Panamericana Sur en el limbo: ¿qué pasará con – El reportero andino

El alcalde distrital Hugo Monteverde Cerutti adelantó que apelarán el fallo ante la Corte Superior de Lima Sur para que la suspensión se extienda a otros tramos de la concesión, como Puente de Villa y Conchán. “No podemos permitir que la población del sur chico, desde Punta Hermosa a Pucusana, deba pagar 2 , 3 o 4 peajes para ir a un supermercado, un cementerio o hacer una gestión”, dijo a Canal N.

En respuesta, Rutas de Lima calificó de la medida judicial como “ilegal, arbitraria, abusiva y en violación de las obligaciones internacionales del Estado peruano”. “Esta nueva decisión judicial priva a RDL [Rutas de Lima] del 100% de los ingresos que le restaban después de sucesivas medidas del Estado peruano, y se enmarca dentro de la campaña de hostilidad sin precedentes que sufre la empresa, liderada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la que han participado diversas entidades del Estado contra RDL y sus inversionistas”, indicaron en un comunicado. Adelantaron que se reservan sus derechos “frente a los actos del Estado peruano que han desencadenado la destrucción de su inversión”.

En setiembre pasado, la empresa, cuyo accionista mayoritario es Brookfield, informó el inicio de su proceso de disolución y liquidación ante el deterioro financiero de la compañía que atribuyen a los “actos de hostigamiento” por parte de la gestión de Rafael López Aliaga y el Estado peruano. Para ese momento, la suspensión de los peajes de Chillón y Conchán representaban la pérdida de más del 60% de sus ingresos. Además, Brookfield ha iniciado un arbitraje internacional en contra del Estado peruano al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.

Mantenimiento de vías

La concesión con Rutas de Lima S.A.C proviene de un contrato suscrito el 9 de enero de 2013 por la gestión de la entonces alcaldesa Susana Villarán. En ese momento se entregó por 30 años la administración de los tramos de la Panamericana Norte y Sur, y de Ramiro Prialé. Además de intervenciones estructurales en dichas vías, la concesionaria tiene a cargo los trabajos de mantenimiento y la atención de emergencias de los usuarios, que incluye auxilio mecánico, grúas, ambulancias, así como el monitoreo constante del tránsito mediante cámaras y patrullas.

Ante la cercanía de la temporada de fin de año y el verano, en la que la circulación por la Panamericana Sur alcanza picos de 4.705 vehículos por hora, ¿quién se queda a cargo del mantenimiento?

Ayer, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la Municipalidad Metropolitana, a través de Emape, podría asumir los trabajos. Según la autoridad edil, existen recursos presupuestales y voluntad institucional para mantener la infraestructura, sin perjudicar a los usuarios.

“A nivel judicial estamos evaluando la posibilidad de solicitar una administración temporal para nosotros encargarnos de ese mantenimiento, en la medida que la empresa no lo haga. Pero, la empresa está obligada a hacerlo porque así lo dice el contrato”, dijo a la prensa desde el peaje de Villa.

Fuentes de la empresa indicaron que en este momento se encuentran evaluando la situación financiera tras la última resolución judicial.

Aunque la decisión de la jueza no supone la anulación del contrato, el abogado civil Alexander Montenegro, asociado de Monroy & Shima Abogados, señala que el impacto económico y financiero sobre la empresa haría que esta no cuente con los recursos para sostener el mantenimiento de las vías ni su operatividad habitual.

“La orden judicial, al eliminar la principal fuente de ingresos sin establecer ningún tipo de compensación, ha afectado el equilibrio contractual de manera unilateral. Aunque ordena a Rutas de Lima continuar con el mantenimiento de vías, es evidente que es una obligación económicamente inviable porque ya no existe un retorno flujo de retorno de caja que permita compensar dicho costo”, dijo el especialista e este Diario.

Tabata Arteta, socia en Rebaza, Alcázar & De Las Casas, añadió que por ser una vía de categoría nacional la responsabilidad de garantizar su gestión es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Al tratarse de peajes situados en la Panamericana, el MTC en su calidad de órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, es la autoridad competente para dictar las normas correspondientes a la gestión de la infraestructura vial”, precisó.

La abogada recordó que Rutas de Lima demandó, en marzo pasado, al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y solicita una restitución de más de US$2.700 millones por el valor de Rutas de Lima. Si bien el proceso se originó por la controversia de la compañía con la MML, al ser un arbitraje de inversiones, el demandado es el Estado Peruano. El proceso lo gestiona en Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Probablemente, los daños que se deriven de esta decisión judicial por la suspensión de cobro sean incluidos en el proceso arbitral. Con la decisión judicial del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, este monto podría aumentar considerablemente”, explicó.

Arteta indicó que el Perú está involucrado en más de 22 controversias internacionales de inversión, en trámite, administradas por el CIADI.

Solo en el caso de la concesión de Rutas de Lima, existe un caso arbitral previo bajo reglas de la la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) donde la empresa obtuvo dos laudos a su favor. “Incluso, en el segundo laudo arbitral emitido en el caso RDL se rechazaron las pretensiones formuladas por la MML ligadas a la existencia de supuestos actos de corrupción, incumplimiento de normas de orden público, supuesto fin ilícito del Contrato, entre otras. Actualmente, existe una condena a favor de RDL por US$ 200 Millones”, añadió la letrada.

Por su parte, Montenegro recordó que este fallo se desprende de la decisión del Tribunal Constitucional, sobre el peaje ubicado en Puente Piedra, que determinó que se vulneraron derechos fundamentales, como la libertad de tránsito. “En el peaje de Chillón, la suspensión de cobro se hizo alegando la inexistencia de rutas alternas. En ese caso, existían obligaciones del Estado para hacer las vías alternas que no se realizaron”, dijo.

Para ambos especialistas, la decisión judicial impacta en la seguridad jurídica de las inversiones del Perú. “Esto genera desconfianza y el aumento de la percepción de riesgo país. Eso genera mayores costos de financiamiento para nuevos proyectos. O, en el peor de los casos, la decisión de los inversionistas de no participar en el mercado peruano”, puntualizó Montenegro.