Con los votos de los congresistas de la bancada de Somos Perú, entre ellos el actual jefe de Estado, José Jerí Oré, el presupuesto para financiar las acciones policiales contra las protestas sociales, experimentó un crecimiento brutal entre 2022 y 2025.
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Las cifras reflejan la extremada preocupación tanto del Ejecutivo como del Congreso por evitar que las manifestaciones populares impulsen un cambio de gobierno, como ocurrió recientemente.
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En un anterior informe La República señaló que el Congreso, con los votos del actual partido de gobierno, Somos Perú, incrementó el presupuesto para acallar los reclamos antigubernamentales en un 115%. Entre 2022 y 2025, pasó de S/522,114,596 a S/1,125,084,604. Este tipo de gastos exorbitantes para enfrentar a la oposición política, suele ser característicos de regímenes autoritarios.
Identificado en el pliego presupuestal del Ministerio del Interior como “disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”, este desembolso de fondos públicos entre 2022 y 2025 suma S/3,050,299,964. Nada comparable con otros periodos gubernamentales.
Es un promedio de gasto de S/610 millones anuales, o de S/50,8 millones mensuales, o de S/1 millón 700 mil diarios. O de S/70,608 por cada hora.
Los presupuestos anuales en el mencionado periodo para controlar las manifestaciones sociales, los presentó la expresidenta Boluarte y recibieron el respaldo del Congreso sin recibir cuestionamientos. Contaron con los votos del actual partido de gobierno, Somos Perú, en señal de conformidad.
Desembolsos multimillonarios
Pese a la ola de violencia relacionada con las actividades del narcotráfico y la minería ilegal, el partido del presidente Jerí estuvieron de acuerdo con aumentar mucho más los fondos públicos dirigidos a la neutralización de las protestas sociales, que a los programas de combate al tráfico ilícito de drogas y a los mineros ilegales, con los que cuenta el Ministerio del Interior.
Por si fuera poco, los montos aprobados por el Congreso, luego fueron modificados por el gobierno de Boluarte.
- En 2022 se fijó en S/514,708,450 y subió a S/522,114,596: S/7,406,146 adicionales.
- En 2023 se aprobó S/576,109,338 y aumentó a S/687,404,130: S/111,294,792 adicionales.
- En 2024 se autorizó S/682,960,467 y se incrementó a S/715,696,634: S/32,736,167 adicionales.
Esto da como resultado S/151,437,105 de gasto adicional que hizo el mandato de Boluarte en relación a los montos que dio visto bueno el Congreso.
Es muy probable que para este año la tendencia se confirme, ya que el Legislativo aprobó como presupuesto inicial S/1,125,084,624. O incluso aumente más, si se toma en cuenta que el gobierno de Jerí afronta -y afrontará- una serie de manifestaciones.
Pese al corto tiempo del mandato de Jerí, es notorio que no es muy diferente respecto al de Boluarte. Como lo evidencian los registros de votación, Somos Perú y Jerí votaron a favor de los presupuestos que propuso Boluarte, en los que el gastos para acallar las manifestaciones populares subieron exponencialmente.
Las protestas en números
Según los reportes anuales de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales, estos aumentaron en los dos últimos años del régimen de Dina Boluarte. La secuencia es la siguiente:
- Año 2022: en enero se registraron 203 casos y en diciembre 221. El 60% de las manifestaciones fueron contra el gobierno.
- Año 2023: en enero fueron 219 y en diciembre 215 (en abril y julio fueron 225). El 61% fueron contra el gobierno.
- Año 2024: en enero 214 y en diciembre 196. El 59% fueron contra el gobierno.
- Año 2025: en enero 197 y en septiembre 199. El 61% fueron contra el gobierno de Boluarte.
Estas cifras indican que el rasgo característico del pasado régimen fue un promedio alto de conflictos sociales, generalmente relacionados con el gobierno central.
Se debe destacar que, según el criterio aplicado por la Defensoría del Pueblo, si bien la mayoría de conflictos sociales derivan de problemas socioambientales, las protestas directamente relacionadas con decisiones del gobierno central han experimentado un importante aumento.
En 2022, las manifestaciones contra el Poder Ejecutivo representaron el 7.2% del total; en 2023 subió a 8.4%; en 2024 volvió a saltar esta vez a 12.2% y en septiembre de 2025 llegó a 14.6% del total de los conflictos sociales.
Es evidente que cada vez más el Poder Ejecutivo concentra el motivo de las protestas sociales en el país y el año 2025, probablemente cerrará, con un aumento significativo, manteniendo la línea de los años anteriores.
Desde esta perspectiva, el saliente Congreso no solo aprobaría los S/756,000,000 para financiar las operaciones policiales antidisturbios, monto que propuso Dina Boluarte en septiembre de este año y que será debatido en este mes de noviembre. También lo subiría pretextando que las movilizaciones populares contra el gobierno y el Legislativo son una amenaza.
Es evidente la prioridad de los congresistas, entre ellos los de Somos Perú, partido de José Jerí: entre 2022 y 2025 aprobaron más de S/3,000 millones para enfrentar las protestas, de lo que se han gastado S/2,558 millones hasta octubre.
Con los S/3,000 millones se podría haber financiado tres años del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, o del Programa Nacional Pensión 65, o del Programa de Prevención de Lucha contra el Cáncer, o cuatro años del Programa de Salud Materno Infantil. O del Programa de Acceso de la Población con Alto Rendimiento Académico., entre otros.
Una radiografía del presupuesto
- El exministro del Interior, Rubén Vargas, cuestionó el aumento de los fondos para neutralizar las protestas. “Yo hubiese disminuido el presupuesto para controlar las protestas y movilizaciones sociales, y hubiese aumentado más el presupuesto para combatir los delitos”, indicó Vargas.
- “El presupuesto para 2026 no considera a las otras economías ilegales, sólo al tráfico de drogas y a la minería ilegal. ¿Qué hacemos con el contrabando y el tráfico ilícito de bienes?, como los cigarrillos falsificados. ¿Y el tráfico de insumos químicos para minería y para la cocaína que ingresan por las fronteras del norte y del sur con Bolivia y Brasil?”, dijo,
- Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, se debe hacer un seguimiento a la calidad del gasto. “La experiencia reciente ha sido muy negativa. El Ministerio del Interior y la PNP han demostrado ineficiencia en relación a la ejecución del presupuesto. Han tenido dificultades para cumplir con el gasto”, explicó.
- “Otro aspecto es que el presupuesto relacionado con el combate a la minería ilegal no refleja la actual coyuntura que se está viviendo. Por el incremento del precio del oro, la minería ilegal sin ninguna duda acentuará su presión para una mayor libertad del ejercicio no formal de su actividad”, dijo Valdés.
