Lima Metropolitana volverá a estar en emergencia y sus habitantes otra vez tendrán sus derechos recortados. El anuncio lo realizó ayer el primer ministro Ernesto Álvarez, y ha sido presentado como una solución frente al aumento de la inseguridad ciudadana. Esta noticia se da en medio de las movilizaciones sociales, lo que genera cuestionamientos. ¿Realmente estamos ante una estrategia contra el crimen o frente a un mecanismo para facilitar detenciones arbitrarias?.
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Para los especialistas, el estado de emergencia es una medida repetida y sin resultados efectivos. Y afirman que el gobierno lo utilizará como una herramienta preventiva para limitar las protestas ciudadanas. Y no es la primera vez que se recurre a esta figura.
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Pues bien, no es la primera vez que se recurre a esta figura. En los últimos años, diversos gobiernos, incluido el de Dina Boluarte, han aplicado estados de emergencia en distintas regiones del país sin lograr resultados, por el contrario, las extorsiones y asesinatos aumentaron.
Sobre el tema, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, explicó que el estado de emergencia permite, entre otras cosas, la suspensión de derechos fundamentales como el derecho al libre tránsito y la libertad de reunión.
En ese sentido, sostuvo que esta medida solo tendría sentido para el control del orden público, más no como una herramienta efectiva para combatir la inseguridad ciudadana.
“Los estados de emergencia permiten una serie de actuaciones y un manejo distinto del control del orden público”, precisó.
Valdés señaló que muchas de las problemáticas actuales de seguridad, como la extorsión y el secuestro extorsivo, no requieren de un estado de emergencia para ser enfrentadas, sino de una estrategia basada en inteligencia y trabajo criminal especializado.
“El secuestro extorsivo tampoco se combate con un estado de emergencia. Lo que se necesita es mayor capacidad de investigación criminal y tener muy bien mapeadas a las organizaciones que están incursionando en este tipo de negocio ilícito”.
Asimismo, afirmó que la extorsión mediante el cobro de cupos tampoco se ve afectada por esta medida, ya que las amenazas y cobros se realizan principalmente a través de medios digitales.
“Los cobros por cupos, las amenazas, corren básicamente por redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram. Un estado de emergencia no va a hacer ninguna diferencia frente a eso”.
Al respecto, el exministro del Interior, Rubén Vargas, cuestionó la estrategia del Gobierno contra la criminalidad por recurrir a medidas que, según él, han fracasado en el pasado, como el estado de emergencia. Sostuvo que esta decisión no da los resultados esperados, ya que solo moviliza a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, sin una planificación clara ni objetivos definidos para enfrentar la inseguridad ciudadana.
“El estado de emergencia se aplicó durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Castillo, y fracasó. Ha demostrado ser una medida aislada que no ha tenido éxito”.
Para Miguel Villaverde, especialista en Políticas Públicas, el Gobierno ha anunciado el estado de emergencia como una herramienta contra la movilización ciudadana. Explicó que el estado de emergencia es una medida reactiva y paliativa que ha demostrado su ineficacia durante más de dos décadas.
Asimismo, señaló que ocurre lo mismo con otras acciones del gobierno, como la reciente reunión con alcaldes o la instalación de un supuesto gabinete “de ancha base”, donde lo que realmente se evidencia es la continuidad del mismo régimen, pero con otros actores.
“Se trata de un régimen autoritario, represivo y genocida, que intenta maquillar la crisis existente con medidas superficiales que terminan siendo más de lo mismo”, afirmó.