Panamericana Sur | ¿Es legal que Rutas de – El reportero andino

En su pronunciamiento, RDL exhortó a las autoridades a respetar los procedimientos legales y a no promover acciones que pudieran derivar en alteraciones del orden público. Asimismo, expresó su preocupación por la presencia de autoridades locales y representantes políticos en las casetas de peaje, a quienes acusó de fomentar una “campaña de hostigamiento” contra la compañía y sus inversionistas.

MML iniciará acciones legales contra Rutas de Lima por el reinicio

Luego de que Rutas de Lima reanudara el cobro de peajes en la Panamericana Sur este domingo 2, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) advirtió que interpondrá las acciones legales correspondientes para evitar esta medida.

“Se ha tomado de conocimiento que Rutas de Lima, ha apelado a la sentencia que “ordena la suspensión del cobro del peaje en las estaciones de Villa y Punta Negra” y pretende retomar el cobro de los peajes el día 2 de noviembre a las 00:00 horas, valiéndose de un escrito presentado, pero no admitido, desconociendo un fallo judicial que garantiza la libertad de tránsito de los ciudadanos“, se lee en el comunicado conjunto de la MML y la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.

Los municipios señalan que retomar el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra constituyen una vulneración de derechos fundamentales. Asimismo, manifestaron que ante cualquier conflicto o conmoción violenta que se genere será de exclusiva responsabilidad de Rutas de Lima.

“Contrariamente a lo que Rutas de Lima promueve, para garantizar la paz y la seguridad de la población en un estado de emergencia, el alcalde de Lima ya coordinó con la Presidencia de la República a fin de contar con el apoyo de la fuerza pública para mantener el orden, ante la irresponsable actuación de Rutas de Lima”, indicó la MML.

“La MML es respetuosa de los fallos judiciales, así como de la inversión privada, justa y honesta; sin embargo, ante este nuevo atropello procederemos a interponer las acciones legales correspondientes”, comunicaron en su pronunciamiento oficial.

-¿Es legal la reanudación del cobro de peajes?—

José Luis Zamora, abogado corporativo, explicó a El Comercio que RDL dejó de cobrar el peaje en cumplimiento de la sentencia dada por el Poder Judicial. “Los abogados de la empresa argumentan que, al haber interpuesto el recurso impugnatorio de apelación, consideran que la presentación de la apelación tiene el efecto de suspender la ejecución del fallo”, declaró.

Zamora considera que los abogados de RDL están cometiendo un error. “En su comunicado argumentan que la apelación hace que los efectos de la sentencia se suspendan y para ello citan el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, si revisamos dicho artículo, ya no se señala, como se decía anteriormente, que la apelación le da el efecto suspensivo a la sentencia. Por el contrario, el artículo 26 del Código Procesal Constitucional establece la actuación material de la sentencia, es decir, que los efectos de la sentencia no se suspenden, sino que hasta una instancia superior revoque los términos de la misma. RDL está realizando una interpretación antigua y errónea de la norma”, afirmó.

Zamora agregó que no existe una resolución que califique que el recurso de apelación ha cumplido los requisitos de forma. Por lo tanto, considera como ilegal la reanudación del cobro de peajes.

Fabio Núñez del Prado, abogado socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, indicó que el caso de los peajes responde al proceso de un habeas corpus, es decir, un proceso constitucional. “A diferencia de otros procesos, como el proceso civil —donde la apelación de una sentencia de primera instancia tiene un efecto suspensivo— este es en un proceso constitucional, donde la apelación no necesariamente tiene tal efecto. La decisión de RDL es controvertida, porque se ampara en una interpretación minoritaria respecto a la interposición de una apelación en el proceso constitucional. Considero que la norma aplicable es el artículo 26 del Código Procesal Constitucional, no el artículo 22”, expresó.

Núñez señaló que dependerá de una nueva decisión del juez de primera instancia calificar la actuación de RDL como legal o ilegal. “La MML ha anunciado que acudirá al juez de primera instancia, quien puede declarar y confirmar que la sentencia es de actuación inmediata y que RDL no puede ampararse en la interpretación de que la apelación tiene efectos suspensivos. El juez puede ordenarlo en tanto estime, como lo señala el artículo 26 del Código Procesal Constitucional, que no se generará una situación de irreversibilidad ni se ocasionarán daños desproporcionados al demandado. Si ello ocurre y el tema se aclara, RDL puede acatar la sentencia o acudir a un arbitraje internacional”, mencionó.

“Si el juez no lo hace, a menos que RDL cambie de opinión, se sabrá en segunda instancia si esto fue o no una medida legal, dependiendo de la interpretación del Código Procesal Constitucional”, agregó.

Zamora, por su lado, explicó que la última opción de RDL dentro del derecho peruano sería presentar un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional para que este órgano resuelva el asunto definitivamente.

Así también, Núñez mencionó que los pronunciamientos de RDL van en dirección a preparar un caso de arbitraje de inversión internacional.