Los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anuncian un nuevo plantón a nivel nacional, exigiendo mejoras salariales y laborales que, según señalan, llevan más de 13 años sin ser atendidas. En Tacna, alrededor de 280 servidores del penal de Pocollay participarán en esta medida, programada para este jueves 30 de octubre, mientras que a nivel nacional se prevé una huelga indefinida a partir del 12 de noviembre si no se atienden sus reclamos.
El subsecretario de defensa del sindicato del INPE, Juan José Samán Delgado, precisó que los trabajadores demandan el incremento de la remuneración integral mensual (RIM) en 1,150 soles, la bonificación por riesgo de seguridad de 1,100 soles, así como la nivelación del plus por incremento de internos en los establecimientos penitenciarios. A ello se suma el pedido de pago de beneficios sociales adeudados a trabajadores con más de 25 años de servicio y a familiares de servidores fallecidos.
Samán también advirtió sobre las precarias condiciones de infraestructura del penal de Pocollay, que actualmente alberga más de 1,100 internos pese a haber sido diseñado para menos de la mitad. “El penal está hacinado y trabajar en esas condiciones es riesgoso. Necesitamos más personal, materiales logísticos, cámaras y escáneres para evitar el ingreso de objetos prohibidos”, señaló el dirigente.
Asimismo, cuestionó la falta de coordinación con las municipalidades, indicando que en varias ocasiones no se les otorgan permisos para ampliar pabellones o realizar mejoras. “La seguridad somos todos. Necesitamos apoyo, no trabas”, expresó, subrayando que los trabajadores penitenciarios cumplen una labor de alto riesgo que muchas veces no es reconocida ni valorada.
Finalmente, el dirigente exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Justicia a cumplir con los compromisos asumidos en la última mesa de diálogo. “No pedimos nada extraordinario, solo lo justo. Son 13 años de olvido”, concluyó. El plantón será preventivo y no interrumpirá las labores en el penal, pero los trabajadores no descartan radicalizar sus medidas si no obtienen una respuesta favorable.