Cuatro meses han transcurrido desde la macabra muerte de José Miguel Castro, pero la Fiscalía no tiene aún indicios claros sobre si el fallecimiento del exgerente municipal villaranista, que fue hallado en su vivienda con un tremendo corte en el cuello, se trató de un suicidio o un homicidio. Y peor aún es que las personas citadas se resisten a declarar.
Uno de ellos es el hoy candidato presidencial de Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga. La toma de declaración del exalcalde de Lima fue programada para el lunes 13 de octubre; sin embargo, el exfuncionario no asistió, conoció Perú21.
López Aliaga debe esclarecer ante el fiscal de Miraflores, Richard Rojas, si consideraba su enemigo a Castro Gutiérrez, como declaró la viuda de este último, Paula Maguiña.
Maguiña contó el 3 de julio de este año, cuatro días después del trágico deceso de su marido, que su difunto esposo tenía “enemigos que querían hacerle daño”. Seguidamente, mencionó a la exautoridad edil, quien renunció al puesto para tentar la presidencia en 2026.
“Alguna vez (José Miguel Castro) me ha mencionado algunos nombres de personas y empresas que podrían verse perjudicados con el caso, el único que recuerdo es del alcalde López Aliaga”, manifestó la exesposa de Castro.
¿Qué vincula al exgerente de la Municipalidad de Lima con López Aliaga? Según IDL Reporteros, Castro Gutiérrez era presidente del directorio de la Caja Municipal, durante la gestión de Susana Villarán, cuando la entidad contrató irregularmente con dos empresas de López Aliaga para la colocación de bonos.
La Fiscalía inició una investigación y advirtió que el acuerdo suscrito con ambas compañías, ACRES Sociedad Titulizadora y ACRES Finance S.A., se hizo “sin que existiera una necesidad real”.
El exalcalde dijo a este diario, en un reportaje anterior, que “nunca” ha tenido contacto con el fallecido y consideró que “lo han asesinado para que no dé su testimonio acusatorio contra Susana Villarán y sus cómplices”.
Su testimonio, no obstante, solo sirve si lo manifiesta ante el Ministerio Público.
Esta vez se le consultó por mensaje de WhatsApp por qué no atendió al llamado del fiscal Rojas. Pese a leer la pregunta, no hubo respuesta del líder de RP al cierre de esta edición.
Quien sí declaró de forma virtual fue la exalcaldesa Villarán. Según conoció este diario, la acusada de recibir dinero ilícito de Odebrecht y OAS para financiar sus campañas negó haber estado detrás del deceso de su ex hombre de confianza.
Peritos ausentes
Pero los que tienen un papel fundamental en esta investigación son los peritos forenses que hicieron la necropsia al cadáver de ‘Budian’, apodo que usó Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, para describir al exservidor público en los registros de pagos ilegales que hizo la empresa brasileña.
Como reveló Perú21, Ruth Godoy Marañón y Melissa Guerrero Rubio fueron las especialistas que suscribieron el informe forense tras analizar el cuerpo de José Miguel Castro.
El documento detalla que la herida principal en el cuello medía 27 centímetros de largo, 13 centímetros más de lo que se declaró en el acta policial de levantamiento del cadáver, con un ancho de 5 centímetros y una profundidad de 4.5 centímetros.
“Herida punzocortante lineal, de bordes lisos y hemorrágicos, con retracción cutánea (…) que se extiende desde la cara lateral izquierda hasta la cara lateral derecha atravesando la región anterior cervical”, se lee.
La declaración de Godoy y Guerrero es relevante porque deberán indicar al fiscal si, con base en su experiencia, la magnitud del tajo en el cuello del economista es producto de un corte hecho por mano propia o por una tercera persona.
Ambas especialistas, que trabajan en el Instituto de Medicina Legal, fueron citadas para el pasado miércoles con mucha anticipación y no acudieron. Las diligencias serán reprogramadas.
El celular
Otra pesquisa pendiente es la intervención del celular de Castro Gutiérrez, un equipo móvil marca Iphone.
En todo este tiempo, el fiscal Richard Rojas no ha conseguido extraer la información del dispositivo debido a que no cuenta con peritos informáticos.
Del celular se podrá conseguir chats, llamadas, fotos y videos que servirán para conocer si el acusado recibía amenazas.
En este contexto, el coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, dijo a Perú21 que el Ministerio Público no tiene la tecnología ni los recursos para realizar este tipo de operación que es determinante para las indagaciones penales.
Castro, como se sabe, confesó que sabía del millonario dinero que aportaron las empresas brasileñas para las campañas del No a la Revocatoria (2013) y el intento de reelección de Villarán (2014).
Aun con las limitaciones para la Fiscalía, el país necesita conocer la verdad, aunque las evidencias apunten a que el economista de 51 años no se suicidó.