Tomás Gálvez ordenó retirar los vehículos oficiales asignados a Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación. La decisión contradice el informe favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, que recomendó mantener el uso de las unidades por motivos de resguardo y seguridad personal ante el nivel de riesgo que la Policía Nacional había determinado para la magistrada.
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El documento jurídico establecía que la solicitud de Espinoza debía ser aceptada porque su situación constituía una “circunstancia excepcional”. Además, recordaba que la Fiscalía de la Nación está obligada por norma a brindar el apoyo logístico y vehicular a las autoridades que cuentan con protección policial. Pese a ello, Gálvez desconoció la recomendación técnica y dispuso el retiro de los bienes institucionales.
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Gálvez decidió retirar vehículos y choferes asignados a Delia Espinoza. Foto: La República
El informe también hacía referencia a una resolución de la PNP, que dispuso la restitución del servicio de seguridad a Espinoza en el nivel III-D, al considerar que su vida e integridad se encontraban en riesgo alto por decisiones adoptadas cuando ejerció el mayor cargo de la entidad. Incluso, el análisis jurídico advertía que el Ministerio Público debía garantizar su desplazamiento mientras se ejecuta la medida cautelar que ordena su reposición en funciones.
Pese a conocer estos antecedentes, el fiscal Tomás Gálvez resolvió retirar los vehículos oficiales y los conductores asignados, contrariando el propio marco legal interno del Ministerio Público. La medida ha sido interpretada como un acto de hostilidad hacia Delia Espinoza, quien mantiene un proceso judicial para recuperar su cargo.
Delia Espinoza: reposición judicial y conflicto con la JNJ agravan la crisis en la Fiscalía
El pasado 13 de octubre el Poder Judicial ordenó la reposición inmediata de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, tras admitir su medida cautelar contra la suspensión impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El fallo del Noveno Juzgado Constitucional de Lima dispuso dejar sin efecto la sanción y restituirla en el cargo, al considerar que la decisión de la JNJ vulneró su derecho al debido proceso y fue adoptada sin fundamentos suficientes. Sin embargo, el cumplimiento de la resolución generó resistencia dentro de la institución.
El 22 de octubre, la JNJ decidió no acatar la medida judicial y ratificó la suspensión preventiva de Espinoza, argumentando que la sentencia no estaba consentida y que su ejecución afectaría la autonomía constitucional del organismo. Este desacato, que contravino una orden judicial firme, fue interpretado por diversos sectores como una muestra del enfrentamiento abierto entre el Poder Judicial y la JNJ, ambos en pugna por el control institucional del Ministerio Público.
Tras la negativa, la suspendida fiscal de la Nación denunció públicamente que el Gobierno y la JNJ actuaban de forma coordinada para impedir su regreso al cargo. Delia Espinoza calificó la actitud del Ejecutivo y del sistema de justicia como un intento por “limpiar su terreno antes de las elecciones”, y anunció que interpondrá acciones legales adicionales. Para Espinoza, lo ocurrido no solo constituye una desobediencia judicial, sino también un grave retroceso democrático que pone en riesgo la independencia de la Fiscalía.