La presidenta de la República, Dina Boluarte, decidió observar la ley aprobada por el Congreso que establecía una pensión mínima de S/ 3,300 para los docentes cesantes y jubilados del país. La medida, impulsada por diversas bancadas parlamentarias, buscaba equiparar los ingresos de los maestros retirados con los docentes en actividad, pero el Ejecutivo consideró que su aplicación afecta el equilibrio del sistema de pensiones y vulnera principios constitucionales.
La medida podría afectar a miles de maestros jubilados que esperaban este aumento económico, por lo que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) ha manifestado su rechazo. Al haber optado por la observación, la iniciativa será devuelta al Pleno del Congreso, que deberá decidir si modifica el texto o la aprueba por insistencia, lo que requeriría mayoría calificada.
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Sutep rechaza medidas tomadas por el Gobierno
El SUTEP podría anunciar en los próximos días un paro nacional, luego de que la presidenta Dina Boluarte observara la ley que buscaba establecer una pensión mínima de S/ 3,000 para los maestros jubilados. Así lo adelantó Gilmer Meza, secretario de Lima Metropolitana del gremio, quien precisó que la decisión será tomada durante la asamblea nacional de delegados que se desarrollará entre el viernes 10 y sábado 11 de octubre.
“El viernes vamos a acordar y tomar la decisión. No te podría decir aún porque eso sería una postura de parte, pero sí, está en consulta un paro nacional”, indicó Meza.
El dirigente explicó que la medida se discutiría tras el malestar generalizado en el magisterio por la decisión del Ejecutivo de no promulgar la norma aprobada por el Congreso. Según dijo, la observación del Gobierno se basaría en “cuestiones económicas”, pese a que los maestros consideran que “dinero hay, pero no capacidad para invertir”.
Poca inversión en educación
Además, remarcó que el sindicato mantiene un pliego de reclamos que incluye, además del incremento de pensiones, el aumento de remuneraciones para los docentes en actividad y el nombramiento de maestros y auxiliares de educación.
Uno de los puntos centrales, subrayó, es el pedido de elevar el presupuesto destinado al sector Educación, que este año alcanzó el 5.1 % del PBI, aunque solo se habría ejecutado el 60 % a la fecha.
“Hay dinero, el Estado no sabe gastar. Tenemos múltiples necesidades: infraestructura, material didáctico, mobiliario… Lo que no hay es capacidad para invertir en educación”, expresó.
Más de 300.000 maestros jubilados se verían afectados
Según cifras del sindicato, más de 300.000 maestros jubilados se verían directamente afectados, además de un número similar de docentes en actividad que respaldaban la medida. Puesto que, el monto actual que reciben no alcanza las necesidades básicas.
“Esto genera frustración para los maestros cesantes, que viven con pensiones irrisorias, y una indignación para los maestros activos. Muchos jubilados no pueden cubrir sus medicinas ni su alimentación”, lamentó.
“La presidenta debería actuar en favor de los maestros. Ella también tuvo un maestro que formó su vida y su profesión. Debería tener esa conciencia de dignificar a quienes hoy se sienten frustrados”, agregó el dirigente.
Congreso deberá continuar con el proceso para maestros jubilados
Tras la observación, el Congreso de la República deberá incluir nuevamente el proyecto en agenda para su debate. Si los parlamentarios aprueban la norma por insistencia, el Ejecutivo estará obligado a promulgarla, incluso si mantiene su disconformidad.
Mientras tanto, los docentes jubilados y organizaciones sindicales han anunciado que mantendrán la presión social hasta que se garantice una pensión digna. La posibilidad de nuevas movilizaciones en las próximas semanas mantiene la tensión entre el magisterio y el Gobierno.
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