El Ejecutivo intentó restar legitimidad al paro de transportistas realizado el lunes 6 de octubre en Lima y Callao, presentándolo como una medida ineficaz frente a la ola de criminalidad que afecta al sector. Esto mientras se registraron bloqueos de vías y enfrentamientos con la Policía Nacional.
Además, el gobierno buscó transmitir la imagen de una protesta “parcial” y de alcance limitado, cuando los reportes evidenciaron una jornada tensa, con unidades paralizadas y rutas interrumpidas.
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La presidenta Dina Boluarte señaló que “un paro de 24 horas o 48 horas no resuelve y no va a resolver el problema”.
Como medida de solución, pidió a la población no contestar llamadas de números desconocidos. “Las denuncias que lleguen a los celulares, a la ciudadanía general, no abran los mensajes, no contesten”, dijo desde Chorrillos, durante una actividad en la que informó sobre el bloqueo de un millón y medio de celulares utilizados para la extorsión y otros delitos.
Con ello, la mandataria pareció desconocer los atentados que sufren transportistas, restaurantes, peluquerías, bodegas y otros negocios cuando se niegan a pagar cupos a bandas criminales.
En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, añadió que el paro de transportistas fue, en parte, políticamente motivado.
“He conversado con varios de los directivos y me dicen que son medidas más de carácter político en algunos casos, y en otros tienen como propósito hacer llegar el mensaje al Ejecutivo de su gran preocupación, obviamente, porque se les brinde seguridad. Les puedo decir que tenemos un plan de trabajo que permitirá asegurarles la seguridad”, dijo durante la presentación de un proyecto vial.
Arana no precisó cuál es ese “plan de trabajo” que el Ejecutivo habría diseñado para garantizar la seguridad de los transportistas.
Poco después, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, realizó un comentario ajeno a la gravedad del momento: “Hay mucha división, mucho encuentro, mucho encono. Todos somos seres humanos. Todos vamos a morirnos en algún momento”, dijo durante la presentación de un balance sobre la medida.
Distancia
El ministro de la Producción, Sergio González, insistió en la idea de que los paros son herramientas improductivas. “La posición es clara desde el Ejecutivo: un paro no soluciona la problemática. Lo que la soluciona es el diálogo que estamos impulsando con los sectores”, señaló.
No obstante, los gremios de transportistas exigen resultados concretos. El lunes se conoció que un bus de la empresa “La Esperanza Express” fue atacado con disparos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, mientras realizaba su recorrido habitual por el centro poblado El Milagro, en Huanchaco, La Libertad. En tanto, un chofer de la empresa de transporte Santa Catalina fue asesinado por sicarios en San Juan de Lurigancho, mientras cumplía su jornada laboral.
Sandoval: “Hay que conversar”
El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, señaló que el paro fue acatado solo de manera parcial, y llamó al diálogo. “Cuando digo parcial, es porque también hay otro sector que sí se está movilizando. […] El mensaje es que hay que conversar”, señaló desde el Congreso.
Horas después, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, aseguró que el paro continuará. Su gremio solicita una reunión urgente con Boluarte para buscar soluciones a la crisis por la inseguridad.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, cuestionó las acciones de los transportistas, que bloquearon el acceso a la Panamericana Norte y otras vías con sus buses.
“Se indicó que el apagón de motores era no salir a realizar desplazamientos, pero lo que hemos visto en algunos momentos [fue una] intentona o querer bloquear con los buses diversas arterias de nuestra ciudad capital. Hubo intentonas y nuestra Policía Nacional respondió con las herramientas legales y los medios que les asiste”, señaló.
El ministro del Interior también se sumó a la propuesta simplista de la presidenta en la lucha contra la criminalidad. “La recomendación la reafirmo: teléfono desconocido no contesten, no solo porque pueden recibir algún tipo de amenaza, sino porque pueden ser llevados a un aplicativo y les vacíen las cuentas”, añadió.
Lectura crítica
El analista político Enrique Castillo consideró que las declaraciones Boluarte, Malaver y Arriola “son absolutamente desafortunadas y no tienen ninguna relación con los problemas que enfrentan los transportistas”.
