El miércoles de la semana pasada (8.10.2025), un conocido grupo de cumbia fue tiroteado durante un concierto en Lima. Fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta del país, Dina Boluarte, por su incapacidad para abordar la creciente inseguridad ciudadana y hacer frente al crimen organizado.
El hasta entonces presidente del Congreso, José Jerí, asumió el viernes de forma interina la jefatura del Estado, cargo en el que se estrenó al día siguiente con un operativo de requisas en la cárcel. Habló de “declararles la guerra” a las organizaciones criminales y se tomó fotografías que recuerdan a las de las cárceles de Bukele en El Salvador.
Política de ‘mano dura’
Para la criminóloga peruana Erika Solís, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Jerí pretendía lanzar un mensaje muy claro de que va a tener “mano dura”. “El problema es: ¿cuándo la ‘mano dura’ ha ayudado a reducir la criminalidad?”, se pregunta en entrevista con DW. “No ha funcionado casi nunca”, sostiene.
Solís, que integraba también el Equipo Anticorrupción de dicho Instituto, lo interpreta en clave electoral (en abril hay elecciones presidenciales). Porque ni hay sitio en las cárceles peruanas para más reclusos, ni ampliar las penas ayuda a solucionar la violencia a corto plazo, augura. “Vamos a ver lo que en realidad se hace para reducir la criminalidad”, dice, sin mucha confianza en el actual gobierno, “por si nos están diciendo ‘bueno, voy a hacerte sentir cuidado’, pero en realidad, no lo estás”.
Errores del Estado
Ese mismo sábado (11.10.2025) del operativo en las cárceles (que repetiría el lunes), Jerí visitó la zona devastada por un gran incendio en Lima. Allí, megáfono en mano, admitió que el Estado había “cometido errores”, y dijo: “Estamos intentando cambiarlos paso a paso”. “Lo más importante es que sientan que el Estado está con ustedes”, añadió. Se refería a las víctimas de catástrofes, pero ambas cosas, los errores del Estado y su ausencia, las sufren también las víctimas del crimen organizado.
En julio pasado, Human Rights Watch (HRW) presentó un informe demoledor titulado ‘Legislar para la impunidad’ y en el que culpaba al Legislativo peruano de propiciar el repunte delictivo. “Nuestros hallazgos indican que, en lugar de fortalecer las instituciones públicas para combatir el crimen organizado, el Congreso, con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción u otros delitos, ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, facilitando la expansión del crimen organizado”, indica el informe.
El martes de la semana pasada (7.10.2025), otro informe, el de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, llegaba a conclusiones similares sobre la reducción de capacidades del Estado, e insistía en que las políticas de ‘mano dura’ no son la solución. “Estamos haciendo mal las cosas”, resumía a la agencia noticiosa EFE el autor del reporte, Ricardo Soberón. “La única posibilidad es separar la base social de las cúpulas criminales para ofrecerle un pacto social ciudadano a este millón de peruanos, a cambio de servicios básicos del Estado, y atacar con fuerza a las cúpulas criminales”, agregó.
¿Cuántas bandas criminales hay?
En el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se estima que actividades ilegales como la extracción ilegal de oro o la producción de cocaína emplean a alrededor de un millón de peruanos (sobre una población total de 34 millones de habitantes).
Aunque esa cifra parezca excesiva, el crimen organizado está muy extendido en todo el país, y el actual contexto de inseguridad ciudadana lo ha hecho aflorar aún más, explican expertos. En parte, porque la competencia entre tantos grupos ha provocado un estallido de violencia. Como en los sitios donde se realiza la explotación informal del oro, cuyo precio, que no ha parado de batir récords, lo convierte en un negocio cada vez más rentable. Pero también en las ciudades.
En enero pasado, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cifró en más de doscientas las organizaciones criminales que operaban solo en Lima. Se trata de una enorme cantidad de nombres, que en la mayoría de los casos son puestos por la Policía para referirse a las bandas. Por ejemplo, ‘Los terribles del Cono Norte’, cuyo líder, alias ‘el Monstruo’, recientemente detenido, “tenía incluso contactos en la Policía y la Fiscalía peruana, que lo alertaban de cualquier medida que fueran a tomar para encerrarlo”, asegura Erika Solís.
¿A qué se debe la proliferación de bandas criminales?
Solís explica que el acceso más fácil a la compra de armas ha fomentado la proliferación de estas bandas. Y que las organizaciones son tantas “porque la definición legal de banda criminal incluye a grupos de más de tres personas dedicados al delito”. No obstante, además están presentes grupos criminales internacionales, como el Tren de Aragua, y las redes globales del narcotráfico, porque “en la región se produce la materia bruta para ese tipo de mercados ilícitos”, puntualiza. Eso, aparte de la presencia de grandes bandas locales.
Su estructura y distribución territorial no sigue el mismo esquema que en otros países, como en México o Colombia, donde los cárteles se adscriben a ciertos territorios. Sin embargo, ciertas de esas características en cuanto a la territorialidad sí se observan en Trujillo, en el norte de Perú, donde bandas como Los Pulpos o La Jauría marcan con adhesivos los negocios y vehículos que pagan al ser extorsionados. Esos grupos se dedican asimismo al menudeo de droga, al secuestro o a la trata de personas, según informes.
La extorsión es el negocio principal de muchos de estos grupos. Las denuncias por este delito se han multiplicado por cinco, pasando de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024. Y siguen aumentando. Este año, solo entre enero y agosto, la Policía había recibido 18.385 denuncias en todo el país. Y hasta la misma Policía ha sacado también su propio sticker: “Yo denuncio”. Sin embargo, las denuncias, aun siendo indicativas, son apenas la punta del iceberg. “De hecho, hay muchas más cosas de lo que el Estado puede detectar”, lamenta Erika Solís.
(cp)