En una inusual conferencia de prensa, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió sobre el grave deterioro que enfrentan las finanzas públicas del país debido a la proliferación de leyes con iniciativa de gasto aprobadas desde el Congreso sin respaldo presupuestal.
Segura explicó que el Consejo Fiscal decidió convocar a la prensa, —una práctica inusual, porque lo normal es comunicarse mediante comunicados escritos— debido a la urgencia de la situación. “No es usual que estemos tan preocupados por decisiones del Estado que tienen incidencias fiscales negativas”, sostuvo Segura.
Según el informe presentado, en el actual periodo legislativo (2021-2025) se han aprobado 229 leyes con impacto fiscal, cifra que supera el total de los 15 años anteriores. Muchas de estas normas, observó Segura, fueron aprobadas sin considerar las opiniones técnicas del Ejecutivo, e incluso varias prosperaron mediante el mecanismo de insistencia.
El costo fiscal acumulado de estas leyes asciende a casi 36,000 millones de soles, más de 65 veces lo registrado en los tres periodos parlamentarios previos. A ello se suman más de 300 proyectos con dictamen favorable en el Congreso que también implican gasto público adicional, lo que, de aprobarse, podría consumir todo el espacio fiscal del país hasta después de 2029.
Mal futuro
El Consejo Fiscal advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el déficit fiscal podría alcanzar el 6% del PBI y la deuda pública superar el 70% en los próximos diez años, muy por encima del límite legal de 40% que debería alcanzarse en 2034. “Es una trayectoria insostenible. Los agentes económicos reaccionarán antes de que estas cifras se materialicen”, alertó Segura.
El presidente del Consejo también señaló responsabilidades compartidas entre los poderes del Estado. Recordó que el Ejecutivo ha dejado sin observar más de la mitad de las leyes con impacto fiscal y que, además, solo tres de ellas fueron llevadas al Tribunal Constitucional, pese a los elevados costos que implican.
Segura consideró necesario que el Ejecutivo utilice todos los mecanismos legales disponibles para frenar estas medidas, y que el Tribunal Constitucional refuerce los principios de equilibrio presupuestario y sostenibilidad fiscal establecidos en la Constitución.
Asimismo, indicó que el Consejo Fiscal está dispuesto a participar como ‘amicus curiae’ ante el Tribunal, a fin de brindar asesoría técnica sobre las consecuencias de estas normas.
Finalmente, Segura alertó que, si el país no corrige el rumbo, el pago de intereses de la deuda pública podría volver a niveles no vistos en tres décadas, restando recursos a las prioridades sociales y afectando la calificación crediticia del Perú.
“El país podría perder su principal fortaleza: la estabilidad fiscal. Si no se revierten estas decisiones, las finanzas públicas del Perú podrían entrar en una senda de insostenibilidad”, concluyó.
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