El gobierno del presidente interino José Jerí anunció que declarará el estado de emergencia en Lima Metropolitana como respuesta al aumento de la violencia y la inseguridad, en medio de un creciente rechazo popular por la represión policial durante las recientes movilizaciones. La medida permitiría restringir derechos constitucionales como la libertad de tránsito, de reunión y la inviolabilidad del domicilio, además de facultar una mayor intervención de las fuerzas de seguridad en las calles
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El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, este jueves adelantó que se hará la declaratoria. “No puede ser una medida simbólica”, sostuvo. “Vamos a declarar el estado de emergencia en por lo menos Lima Metropolitana, pero eso no puede ser una medida etérea. Debe venir acompañada de un paquete de acciones concretas y eficaces”. Álvarez comentó que el gabinete se mantiene en sesión permanente para definir acciones concretas y eficaces, y no descartó imponer un toque de queda , aunque dijo que deberá estar técnicamente justificado.
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La decisión llega tras las protestas del 15 de octubre, jornada en la que fue asesinado el joven Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido como Trvko, alcanzado por un disparo por parte un efectivo policial. La propia Policía Nacional del Perú confirmó que el autor material del disparo fue identificado como un suboficial, quien fue separado del cargo mientras la Fiscalía abrió investigación. La muerte del joven, registrada en video, desató una ola de indignación y vigilias en Plaza Francia, en la que cientos de personas exigieron justicia.
La congresista Susel Paredes, a través de sus redes sociales, expresó su rechazo a la medida y señaló que eso no solucionará nada. “2 transportistas asesinados, y 4 heridos más víctimas de la criminalidad ¿cuántas familias más van a quedar rotas antes de que hagan algo? Y el gobierno, continuidad de Dina, solo anuncia estado de emergencia cuando ya se sabe que no sirve frente a este problema!”, escribió.
Pese a las críticas, el Ejecutivo insiste en que las medidas buscan “recuperar el orden”. Sin embargo, hasta el momento no ha detallado los límites temporales ni las salvaguardas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales y la supervisión civil de las fuerzas de seguridad.