El Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses presentado por la Fiscalía contra la expresidenta Dina Boluarte, investigada por el presunto delito de negociación incompatible en el marco del caso ‘Cirugías’. La decisión fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien determinó que no existían fundamentos suficientes para restringir el derecho al libre tránsito de la exjefa de Estado.
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La resolución precisa que el Ministerio Público no acreditó que Boluarte represente un peligro de fuga ni de obstaculización a la justicia. Según el magistrado, los argumentos fiscales sobre supuestos vínculos económicos y familiares en el extranjero fueron insuficientes y carecieron de sustento. Tampoco se logró demostrar que la medida cautelar fuera necesaria o proporcional en esta etapa de la investigación.
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Resolución del Poder Judicial que rechaza pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte. Foto: difusión
El caso forma parte de las pesquisas fiscales que se siguen por presuntas injerencias en EsSalud, luego de que la exmandataria se sometiera a cirugías estéticas realizadas por el médico Mario Cabani. La Fiscalía investiga si Boluarte favoreció a personas allegadas al cirujano con designaciones y pagos irregulares dentro del sistema público de salud a cambio de intervenciones estéticas a su favor.
Con esta decisión, Dina Boluarte podrá salir del país sin restricciones judiciales, aunque la investigación continúa abierta. La exjefa de Estado ya enfrenta otras investigaciones por presunta corrupción, omisión de funciones y abuso de autoridad.
Fiscalía atribuye a Dina Boluarte injerencia en designaciones y pagos a allegados del médico Cabani
El fiscal adjunto supremo, Wilfredo Rivera Baltazar, detalló tres hechos vinculados a supuestos actos de interés indebido. En primer lugar, la designación de María Elena Aguilar del Águila, excolaboradora del cirujano Cabani, como presidenta ejecutiva de EsSalud en octubre de 2023. En segundo lugar, la contratación de Natalie Román Schmitt como subgerente de Promoción Social, días después de un correo electrónico en el que Cabani habría pedido el puesto a través de la secretaría de Palacio.
La tercera imputación apuntaba al pago de más de S/196.000 a favor del médico Javier Sánchez Ingunza, quien también participó en las cirugías estéticas de Boluarte. Según la Fiscalía, la entonces presidenta habría intervenido para agilizar la liquidación de haberes del galeno en la red Rebagliati. Estos hechos, de acuerdo con el Ministerio Público, configuraban un patrón de favorecimiento y posible negociación incompatible.
Rivera Baltazar también argumentó que la exmandataria cuenta con recursos y contactos para abandonar el país. Sin embargo, el juez Checkley concluyó que los indicios presentados eran conjeturales y no acreditaban un peligro procesal concreto.
Defensa de Dina Boluarte calificó el pedido como “apresurado y sin sustento”
El abogado César Castro Grados, defensa de Dina Boluarte, sostuvo que el pedido de impedimento de salida del país carecía de base legal y respondía a una motivación política. Señaló que la Fiscalía no había tomado declaraciones claves ni ofrecido pruebas verificables sobre los supuestos actos de injerencia en EsSalud.
Castro recordó que la expresidenta ha acudido a todas las citaciones del Ministerio Público y que nunca intentó abandonar el país sin autorización. Aseguró que, tras su vacancia, Boluarte mantiene domicilio conocido y disponibilidad para colaborar con las investigaciones. “No existe riesgo de fuga ni obstaculización, solo una intención de generar titulares”, afirmó durante la audiencia.
Dina Boluarte enfrentará 11 carpetas fiscales en su contra tras su vacancia
Tras su vacancia, Dina Boluarte deberá enfrentar once investigaciones fiscales que estaban suspendidas mientras ejercía la Presidencia. La pérdida de inmunidad, permitió que el Ministerio Público reactive todos los casos que permanecían archivados. La exmandataria será investigada por presuntos delitos cometidos antes y durante su gestión, varios de ellos vinculados a hechos de corrupción y abusos de poder.
Ocho de las carpetas corresponden a hechos ocurridos durante su mandato, entre ellos el delito de homicidio calificado por las muertes en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, así como casos por cohecho pasivo impropio, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito, relacionados con la recepción de joyas y relojes de lujo, el denominado caso Rolex. La Fiscalía también la investiga por presunta omisión de funciones y abuso de autoridad en decisiones adoptadas desde Palacio de Gobierno.
Las otras tres carpetas están vinculadas a su etapa previa como funcionaria y candidata, por presunto financiamiento ilícito de campaña, contrataciones irregulares en el Estado y favorecimiento a empresas privadas. Con la pérdida de inmunidad, la exmandataria deberá responder ante la justicia ordinaria por los once casos acumulados.