Con 14 votos a favor y 8 en contra, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó una cuestión previa de Eduardo Salhuana para que se convoque a una mesa técnica que reoriente el debate del proceso de formalización minera en el país. En dicho espacio participarían el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Colegio de Ingenieros, los propios parlamentarios y representantes de gremios de la pequeña minería.
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Y es que, el predictamen planteado por el congresista Víctor Cutipa para ampliar el Reinfo no encontró el consenso suficiente para su validación y fue dejado de lado. La mayoría de legisladores se opuso a esta disposición, a la suspensión de los procedimientos de exclusión del Reinfo y a la reincorporación de los más de 50.000 operadores que fueron depurados por el Minem.
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No obstante, esta era una de las demandas de los integrantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), quienes se mantuvieron movilizados frente al Palacio Legislativo para ejercer presión sobre los parlamentarios. Al conocer la decisión de la Comisión de Energía y Minas, Máximo Franco Bequer compartió su indignación.
“Podemos comprobar cómo el poder económico ha sometido a la clase política. Estos congresistas, que no tienen agallas para aprobar la ley, se han sometido. Estamos aquí hace cinco días pidiendo que nos amplíen el proceso de formalización y no pueden hacerlo. El 3 de noviembre regresaremos al Perú para hacer valer nuestros derechos”, exclamó el dirigente minero ante sus bases regionales.
Drigente de la Confemin anunció que retomarán protestas en noviembre. Foto: LR
Se frena prórroga del Reinfo hasta 2026
Desde el inicio del debate en la Comisión de Energía y Minas, tanto los congresistas Elizabeth Medina como Guido Bellido insistieron en la necesidad de extender el Reinfo, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de este año. Esta vez, la discusión giró en torno a este tema y ya no a la nueva Ley Mape, puesto que el tiempo de legislatura es corto y los acuerdos no han asomado.
Para la parlamentaria de Somos Perú, el registro debía ampliarse hasta el 2028, mientras que para el legislador de Podemos, la temporalidad debería ser por cuatro años más, tal y como propone la Confemin. Lo cierto, es que el predictamen de Cutipa ofrecía una propuesta más conservadora, cuyo tope era hasta fines del 2026.
Desde la vereda contraria, las parlamentarias Diana Gonzáles y Patricia Juárez junto a sus colegas Jorge Montoya y Eduardo Salhuana subrayaron la necesidad de no modificar la vigencia del Reinfo y centrar todos los esfuerzos en viabilizar la Ley Mape, la cual debería ser elaborada sobre una base técnica, jurídica y ambiental.
Por su parte, la congresista Ruth Luque levantó su voz de protesta por la ausencia de los pueblos indígenas, quienes no han sido considerados en esta discusión y no se diferencia con claridad que, tanto la gran como la pequeña minería son responsables de contaminación. En su opinión, los instrumentos de gestión ambiental deben estar estipulados en el nuevo ordenamiento legal.
Ampliación del Reinfo no es solución de fondo
Para el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, algunos de los integrantes de la Comisión de Energía y Minas buscaban el camino más sencillo que era aprobar una nueva ampliación del Reinfo y postergar la discusión de la Ley Mape para más adelante, pese a que han tenido varios meses para consensuar una fórmula. Su decisión no pierde de vista la búsqueda de votos de cara al proceso electoral venidero.
“Estamos en un contexto donde va a predominar el pragmatismo y el hecho de no buscar abrirse un nuevo frente de conflictividad social. A eso, hay que añadir el tema electoral que comienza a tener un peso. La ampliación del Reinfo no es una solución de fondo y en la medida que pasa el tiempo, el problema se va agravando”, analizó.
Por su parte, el Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad señaló a través de un pronunciamiento que una nueva ampliación del Reinfo “desnaturaliza su finalidad transitoria, fomentando una minería desordenada, que opera sin cumplir normas ambientales y laborales y que contamina ríos, bosques y comunidades”.
En la misma línea, emplazaron al Congreso a legislar en beneficio del país y atender a los pueblos indígenas, quienes han sido los más afectados por las consecuencias ambientales, sociales y económicas de la informalidad minera. En opinión de esta institución, la continuidad de prórrogas del Reinfo perpetúa estos problemas sin ofrecer soluciones de fondo.