Conocer cuánto invierte un gobierno en financiar la represión a los opositores, contribuye a estimar su grado de autoritarismo. Entre 2022 y 2025, el régimen de Dina Boluarte duplicó los fondos públicos dirigidos a subvencionar las operaciones policiales para controlar y acabar con las protestas. Y aunque redujo el monto en el proyecto de presupuesto que presentó para 2026, sigue siendo un récord histórico. El de Boluarte fue un gobierno autoritario a todo trapo.
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Al llegar a Palacio de Gobierno, Boluarte encontró que el presupuesto específico del Ministerio del Interior denominado “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”, estaba cifrado en S/552,114,596. Después de las manifestaciones que se cobraron la vida de 50 ciudadanos, con la aprobación del Congreso que la respaldaba, Boluarte año a año hizo crecer el dinero para acallar a los adversarios de su mandato:
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- S/687,404,130 en 2023.
- S/715,696,634 en 2024.
- S/1,125,084,624 en 2025.
Esto es, entre 2022 y 2025, Boluarte y el Congreso dispararon el dinero para combatir la protesta social en un 115.51%, al mismo tiempo que las encuestas expresaban altísimos niveles de desaprobación (según el último reporte de IEP, Boluarte y el Congreso compartían el 93% del rechazo ciudadano).
En el proyecto de presupuesto 2026, Boluarte fijó en S/756,000,000 los fondos para la represión de las protestas sociales. Lo que implica un 32.84% menos respecto a la cifra de 2025.
Si el Congreso lo aprueba, entonces el crecimiento del presupuesto para la represión a la protesta ciudadana entre 2022 y 2026 experimentaría un crecimiento de 44.80%. A menos que los legisladores incrementen el monto que planteó Boluarte en septiembre de este año, poco antes de su destitución, reforzando así la entraña autoritaria que los caracteriza.
Efectivamente, el Congreso dio luz verde al financiamiento de las operaciones contra las manifestaciones ciudadanas porque, como el régimen de Boluarte, temía un eventual desborde. Bueno, el miedo se mantiene, porque la designación de José Jerí Oré como jefe de Estado no representa ningún cambio. El nuevo mandatario está diseñado únicamente para apaciguar a la población hasta las próximas elecciones. Los autoritarios no se sienten seguros.
Ahora, incrementar año a año el presupuesto del Ministerio del Interior para cubrir los gastos de las acciones represivas de las manifestaciones populares, tiene un costo que estamos pagando hoy día. Mientras que el financiamiento del rubro “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”, subió en 115.51% entre 2022 y 2025, en cambio los fondos para la lucha contra el crimen no tuvo un aumento para nada significativo, pese a que la violencia vinculada a la delincuencia ha experimentado un incremento explosivo.
Crisis. Pese a la expansión de la criminalidad relacionada con la minería ilegal, el presupuesto para combatirlo fue menor. Foto: Difusión
Dime cuánto gastas
Para el régimen autoritario de Boluarte y el Congreso, más importante fue gastar en neutralizar a los opositores en todo el país, que combatir a las organizaciones criminales.
En el presupuesto del Ministerio del Interior, bajo el título de “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, se consigna el gasto directamente relacionado con el enfrentamiento a la criminalidad. Para 2022, el recién estrenado mandato de Boluarte lo halló con una cifra de S/3,643,378,916. Y lo fue subiendo así:
- S/3,888,796,696 en 2023.
- S/3,833,999,842 en 2024.
- S/4,205,449,127 en 2025.
Lo significa que Boluarte, con la aprobación del Congreso, este presupuesto de extrema importancia para la ciudadanía afectada por los extorsionadores, secuestradores y sicarios, solo aumentó un 15.43%, mientras que elevó en 115.51% el financiamiento de las acciones policiales para reprimir las protestas.
Claramente, Boluarte y el Congreso despreciaban la seguridad ciudadana. Preferían su propia seguridad ante las manifestaciones populares.
Pero para el presupuesto de 2026, evidentemente acosada por el considerable aumento de los índices de criminalidad, Boluarte propuso aumentar a S/6,862,000,000 la cifra para 2026. Es decir, un aumento de 163.17%. Si el Congreso da su visto bueno, el rubro “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” experimentaría un incremento de 88.30% entre 2022 y 2026.
Prioridades autoritarias
Otro tipo de conflicto al que los autoritarios del gobierno de Boluarte y del Congreso le dieron poca importancia, no obstante que está vinculado estrechamente con el explosivo aumento de la criminalidad, es la reducción de la minería ilegal.
Entre 2022 y 2025, el financiamiento del rubro subió sistemáticamente, pero no de forma significativa:
- S/52,495,172 en 2022.
- S/62,477,485 en 2023.
- S/79,746,854 en 2024.
- S/91,119,135 en 2025.
El cuatro de mayo de este año, 13 trabajadores de seguridad que resguardaban un socavón en Pataz, La Libertad, fueron ejecutados sin piedad por una organización criminal encabezada por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”. El episodio graficó el grado de violencia que se había instalado en el sector minero relacionado con la explotación del oro.
Sin embargo, la expresidenta Boluarte propuso al Congreso reducir el presupuesto para enfrentar a la minería ilegal en S/83,000,000. Un monto inferior en 8.91% respecto a este año en curso.
Como consecuencia del espantoso homicidio múltiple en Pataz, Boluarte desplegó una serie de acciones contra la minería ilegal. Pero fuentes policiales señalaron que los montos que se les asignaba era muy reducido en comparación con el dinero que manejan las organizaciones criminales.
Lo mismo sucedió con el rubro “Reducción del tráfico ilícito de drogas”. Como es sabido, el Perú es el segundo productor mundial de cocaína, y en la última década se ha registrado una escalada. En consecuencia, los delitos relacionados con el narcotráfico también han ampliado su impacto. Pero, como en los rubros anteriores, el presupuesto del Ministerio del Interior en la administración de Boluarte tampoco fue fortalecido sino más bien debilitado.
- S/273,692,558 en 2022.
- S/312,956,165 en 2023.
- S/273,007,097 en 2024.
- S/267,394,634 en 2025.
Y en el proyecto de presupuesto para el año 2026, Boluarte propuso al Congreso un monto de S/275,000,000. Esto es, un minúsculo incremento de 2.84%.
Da la impresión que los autoritarios en los últimos años han recortado el presupuesto de los diferentes rubros para duplicar los fondos destinados a confrontar las protestas sociales.
Una línea que parece no cambiará en el mandato del presidente José Jerí, si tenemos en cuenta la reciente declaración del ministro del Interior, general PNP (r) Vicente Tiburcio, quien anunció millonarios contratos en su sector. Se trata de equipamiento relacionado con el control de las manifestaciones antigubernamentales (sin incluir la adquisición en curso de un avión por US$65,000,000):
- 56 tanquetas 4×4 blindadas: S/81,417,706.
- 43 vehículos motobomba (rochabuses): S/105,866,541.
- 3,164 chalecos antibalas: S/8,903,496
- 31,045 pistolas: S/79,200,000.
- Total: S/275,387,743.
El abultado gasto expresa el grado de temor ante las protestas en las calles.
Dina Boluarte | José Jerí | Ministerio del Interior
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