“Responden más a una idea de desacreditar la medida, sin tener en cuenta cuál es el sustento de esta”, dijo en diálogo con El Comercio.
Para Castillo, los mensajes de la presidenta y del ministro del Interior son “irresponsables” y revelan una falta total de comprensión sobre la magnitud del fenómeno delictivo.
“Es absolutamente irresponsable. Es obvio que quienes piden dinero a una empresa de transportes, a un negocio, no se van a quedar tranquilos con el hecho de que no les contesten la llamada. Los delincuentes van y balean o ponen explosivos en la puerta de los negocios o de los domicilios”.
En esa línea, advirtió que la narrativa del gobierno puede avivar el malestar social:
“Si los argumentos del Ejecutivo son como las declaraciones de la presidenta o del ministro del Interior, lo único que van a lograr es encender más la ira de las víctimas. Lo único que hacen es echarle más pólvora al fuego. Esto demuestra que el Ejecutivo no tiene ningún rumbo”.
Castillo añadió que la falta de un plan integral no solo prolonga la crisis, sino que la agrava. “Lo que van a lograr es enardecer más a la gente, hacer más grande la protesta y, obviamente, hacerla permanente. Cuando ellos dejan de protestar o dejan de salir a la calle, igual matan a la gente. Ha pasado en San Juan de Lurigancho y seguirá pasando mientras no se tenga un plan, que es obvio que no se tiene”.
El también analista político Jeffrey Radzinsky, director de GFP, señaló que las respuestas del Ejecutivo reflejan su desconexión con el país.
”Creo que las declaraciones son sintomáticas de lo que representa este Ejecutivo. Hay una distancia enorme con la ciudadanía, una impericia muy grande para la comunicación política y una indolencia frente a un problema de fondo, que tiene que ver con la inseguridad ciudadana y con la extorsión que ha crecido en los años recientes, durante el gobierno de Castillo y de Boluarte”, sostuvo.
Radzinsky advirtió, además, que el gobierno intenta desviar la atención del problema estructural: “Procuran evadir el tema de fondo. En una protesta social siempre hay componentes políticos y, cuando se está en una coyuntura preelectoral, aumentan los componentes políticos. Pero lo que evaden es la responsabilidad de mostrar soluciones o acciones concretas, porque si bien es un gobierno de salida, todavía tiene nueve meses por delante”.
Respecto al pedido de la presidenta de no responder llamadas de números desconocidos, Radzinsky consideró que esa afirmación “es torpe e indolente”. Y añadió que los mensajes oficiales del Ejecutivo se han vuelto vacíos y fugaces.
“Recuerda con qué ímpetu hablaron de la prisión en la isla San Lorenzo, y rápidamente se apagó. En otro momento hablaron de los toques de queda, del estado de emergencia, o de la captura de prófugos como Vladimir Cerrón, y nunca pasó nada. En seguridad, lo que muestran es una volatilidad histórica en el Ministerio del Interior”, destacó en diálogo con El Comercio.
Desde el ámbito de la comunicación política, el especialista Rober Villalva advirtió que la actitud del Ejecutivo puede profundizar la frustración colectiva.
“Es un gobierno que no escucha a la población. Sin darse cuenta, la presidenta Boluarte puede dar un paso adelante para generar una crisis política que profundice aún más el descontento social”, señaló.
Villalva sostuvo que el malestar ciudadano se traducirá en las urnas: “La insatisfacción se reflejará en las próximas elecciones, donde se expresará un voto de protesta”, señaló.
Pronunciamientos políticos
El partido Fuerza Popular y la Bancada Socialista respaldaron el paro de transportistas y cuestionaron la falta de respuesta del Ejecutivo frente a la ola de extorsiones y asesinatos.
El fujimorismo señaló que la protesta “refleja la desesperación de miles de peruanos que día a día arriesgan su vida frente al crecimiento descontrolado de la delincuencia” y exigió al gobierno “orden, justicia y seguridad ya”.
La Bancada Socialista responsabilizó directamente a la presidenta por “mantener al frente del Ministerio del Interior a personas ajenas a la realidad del país”, y advirtió que la falta de liderazgo del Ejecutivo ha permitido que “la violencia crezca y la extorsión se normalice”.