar el delito de usurpación agravada en su contra.
“O, en su defecto, si se demuestra una ocupación indebida del espacio público por parte de la congresista en perjuicio de la Entidad que justificaría el accionar desplegado por el representante edil y, en consecuencia, la presunta comisión del delito de usurpación agravada y resistencia o agresión contra los funcionarios municipales, los mismos que suman en total hasta 16 años de prisión“, detalló Aleman.
En el primer supuesto, el abogado indicó que si se acreditara que los funcionarios municipales, bajo órdenes del alcalde Carlos Bruce, intervinieron y demolieron una parte del inmueble en una zona que efectivamente formaba parte de la esfera privada y familiar de la congresista, el hecho podría configurar el delito de usurpación agravada, sancionado con hasta 12 años de prisión,
Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
“Se comprobaría así que se habría despojado parcialmente de la posesión a un particular sobre un bien habitacional con el abuso del cargo de funcionario edil”, manifestó Aleman.
En el segundo supuesto, si se probara que la autoridad municipal llevó a cabo la intervención y demolición de parte de la propiedad al ser esta de carácter público y, sobre todo, en virtud de una ejecución de una resolución administrativa firme, los hechos podrían encuadrar en el cumplimiento legítimo del deber, y se eximiría de cualquier responsabilidad penal al alcalde.
“No obstante, si esto fuese así, la congresista María Acuña podría enfrentar responsabilidad penal si se confirmara que el terreno demolido o cercado correspondía a bienes de dominio público o áreas municipales, pues en ese supuesto podría configurarse el delito de usurpación agravada de bienes del Estado, con pena máxima de 20 años de prisión e inhabilitación, al haberse ocupado indebidamente un espacio público“, explicó Aleman.