El gremio de transporte formal de Lima y Callao anunció que este lunes 6 de octubre realizará un “apagado de motores” de 24 horas, en respuesta al asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, ocurrido la noche del sábado en San Juan de Miraflores.
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La medida fue confirmada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), quien explicó que el paro es una acción simbólica y pacífica ante la ola de violencia que afecta al sector.
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“No habrá marchas ni bloqueos. Simplemente no saldremos a trabajar. Este apagado de motores es un grito de desesperación frente al terror que vivimos los transportistas”, declaró Ojeda.
Empresas formales de transporte urbano detendrán operaciones este lunes 6 de octubre en señal de protesta contra la inseguridad. (Foto: Andina)
El dirigente precisó que la decisión responde a un compromiso asumido con las autoridades: si un transportista era asesinado nuevamente, se detendrían las unidades. “Lamentablemente, cumplimos nuestra palabra. Todos somos responsables de haber llegado a este punto”, añadió.
Ojeda subrayó que la paralización se realizará sin actos de violencia ni confrontación. “Invocamos a la población a comprender nuestra posición. No queremos enfrentamientos, queremos soluciones”, afirmó.
El “apagado de motores” incluirá a las principales empresas formales de transporte urbano que operan en los conos norte, sur y este, así como en el Callao. Se trata del mismo gremio que en abril protagonizó el único paro en el que no circuló ningún bus formal en la capital.
Transportistas formales paralizarán Lima y Callao este lunes 6 de octubre en protesta por ola de asesinatos y extorsiones. (Foto: Andina)
El asesinato del chofer Cedeño Alfonso, de la empresa Lipetsa, acribillado por desconocidos mientras cumplía su jornada, desató la indignación del gremio. Según la CIT, el crimen se suma a una lista de ataques y amenazas de extorsión que ponen en riesgo la vida de conductores y empresarios.
“Si mañana vuelve a ocurrir un asesinato, también volveremos a parar. Si el martes matan a otro compañero, el miércoles habrá otro apagado. Y así sucesivamente. Es una medida de resistencia ante la indiferencia del Estado”, advirtió Ojeda.
El dirigente convocó además a los ciudadanos a realizar cacerolazos simbólicos desde las 7 de la mañana, como muestra de apoyo a los transportistas.
Ojeda también reconoció que la crisis de inseguridad ha provocado una división interna entre los gremios del transporte. “Algunos quieren parar, otros no. Pero nosotros cumplimos nuestra palabra. No buscamos protagonismo ni política, solo justicia y seguridad”, afirmó.
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Asimismo, explicó que el gremio que lidera no se sumó al paro del jueves pasado, convocado por la Coordinadora de Transporte Urbano (CTU), por falta de coordinación y diferencias sobre los métodos de protesta.
“Esto no es una competencia de quién convoca más. Lo que pedimos es que el Estado deje de mirar a otro lado. No podemos seguir trabajando con miedo”, concluyó.
Paro del jueves 2
Las principales vías de la ciudad lucieron con una marcada reducción de vehículos de transporte público el jueves 2 de octubre. Debido a la escases de unidades, los usuarios tuvieron que esperar por varios minutos, optar por otras líneas o elegir viajar en autos colectivos. Ese fue el escenario que dejó el paro parcial de transportistas en contra de la extorsión y el sicariato que enfrentan a diario. De acuerdo a algunos representantes gremiales, el 70% de las empresas de transporte acataron la medida, deteniendo sus operaciones. El Comercio cubrió en primera línea los principales puntos de concentración y conversó con los afectados.
Asimismo, uno de los hechos que dejó la jornada fue la reunión que sostuvieron miembros del Congreso con representantes del sector transporte. Tras varias horas, al promediar las 6 y 30 de la tarde, se acordó finalmente la creación de un grupo de élite que contrarreste la extorsión en el transporte público.
Según explicó Martín Valeriano, uno de los dirigentes que promovió el paro, a El Comercio, se trata de un proyecto de ley que los parlamentarios presentarán ante el Pleno en 30 días aproximadamente. Para ello, deberán elaborarlo en los siguientes 10 a 15 días. La iniciativa contemplará agilizar el proceso existente entre la detención del delincuente y su juzgamiento.
Valeriano dijo que, si bien no están satisfechos del todo con lo acordado, sí considera que es un primer paso positivo. Agregó que ahora lo que sigue es buscar que se respete el acta de compromiso del 11 de abril del 2024, firmada por los tres poderes del Estado y otras instituciones. Esta contempla un trabajo articulado del gobierno, que se indemnice a deudos, entre otros acuerdos.