En la reunión, desarrollada el último jueves, participaron el presidente del Congreso, José Jerí; el presidente de la comisión de Transportes, Juan Carlos Mori; y el titular de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, Alfredo Azurín. Por el lado de los transportistas estuvieron presentes el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, así como Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU).
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No es la primera vez que se plantea la creación de un grupo especial para enfrentar los casos de extorsión en el sector transporte. En septiembre del año pasado, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció la implementación deuna unidad “altamente especializada”, como era el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía, para atender las denuncias de las víctimas. La División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la PNP estaría a cargo de dicho grupo.
¿De qué se trata el acuerdo para crear un grupo de élite para combatir las extorsiones?
Hector Vargas, dirigente de la CTU, explicó a El Comercio que el grupo de élite para combatir la extorsión estaría conformado por los mejores elementos de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Remarcó que, de acuerdo con su propuesta, los integrantes de dicha unidad de élite tendrían sueldos bien remunerados para que no se vean expuestos a posibles actos de corrupción, pero estarían bajo la supervisión de la Sunat, Contraloría, Inspectoría de la Policía y que, incluso, los agentes serán sometidos de manera permanente a pruebas del polígrafo. Explicó que la iniciativa sería aplicada en una primera etapa en las ciudades de Lima, Callao y Trujillo.
“Buscamos que trabajen de manera articulada, no estamos planteando que cada uno trabaje por su cuenta. Ellos debieran trabajar de manera conjunta para que les den plazos bien puntuales y no quede a criterio de la Policía o de la Fiscalía”, indicó Héctor Vargas.
Precisó que el grupo de élite se abocaría a investigar los casos de extorsión que afectan a distintos sectores de la sociedad y no solo a los transportistas. Remarcó que dichas autoridades trabajarían en base a plazos establecidos y al cumplimiento de metas.
¿Cuáles son los plazos para presentar y debatir el proyecto promovido por los transportistas?
En el acuerdo firmado por representantes de los transportistas y los legisladores se indica que en un plazo de 10 días hábiles se presentará un proyecto de ley para crear el grupo élite especializado para combatir las extorsiones y que será tramitado con prioridad en las comisiones parlamentarias.
Luego, habrá un periodo de cinco días para que el proyecto sea sociabilizado entre las partes involucradas y, tras ello, en un plazo máximo de 30 días, la iniciativa será presentada al Pleno del Legislativo para ser debatida.
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Los transportistas esperan que el proyecto sea aprobado a fines de octubre. Se instalará una mesa de trabajo con participación de los dirigentes para evaluar los avances de la iniciativa. Héctor Vargas dijo que confía en que los parlamentarios le den luz verde al tema, pero no quiso adelantar qué medidas se adoptaría si no se concreta esa posibilidad.
La respuesta del Gobierno ante la propuesta de crear un grupo élite para combatir las extorsiones
El ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que ya existen grupos especiales que se abocan al trabajo de investigar las extorsiones y que sí hay una coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para ejecutar operativos contra la delincuencia.
Carlos Malaver, ministro del Interior. (Foto: PCM)
Malaver indicó que le explicó a Héctor Vargas que los grupos de detectives de investigación criminal han estado dando resultados en la lucha contra las bandas de extorsionadores y que sí ha recibido apoyo del Poder Judicial para efectuar los allanamientos y detenciones.
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“Estos grupos son los que están dando los últimos resultados, que deberían ser mayores y que sí deberíamos tener más rápidamente las disposiciones de carácter judicial para los allanamientos, para las detenciones preliminares y otros, pero tampoco puedo negar el apoyo que está dando la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para que esto se desarrolle”, expresó el titular del Mininter el pasado miércoles en conferencia de prensa.
¿Es viable la propuesta de los transportistas?
Cluber Aliaga, exministro del Interior y general (r) PNP, consideró “conveniente y adecuada” la propuesta de que la Policía, Ministerio Público y el Poder Judicial organicen equipos especializados para enfrentar delitos como extorsión, cobro de cupos y sicariato contra transportistas.
“Se puede organizar grupos operativos de la PNP en función de la investigación y prevención orientados principalmente para combatir la delincuencia organizada dedicada al cobro de cupos, extorsiones y sicariatos a transportistas, así como fiscalías especializadas y juzgados ad hoc para accionar contra estás modalidades delictivas en Lima y demás provincias dónde se presenten”, afirmó Aliaga a El Comercio.
Cluber Fernando Aliaga Lodtmann, flamante ministro del Interior. (Foto: Mininter)
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Enfatizó que el objetivo es “elevar la efectividad de la respuesta estatal” frente a este fenómeno delictivo. No obstante, indicó que dicha iniciativa debe ser temporal y durar hasta que se logre erradicar estas modalidades delictivas.
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Por su parte, el general (r) José Baella, exjefe de la Dirincri y de la Dircote, se mostró en contra de la propuesta, pues recordó que ya existen en la Policía unidades especializadas para combatir las extorsiones y la criminalidad organizada, como la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc), las Depincris, la División de Investigación de Secuestros (Divise), el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex) y la División de Investigación Contra Crimen Organizado, por lo que consideró que el problema está en la falta de tecnología y de herramientas legales.
Eduardo Pérez Rocha consideró inviable la propuesta de los transportistas, ya que existen pocos agentes disponibles para que controlen los buses de transporte público o se ubiquen en los paraderos para brindar seguridad.
“Tenemos, de acuerdo con la ATU, 24 mil vehículos de transporte público que están legalmente inscritos, pero tenemos un promedio de 12 mil que son ilegales. Es inconcebible que se piense que se va a creer un grupo élite”, aseveró.